Anif calcula que si se eliminan las gabelas tributarias, el país ganaría $80 billones

Las exenciones y gabelas tributarias que están vigentes en el país tienen un costo cercano a $80 billones anuales, lo que corresponde a aproximadamente 8% del PIB.

Anif advierte que muchos de esos beneficios no tienen sustento económico, razón por la cual considera que deben ser eliminados, teniendo en cuenta la necesidad de ingresos del país.

“Esto ayudaría a avanzar a un sistema más progresivo y sencillo de manejar, además le inyectaría liquidez a las finanzas de la Nación, que están siendo golpeadas por los gastos asociados a la pandemia”, manifestó Mauricio Santamaría, director de la entidad en el marco del seminario virtual “Más Allá del Impacto: Manejo de la Crisis y Recuperación” realizado ayer.

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, las inversiones que se están haciendo en salud, apoyo a las empresas y a las poblaciones de vulnerables contribuirán negativamente en 2,7% del déficit fiscal de este año, lo que, además, empujará la deuda a cerca de 60% del PIB.

Así las cosas, el mismo Minhacienda aceptó que se hace necesaria una tercera reforma tributaria, para que en 2022 se pueda volver a la senda de cumplimiento de la regla fiscal, que fue suspendida durante 2020 y 2021.

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“Es necesario revisar una reforma fiscal del orden de 2% del PIB, una vez se espera que se haya controlado o superado el efecto del covid-19 en el país”, recordó el viceministro Técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, en su intervención en el evento.

Lo anterior, significa que el hueco que hay que llenar en dos años es de alrededor de $20 billones. “Afortunadamente, la Ley de Financiamiento creó una comisión para estudiar los beneficios vigentes en el sistema tributario”, señaló Santamaría, haciendo énfasis en la necesidad de evaluar la propuesta sobre quitar gabelas.

Esta Comisión Tributaria se empezará a reunir en un máximo de cuatro meses y tendrá que publicar una propuesta de reforma que serviría como insumo para tramitar la nueva ley. De acuerdo con el Decreto 855 de 2020, esto deberá suceder máximo en abril de 2022. Pero el problema no se queda ahí, según Anif, se debe ampliar la base de personas naturales contribuyentes y hacer que el impuesto a la renta sea progresivo.

La razón es que en el país solo 4,5% de la población económicamente activa paga imporrenta, “lo que lleva a que este pago se recargue en 20% de personas naturales y 80% en las empresas”, precisó Santamaría, quien agregó que avanzar en ese punto requiere formalizar más trabajadores y empresas.

Además, propone unificar la base del IVA, incluyendo las exenciones de la canasta familiar, pues señaló que la falta de progresividad de este impuesto se está corrigiendo con el mecanismo de devolución del IVA que ya se está implementando. Aunque, cabe recordar, que esa propuesta se cayó en la reforma de 2018.

Sobre esto, Andrés Langebaek, director de estudios económicos de Grupo Bolívar Davivienda, se mostró de acuerdo y señaló que “es cierto que la principal exención es la del IVA en la canasta básica, que puede ser de $40 billones. La cual, además, beneficia en mayor medida a los que ganan más, porque son los que más consumen”.

Finalmente, Santamaría dijo que ve necesario crear un nuevo estatuto tributario, en lugar de reformar el vigente de 1989.