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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que dicha sentencia deja un vacío en los ingresos de la Nación por $34,9 billones.
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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó a la Corte Constitucional las razones para declarar el incidente de impacto fiscal
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró ayer a los magistrados de la Corte Constitucional, que el impacto fiscal en el corto plazo de la norma que tumbó ese alto tribunal sobre la no deducibilidad de las regalías llegaría de $6,7 billones en el corto plazo.
Según explicó el jefe de la cartera económica a la Corte, este impacto se divide en $3,4 billones por devoluciones y $3,3 billones debido a la imposibilidad de recaudar.
“La sentencia de la Corte Constitucional nos deja un problema de desfinanciamiento del Presupuesto que conlleva a alteraciones en la sostenibilidad fiscal, que es más amplio que la regla fiscal”.
Bonilla fue citado este martes para explicar el Incidente de Impacto Fiscal que solicitó a la Corte Constitucional, luego de que este tribunal tumbó un artículo de la Reforma Tributariaque prohibía deducir las regalías petroleras y carboníferas del impuesto de renta corporativo.
El funcionario aseguró que dicha sentencia deja un vacío en los ingresos de la Nación por $34,9 billones, que se divide en los mencionados $6,7 billones entre 2023 y 2024; $7,3 billones entre 2025 y 2034 (en el mediano plazo), y de $10,9 billones en el largo plazo, hasta 2035.
Estas cifras varían de un primer escrito de sustentación en el que el Ministerio de Hacienda le había manifestado a la Corte que la pérdida de recaudo derivada de la inexequibilidad de la norma equivalía a $27,8 billones en los próximos 10 años.
Pero luego presentó un documento posterior de subsanación, en el que el MinHacienda indicó que el impacto fiscal de la sentencia llegaba a $34,9 billones en valor presente. Sin embargo, la Corte dijo que esa modificación de las cifras era inadmisible y por ese motivo debía ser rechazada.
Bonilla le presentó cuatro propuestas al alto tribunal para mitigar el impacto fiscal de su sentencia. Entre ellas está diferir los efectos del fallo a partir del 1 de enero de 2025 para no devolver lo que ya recaudó con este impuesto.
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