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Así, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó el mecanismo para saber cuáles tratamientos serán financiados por el sistema o no.
Serán cuatro etapas. La primera es la nominación, según la cual dos veces al año se podrán postular medicamentos que no deberían ser pagados con recursos públicos.
Luego, el Grupo de Análisis Técnico-Científico emitirá su recomendación sobre la conveniencia de excluir una tecnología. El tercer paso será la “fase de consulta a pacientes potencialmente afectados y ciudadanía”, donde los pacientes potencialmente afectados podrán intervenir en el proceso.
Por último, tanto el concepto como la recomendación se remitirá al Ministerio de Salud, el cual divulgará estos resultados.
El ministro Gaviria recordó que un procedimiento no será aceptado bajo seis condiciones: “que fueran cosméticos, estuvieran en fase de experimentación, no fueran seguros y efectivos, no tuvieran efectividad clínica, no estuvieran aprobados por el Invima o se prestaran en el exterior”.
Los gremios expresaron su respaldo al proceso, pero señalaron que de entrada, al financiamiento para la salud este año le faltan recursos, por lo que debe vigilarse esta transición.
Jaime Arias, presidente de Aciem, señaló que “el sistema tiene $41 billones este año, de esos, 96% son gastos médicos, hospitales, cirugías y tratamientos y 4% son los gastos administrativos”.
“No sabemos cuál pueda ser el efecto de este punto de la Ley Estatutaria, puede ser menor o muy grande, depende de que los médicos, que ahora tienen la chequera en sus manos”, dijo Arias sobre el mecanismo.
Según afirmaron, este ajuste podría agravar la crisis ya existente en el Sistema de Salud, aumentando las demandas de tutela y quejas, y provocando el cierre de clínicas
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