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El primero permitiría celebrar convenios administrativos con recursos públicos y el segundo cierra la ventana pensional hacia Colpensiones
El Senado de la República sorteó en sesión plenaria dos de los artículos que más controversia han generado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022. Aprobó el artículo 125 que modifica la Ley de Garantías, con lo cual se plantea que se suspenda el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. En consecuencia, se establece que las entidades del orden nacional y las entidades territoriales puedan celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
No obstante, en la ponencia mayoritaria para segundo debate se estableció que los convenios que se suscriban bajo el amparo de la disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República.
En su momento, el Consejo Gremial Nacional había solicitado la eliminación del mismo debido a su posible inconstitucionalidad. En ese sentido, señalaron que se deberían mantener intactos los principios de la Ley de Garantías con el propósito de que la contratación estatal y los recursos públicos asociados a esta, sigan protegiéndose en los ciclos electorales.
Además, hicieron un llamado al Gobierno para que, con el fin de garantizar la buena ejecución de la inversión pública, se evalúe la utilización de instrumentos contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las previstas en la Ley 819 de 2003, los cuales permiten la declaratoria de proyectos de inversión como de importancia estratégica que habiliten el uso de vigencias futuras ordinarias y/o excepcionales.
Así mismo, en el mismo recinto fue tumbado el artículo 104 que contemplaba el traslado exprés de afiliados de fondos de pensiones privadas hacia Colpensiones. Este proponía que durante la vigencia de 2022, se permitirá el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual (Rais), gestionado por las AFP, al Régimen de Prima Media (RPM). Entre las condiciones que plantea, se establece que esta transición podría darse siempre y cuando sean hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 47 años.
Se determinaba que solo podrán realizar este proceso quienes hayan cotizado, como mínimo, 750 semanas en el RPM antes de vincularse a una AFP; es decir, dicho proyecto se enfocaría en el retorno de algunos cotizantes.
El traslado hubiese tenido un costo fiscal neto de $3,8 billones y se preveía que beneficiara a 19.000 afiliados, de los 41.000 ciudadanos que cumplen con las condiciones exigidas en el artículo.
Sobre las 8:30 a.m. el Senado de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2022 en segundo debate. Por ahora continúa el proceso en la Cámara de Representantes y se cita a las 10:30 p.m. para definir proceso de conciliación.
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