Sobrecostos y falta de competitividad, las consecuencias que trae la ‘tramitomanía’

El exceso de trámites, o la ‘tramitomanía’, no es solo un problema que le trae sobrecostos al Estado colombiano, sino también a la ciudadanía. Además afecta la competitividad del país, pues el hecho de tener que atravesar varios procesos considerados por expertos como “innecesarios” representa trabas, mayores precios y desventajas en cuanto a los avances de otras economías de la región.

Según un informe de la 0rganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el promedio de tiempo para los trámites de los países afiliados a este club de buenas prácticas en la región es de 5,4 horas, mientras que los colombianos gastan hasta 7,4, dato muy por encima del promedio de 2,2 horas que le toma a los chilenos.

De igual forma, el Banco Mundial reportó que 90 millones de latinos aseguran haber pagado un soborno para realizar un trámite, y que en Colombia hay rezagos para crear empresas por los papeleos y pasos innecesarios, pues este proceso de ocho trámites se tarda 11 días en promedio, mientras que en la Ocde el promedio es de seis días y son cuatro trámites.

Por ese motivo, en el Foro LR llamado ‘Tramitomanía, un lastre para el desarrollo y la competitividad’, expertos debatieron sobre la importancia de reducir el exceso de procedimientos para el crecimiento de diferentes sectores de la economía colombiana, específicamente, en cómo el Gobierno Nacional y el sector privado deben darse la mano para lograr este objetivo.

“Pensamos que es un tema de gran importancia porque la ‘tramitomanía’ no solo agrava la competitividad, sino que tiene que ver con todos los aspectos de la vida del ciudadano, no tiene sentido que al ciudadano se le obligue a gastar su tiempo en trámites, regulaciones y colas innecesarias”, expresó el presidente de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia (Acdc), Gabriel Ibarra Pardo.

Pensando en la competitividad de la economía nacional frente a la región, el directivo indicó que iniciativas, como el programa estatal ‘Estado Simple, Colombia Ágil’ son importantes para contribuir a ese objetivo, y mencionó que, en los últimos dos años, este programa les ha ahorrado a los colombianos $200.000 millones.

“La idea no es solo apoyar la iniciativa, sino que busquemos entre todos que esto se convierta en una política de estado como en Perú, pues este es un tema que nos concierne a todos los colombianos” agregó.

Para los expertos que participaron de los distintos espacios del foro, el final de la pandemia será un momento crucial para las aspiraciones, no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica, para darle vuelta a la ‘tramitomanía’.
Según explicaron los analistas, la cooperación entre el sector privado y el Gobierno debe ser el pilar de esta reducción de procesos, pues de ellos depende que se hagan realidad.

“Pese a que contamos con el apoyo de todas las entidades como la Dian y de otras, vemos grandes retos en materia de trámites, seguridad jurídica y unificación de criterios por parte, no solamente de la Dian, sino con otras instituciones que también requieren de esa simplificación de trámites y procesos”, dijo el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), Miguel Espinosa.

Para combatir el exceso de trámites que acusa al país, se necesita política pública

Gabriel Ibarra, presidente de la Acdc, aseguró que la ‘tramitomanía’ es un problema que afecta no solo las arcas del Estado, sino también el día a día de los ciudadanos. Por ese motivo, manifestó que es “un problema que concierne a todos”, refiriéndose a que “debe ser una política pública de interés nacional”.

Ibarra, además, destacó los avances que se han logrado en Colombia con el programa ‘Estado Simple, Colombia Ágil’, al cual destacó por su contribución en la competitividad del país frente al plano internacional, en donde -según datos de la Ocde- los colombianos “pierden mucho tiempo en trámites”, espacios que pueden ser aprovechados para ganar también recursos.

Los procesos en las aduanas en el país

El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), Miguel Espinosa, indicó que la normatividad aduanera “es muy extensa”, y que dejó “en un desorden jurídico” al sector público y al privado, además de dar “grandes espacios a la interpretación”.

Se pierden puestos en competitividad

“Hemos perdido puestos internacionales en competitividad, por lo que este es uno de los grandes desafíos: combatir esas ineficiencias burocráticas, que en Latinoamérica son los principales problemas”, indicó durante el foro la viceministra de comercio exterior, Laura Valdivieso Jiménez.

Hacer a las empresas más innovadoras

Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, puntualizó que la tarea es aumentar las posibilidades de innovación para las empresas porque un obstáculo es que no hay incentivos necesarios. “Si antes era necesario trabajar, ahora lo es mucho más por la pandemia”, dijo.

Se debe tener en cuenta a los usuarios

Hugo Ramírez Gómez, magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resaltó los esfuerzos de Colombia, pero advirtió que el sistema debe tener en cuenta y fortalecer la opción de las quejas o peticiones de los usuarios para fortalecer la ejecución de los trámites.

“Hay que persuadir a las personas”

María Antonieta Merino Taboada, consultora senior en Smart Regulation Perú, rescató que, con la creación del régimen alternativo en ese país, se persuade a las personas sobre la idoneidad de la creación de esos trámites. “Se hizo un cambio porque estabamos rezagados”, dijo.

Control interno de trámites

El superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, manifestó que -desde su despacho- el objetivo al inicio de la pandemia fue reducirles costos y trámites a las empresas, por lo que idearon distintas estrategias internas para identificar y eliminar este tipo de procedimientos.