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Presupuesto General de la Nación de 2025.
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Al ser esta una situación inédita, los analistas exponen diferentes puntos de vista sobre lo que esto podría significar en la aprobación presupuestal por parte del Congreso
La Secretaría del Senado expidió una respuesta de estudio legislativo, en la cual se mencionó que el monto del Presupuesto General de 2025 fue negado. La corporación afirmó que una de las comisiones votó en contra del proyecto, por lo cual, el documento concluyó que la propuesta del monto fue rechazada.
La incertidumbre en torno a la aprobación del Presupuesto General suele ser frecuente en Europa y Estados Unidos, pero tiene pocos precedentes en Colombia. Esto hace que varíen las versiones entre los expertos sobre lo que vendrá ahora para la aprobación presupuestal.
“La primera tesis es que el Gobierno tiene hasta el 25 de septiembre para presentar el proyecto, y hasta el 20 de octubre para aprobar la ley, si no se aprueba el monto en este lapso, el Presidente tendría la facultad de aprobar el Presupuesto por decreto con el monto de $523,7 billones”, afirmó Juan Casallas, socio en Holland & Knight.
“La segunda es que con la certificación que expidió el secretario del Congreso, el monto del presupuesto se entiende como negado, y acá es donde entra la dictadura fiscal, lo que significa que el Presupuesto de 2025 sería el mismo que el de 2024”, afirmó el abogado.
Casallas argumentó que si la primera tesis es la que inclina la balanza, el proyecto pasaría por el trámite legislativo normal para su aprobación. “En la Constitución se establece que pasaría por las comisiones económicas para que el trámite pueda concluir”, señaló el constitucionalista.
“La negativa de las comisiones económicas del Senado y de la Cámara para aprobar el monto del Presupuesto propicia un escenario de incertidumbre legal ante la existencia de varias interpretaciones sin ningún antecedente claro sobre la materia”, afirmó Ana María Rojas, asociada en Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa.
En cuanto a la posibilidad de aprobar el proyecto hasta el 25 de septiembre, “el Congreso podría modificar las partidas para llegar a un monto alternativo, ya sea aumentándolas con el concepto favorable del Ministro de Hacienda o disminuyéndolas”, mencionó Rojas.
“Una de las tesis es que con la certificación que expidió la Secretaría, se entiende como negado el monto del Presupuesto, y acá es donde entra la dictadura fiscal”.
“El Gobierno puede presentar nuevamente una ponencia y es viable que se presenten ponencias alternativas; la fecha límite de aprobación es el 25 de septiembre”.
“Si la ley no es expedida por el Congreso antes del 20 de octubre, existe la posibilidad de que el Gobierno Nacional expida el Presupuesto a través de un decreto con las modificaciones discutidas y votadas en primer debate, pues así lo ha señalado la Corte Constitucional en las sentencias C-281 de 2004 y C-1645 de 2000”, concluyó la abogada.
“Comparto la postura de la Secretaría del Senado, el monto del Presupuesto fue negado, y lo único que le queda al Gobierno Nacional es expedir el Presupuesto por decreto, porque el Congreso ya tomó la decisión de negar el monto presentado por el Ejecutivo”, expresó Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda.
Para Londoño, el Gobierno no solo tendrá que expedir el Presupuesto por decreto, también deberá hacerlo por $511 billones; la razón es que no podrá incluir los recursos que se esperaban recaudar con la reforma tributaria.
“Para mí es errado que el trámite legislativo pueda continuar, porque no se puede elaborar una ponencia para primer debate sin el monto aprobado. En esta situación, vamos a la dictadura fiscal”, apuntó Londoño.
Pero Andrés Velasco, presidente de Asofondos, expresó que “el Gobierno puede presentar nuevamente una ponencia y pueden presentarse ponencias alternativas”. Para Velasco podría haber todavía primer debate, “y la fecha límite para que se apruebe el Presupuesto en primer debate es el 25 de septiembre”, recalcó.
“El Gobierno Nacional no puede expedir un decreto, ni el Congreso aprobar un Presupuesto, que no esté alineado con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la garantía de sostenibilidad fiscal, es decir, por $511 billones”, concluyó Catalina Sandoval, associate partner en EY.
Juan Diego Martínez, socio en Serrano Martínez CMA, mencionó que el avance del proyecto de ley de presupuesto sale afectado; además, el abogado señaló que se tendría que presentar “un nuevo proyecto o se reconsidere de alguna manera la votación dentro de los límites legales”.
El representante a la Cámara, Andrés Forero, manifestó que si el proyecto se aprueba por decreto, “se sienta un precedente grave, porque el Gobierno sacaría los montos presupuestales sin aprobación del Congreso, y la Corte Constitucional tendría la última palabra”.
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