Semana clave para una nueva propuesta tributaria, el país en la lupa de calificadoras

Ante la presión de la protesta social por más de cuatro días y la crítica de partidos y de gremios, el presidente Iván Duque solicitó retirar del Congreso el proyecto de ley de solidaridad sostenible, radicado por el Ministerio de Hacienda. Además, se comprometió a no tocar el IVA en bienes y servicios y tampoco ampliar la base de renta; dos puntos que sumarían cerca de $13 billones.

El problema para los técnicos es que, sin estos dos impuestos, la tributaria se quedaría sin soporte financiero y la propuesta sumaría menos de $10 billones (o 1% del PIB), cifra que, según el economista jefe de Corficolombiana, José Ignacio López, es justo el umbral a recaudar, y sería lo exacto que no podría en juego la sostenibilidad de la deuda. Anif ha sido más estricto al explicar que si no se logra un 1,5% del PIB en recaudo, no se podría hacer un saneamiento adecuado de las finanzas públicas.

El miedo de los expertos se debe a la pérdida del grado de inversión del país, que de hecho ya estaban descontando algunos inversionistas extranjeros. Según el Citi, la semana pasada los inversores ya contemplaban la posibilidad de que la reforma se cayera o no alcanzara el recaudo necesario por lo que estaban valorando los bonos colombianos en la línea de países con calificación especulativa.

Esta versión la respaldaba Bloomberg, que destacó que los bonos internacionales del país habían reportado el peor desempeño en América Latina desde que el Gobierno de Iván Duque presentó la tributaria.
“Los costos de endeudamiento de Colombia están más o menos en línea con los de países con calificación de grado especulativo como Brasil, Guatemala, Uzbekistán y Azerbaiyán, lo que refleja pesimismo de que el país logre corregir su déficit”, destacaba la agencia.

Francisco Azuero, docente de economía de la Universidad de los Andes, indicó que frente a la caída que han tenido los precios de los bonos emitidos por el Gobierno, cabe una posibilidad que en la próxima revisión esa calificación se pierda el grado de no darse un consenso urgente.

“Eso podría suceder a no ser que el Gobierno Nacional y las diversas fuerzas políticas determinantes en la aprobación de una reforma tributaria se pongan rápidamente de acuerdo en un nuevo texto que sea aceptable para todos”, explicó Azuero.

Ahora, Mauricio Olivera, director general de Econometría Consultores, señaló que pese a que el anunció del presidente Duque aumenta el riesgo de perder el grado de inversión, hay que entender que el retiro del proyecto no quiere decir que no se vaya a lograr un consenso que mantenga a las calificadoras e inversionistas tranquilos.

“La reforma es necesaria y el país necesita estabilidad macroeconómica”, agregó Olivera.

Dentro del panorama fiscal otro de los retos es que hay poco margen de disminuir gastos, ya que el ejecutivo señaló que debe mantener varios de los programas de asistencia a familias vulnerables. Estos según datos del Dane, habrían evitado que más de 1,7 millones de personas cayeran en la situación de pobreza, una realidad que ya afecta a 42,5% de la población nacional, esto es más de 21 millones de personas que requieren apoyos del Gobierno, bien sea directos, o algunos que apoyen la reactivación del empleo, otro de los datos que no logra bajar de las dos cifras.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el tercer mes del año, la tasa de desempleo se ubicó en 14,2%, 1,6 puntos porcentuales por encima de lo que se registró en marzo de 2020, al inicio de la crisis; lo anterior se traduce n 3,4 millones de personas desempleadas.

Fuentes cercanas al Minhacienda afirmaron que el desafío está en reemplazar parte de los $15 billones que se van a recortar, con la encrucijada de reajustarse en más de $3 billones el gasto, lo que implicaría sacrificar programas sociales.

Propuestas de los gremios
Frente a la decisión del presidente Iván Duque de una conciliación nacional gremios, académicos y partidos políticos han puesto las cartas sobre la mesa.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, apuntó que ahora es momento de construir acuerdos para lograr el equilibrio fiscal que requiere el país.

“Un nuevo proyecto debe estar orientado a la reactivación y generación de empleo. Construyamos consensos entre Gobierno, partidos y sectores económicos del país. Impulsemos una reducción del tamaño del Estado y fuerte austeridad en el manejo de las finanzas públicas”, señaló Cabal.

Igualmente, Cabal explicó que otra estrategia coherente en estos momentos podría estar orientada a vender total o parcialmente activos del Estado, lo anterior cobraría fuerza en las actuales circunstancias de crisis fiscal.

Con esta idea han estado de acuerdo varios gremios con la Andi, que señala que con esta propuesta se podrían recoger cerca de $14 billones.

La entidad también recordó que ha puesto en la mesa propuestas que “recaudarían $13 billones a través del aplazamiento de la reducción del impuesto de renta, puede ser una sobretasa, el aplazamiento del descuento de ICA, del impuesto de renta y un impuesto al patrimonio del 1% para personas naturales con patrimonios superiores a $5.000 millones”.

En este punto también su presidente, Bruce Mac Master, recordó que “acompañarán una propuesta que contemple los principios de no afectar a los hogares, que asegure la sostenibilidad fiscal y la financiación de programas sociales de emergencia”.

Otro de los gremios que celebró la decisión de un consenso, fue la SAC, liderada por Jorge Enrique Bedoya, quien destacó el compromiso del Gobierno Nacional de no incrementar el IVA para bienes y servicios y de mantener las reglas de juego existentes para los productos.

“Sin duda es un gran anuncio, tanto para los consumidores como para los productores. Estamos listos desde la SAC y sus afiliados para participar en esta nueva discusión con nuestras propuestas de tal manera que como Nación podamos extenderle toda la solidaridad a los colombianos, de mantener el grado de inversión y sanear nuestro problemas fiscales”, dijo Bedoya.

El Consejo Gremial Nacional, en cabeza de Julián Domínguez, reiteró que ha venido formulando propuestas con las cuales se espera se logren recaudar los recursos necesarios. “El equilibro fiscal, la condición de evitar una descalificación de la deuda y al mismo tiempo procurar el beneficio de quienes más lo necesitan son los objetivos de las propuestas en donde el sector empresarial está haciendo aportes muy importantes”, afirmó Domínguez.

Entre estos destacan establecer de forma permanente que el ICA pagado sea deducible en la depuración de la base gravable para liquidar renta; incorporar una sobretasa temporal al impuesto de renta de empresas e implementar un esquema de tarifas marginales iniciando en patrimonios de $3.000 millones.

Los cinco puntos que se incluirían en una nueva propuesta
Durante la declaración, el presidente Duque señaló cuatro puntos que se incluirían: una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crea una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de ahorro estatal. Los primeros cuatro podrían sumar cerca de $7 billones, faltaría ver cómo se superarían los $10 billones necesarios para garantizar la sostenibilidad fiscal.