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El Centro Democrático, Partido de la U y Alianza Verde se sumaron este fin de semana a la posición de Cambio Radical de rechazar la reforma
El presidente de la República, Iván Duque, copó las portadas y primeras páginas de los medios impresos este fin de semana asegurando que la Tributaria es necesaria para proteger a los hogares más vulnerables de Colombia y dando por hecho que hay posibilidades de sentarse a discutir con los partidos políticos los puntos del articulado que han rechazado la mayoría de los sectores económicos, productivos, políticos y hasta académicos del país.
Con la disposición del presidente Duque a negociar, el rechazo de los partidos políticos a buena parte del articulado y la propuesta de gremios y think tank tanques de pensamiento (como los presentados por Andi y Anif), se viene una semana decisiva para la reforma tributaria.
El Gobierno Nacional ya puede comenzar con el análisis de algunas propuestas, pues el Centro Democrático publicó una hoja de ruta de 10 puntos que pretende conseguir aproximadamente $12 billones.
La propuesta, que aseguran no deben afectar a personas de ingresos medios ni la recuperación productiva, da tres recomendaciones generales: la posibilidad de pedirle al Banco de la República un anticipo de utilidades por $5 billones, hacer esfuerzos de enajenación activos de la SAE en los próximos dos años y actualizar la regla fiscal con el fin de lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
En lo que coinciden el Centro Democrático y el presidente Duque es en la necesidad de mantener los auxilios económicos dados por el efecto de la pandemia del covid-19. El partido habla de cuatro puntualmente: continuar el Ingreso Solidario para 5 millones de familias; extender el subsidio a la nómina para 3,6 millones de trabajadores; subsidiar la seguridad social de nuevos trabajadores jóvenes, mujeres, adultos y personas en condición de discapacidad; devolver el IVA a 4 millones de familias; y garantizar la universidad pública gratuita para estratos 1, 2 y 3.
En lo que sí presentaron modificaciones fue en los impuestos. Por ejemplo, imponer una sobretasa transitoria de tres años de 10% a 12% para las personas naturales que hoy tributan con ingresos anuales de $64 millones o más; mantener el impuesto al patrimonio de 1% a los superiores a $5.000 millones, como se encuentra vigente, por tres años adicionales; congelar la tarifa de renta a las empresas en 33% por tres años, luego de los cuales, será de 30%; conservar el descuento de industria y comercio a la renta empresarial en 50% por tres años; extender a todo el sector financiero la sobretasa transitoria de 3% que hoy se cobra a los bancos; que el impuesto solidario del 10% para ingresos mayores de 20 millones en 2021 funcione como retención en la fuente; y proponen en normalización, la prórroga de un año lo que se aprobó en 2019.
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Otra de las voces que se escucharon este fin de semana fue la de la presidente del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, quien no solo dijo que la bancada que representa no votará por la reforma tributaria. Mediante un breve comunicado propuso "un pacto nacional para construir una contrarreforma a la tributaria que el Gobierno Nacional pretende tramitar en el Congreso de la República".
El Partido de la U cuestionó que el Gobierno Nacional grave a los asalariados, pensiones y a los servicios públicos domiciliarios, que se eliminen las exenciones por compra o ahorro de vivienda y auxilio por hijos, que se acaben los beneficios a las energías limpias, que se impongan impuestos a la gasolina y a los insumos de la cadena de producción de alimentos.
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El líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, no solo se reunió con el presidente del Congreso, Arturo Char y uno de los líderes del partido en la Costa Atlántica, para asegurar que la colectividad de su partido rechazará la propuesta fiscal de Iván Duque. También explicó por qué cree el Gobierno busca aprobar una reforma "en el momento más inoportuno para la reactivación económica y el empleo" en su tradicional columna que publica los domingos en el diario El Tiempo.
"Con la decisión que esta semana tomará el Partido Liberal, el Gobierno no tendrá mayorías para sacar adelante este proyecto. Lo razonable es que retiren este adefesio que no deja títere con cabeza, acojan las recomendaciones de la comisión de expertos que el propio Gobierno convocó, instalen una mesa técnica para explorar opciones y elaboren una propuesta menos ambiciosa pero más realista y aterrizada".
En su columna puntualiza uno a uno los artículos de la reforma tributaria a los que el partido Cambio Radical le dice "No": alzas superiores a 300% en la tributación de los asalariados con ingresos mensuales de entre $2,5 millones y $7,5 millones; gravar las pensiones; nuevo impuesto solidario de 10 % mensual a salarios e ingresos; obligar a declarar renta a toda persona con ingresos anuales inferiores a $25 millones; desmonte de las deducciones para el ahorro privado, las cesantías, los intereses de vivienda, las pensiones y las cuentas de ahorro para el fomento de la vivienda; deducciones para la construcción de vivienda de interés prioritario; IVA del 19 % a los servicios públicos; revivir el impuesto a la riqueza, expropiatorio de los patrimonios; incremento al impuesto a las sociedades.
Vargas Lleras no solo critica al director del Banco de la República por preocuparse en este momento por las calificadoras de riesgo, sino que además señala al propio Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, precisando que él mismo ha dado la solución para reducir el déficit fiscal.
"La solución para pasar este periodo de pandemia y recuperación económica la ha dado el propio ministro Carrasquilla: plan de austeridad que representa, según él, $15 billones, venta de ISA; otros $15 billones, venta de una nueva participación en Ecopetrol; liquidación rápida de activos de la SAE, que tanto se ha anunciado, y una acción contundente contra el contrabando y la evasión. Con solo algunas de estas propuestas, no tendríamos que hacer reforma tributaria este año", indica en una parte de la columna que publicó hoy domingo en el diario El Tiempo.
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El expresidente de Anif, Sergio Clavijo, también fijó este domingo su posición frente a la reforma tributaria, no tan de oposición como la mayoría de los sectores. "Si el ruido político nos llevara a la irresponsabilidad de no elevar la tributación en ese 1,5 % del PIB, Colombia enfrentará una peligrosa dinámica en su deuda pública, acercándose a 70 % del PIB, donde los intereses comprometen rubros cruciales del presupuesto", dijo en su columna dominical de El Tiempo.
El economista advirtió el peligro de meterle tinte político a la obligatoriedad de resolver el actual déficit del país.
Aunque reconoció en su columna de este domingo que en 2020 "el Gobierno dio señales bastante erráticas sobre cuándo sería el momento apropiado para encarar el problema tributario que habría de permitir expandir el gasto social de forma sostenida tras esta horrenda pandemia"; señaló a esa clase política que puede estar sacando provecho de la tributaria y "aspiran a postularse como salvadores fiscales en 2022".
Dos aspectos en su columna llaman la atención: la defensa del IVA y los impuestos a la clase media.
Sobre el primer tema dijo: "Minhacienda ha optado por una posición intermedia respecto de la Comisión, al evitar gravámenes adicionales a la canasta básica, pero avanzando en eliminar rubros exentos que perforan el recaudo. Esto contribuiría a elevar la eficiencia del recaudo en Colombia del 40 hacia el 70 % observado en Chile".
Y sobre la clase media defendió que la intención del Ministerio de Hacienda "no es poner a tributar debajo de $3,5 millones/mes, sino ayudar a taponar la conocida “venta de facturas ficticias”.
Clavijo invitó a los congresistas a recapacitar su posición frente a la tributaria exponiendo dos argumentos: "uno, la señal de esfuerzo tributario es la única forma de asegurar el refinanciamiento de la deuda pública, especialmente cuando todavía tenemos de nuestro lado a multilaterales y calificadoras de riesgo; y, dos, la inacción incrementaría la probabilidad de desborde fiscal, aun para gobiernos bien intencionados en 2022".
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Esta posición de Clavijo coincide con el informe presentado esta semana por Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), donde aseguran que son más los pros que los contras en el articulado.
Anif dijo estar de acuerdo con el Gobierno de que hay una necesidad de ampliar la base de declarantes y contribuyentes del impuesto de renta, aunque la propuesta del tanque de pensamiento es algo diferente pues propone que se empiece a pagar renta con ingresos brutos de $2,2 millones mensuales con tarifas marginales que irían de 5% a 40%.
“Lo que nosotros necesitamos es llevar a más gente al radar de la Dian para que declare sus ingresos, para que paguen y contribuyan poco, pero que esa contribución sirva para todas las necesidades fiscales del país y que además tengamos un sistema verdaderamente progresivo”, explicó Carlos Prada, vicepresidente de Anif.
También están de acuerdo con que se graven las pensiones al destacar que los subsidios que hay hoy a las mesadas son regresivos y se concentran en los deciles más altos de la distribución del ingreso.
Sobre el impuesto temporal y solidario a la riqueza, que es equiparable al del patrimonio, Anif dijo que los cambios que planteó el Gobierno al establecer tarifas marginales de 0%, 1% y 2% ayudan a mejorar los problemas estructurales del impuesto.
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El pasado viernes 23 de abril, otro de los que alzó la voz sobre la tributaria fue la Andi, el gremio de los empresarios e industriales, que destacó la necesidad de hacer una reforma para evitar perder la calificación de riesgo, pero precisó al menos tres cambios que deben hacerse en el articulado.
La Andi propuso que se suspenda el descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) durante el periodo necesario de acuerdo con los resultados del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Según el gremio, se lograría un recaudo de $5,2 billones en 2022.
Con la propuesta de aplazar la reducción de la tarifa general del Impuesto sobre la renta a personas jurídicas, pues a partir de 2022 esta se reduciría a 30%, se obtendrían otros $6,2 billones.
Y lo tercero, plantearon establecer por dos años el impuesto al patrimonio para personas naturales, con lo que el recaudo sería de $1 billón.
Además de estas medidas, la Andi propuso que se adelante la enajenación de activos de la Nación, con lo que se lograrían $15 billones adicionales que se destinarían a la continuación de programas como el Paef e Ingreso Solidario.
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El decreto además pretende fortalecer el control sobre este tipo de operaciones de suerte y azar, incrementando las transferencias destinadas a la salud.
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