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En 1974 se habló del subsidio a estaciones de combustible, aunque diferente al Fepc, se relaciona con el papel de Ecopetrol
Los subsidios a los combustibles son un tema de conversación actual, sin embargo, no es un concepto nuevo. De hecho, es algo que hace 50 años, por estos mismos días, ya estaba dando de qué hablar.
Justamente en marzo de 1974, se anunciaba que el Estado, a través de Ecopetrol, subsidiaría a las estaciones de combustible existentes en el país. Dicho subsidio era de $8 centavos por galón para las estaciones que vendieran más de 50.000 galones mensuales y de $9 centavos por galón de gasolina vendido para quienes vendieran menos de esa cantidad.
¿Le suena familiar? Tal vez si ha estado al tanto de la situación de los combustibles en el país, relacione aquel subsidio del 74 con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, que también tiene relación con Ecopetrol desde sus inicios.
Dicho fondo se creó por medio del Artículo 69 de la Ley 1151 de 2007,según un documento del Carf llamado ‘Análisis sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles’, bajo el objetivo de “mitigar el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales sobre el mercado interno”.
Sin embargo, entró en funcionamiento en 2009, según un informe de Corficolombiana sobre el Fepc y Ecopetrol, con una capitalización de $431.000 millones, “provenientes de 10% de los ahorros de Ecopetrol en el Fondo de Ahorro de Estabilización Petrolera, Faep”, creado mediante la Ley 209 de 1995 para suavizar las fluctuaciones en el valor de las regalías.
Pero, aunque es un subsidio que tiene beneficios, Corficolombiana señaló que “desde su creación se presentó una desacumulación de recursos casi ininterrumpida, debido a que la cotización del crudo mantuvo una tendencia alcista y el Precio de Paridad de Exportación, PPE, fue mayor al ingreso al productor, IP en la mayoría del periodo”.
Esto causó que el precio interno no subiera al ritmo del precio externo, y generó presiones económico políticas como el paro de camioneros. A ello se sumó que en 2013 y 2014 la Corte Constitucional declaró inconstitucional el fondeo de recursos a través del diferencial de precios para el Fepc, “pues este último era una contribución parafiscal que solo podía crearse a partir de una ley y no en un acto administrativo, como fue tramitado inicialmente”, indicó Corficolombiana.
Lo anterior, se solventó hasta 2016, tras la incorporación de este mecanismo en la Ley de Reforma Tributaria de ese año. Sin embargo, todo esto desató que el Fepc, incurriera en un déficit continuo no recuperable, “financiado principalmente con créditos de la Dirección del Tesoro Nacional, DTN, desde 2011”.
Todo esto convirtiéndose en una deuda, que según cifras de Corficolombiana, a cierre de 2019 ascendió a $19 billones. De hecho, señalaron que “casi la totalidad del déficit del Fepc es una obligación con Ecopetrol”.
Fue por todo esto, y en especial por el déficit de 2022, considerado el más grande tras alcanzar $36,7 billones, que el Gobierno de Gustavo Petro decidió subir los precios de la gasolina para reducir el gasto fiscal, hasta ubicar el galón en poco más de $15.000.
La cifra: El aporte conjunto de Bogotá, Medellín y buenaventura, las tres primeras en recaudo de 2023 es de 24,13%.
¿En qué quedó el déficit con Ecopetrol?
A finales del año pasado José Roberto Acosta, director de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda, dio a conocer quese pagó la deuda del Estado con Ecopetrol por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc. “Se pagó completamente la deuda de la Nación con Ecopetrol por cuenta del Fepc, se completó el pago de $37 billones de la vigencia de 2022, dándole salud financiera a Ecopetrol, así como autorizándole los créditos durante toda la vigencia de 2023 tanto para el mercado interno como externo”, aseguró Acosta, a través de X.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que en los próximos días presentarán un informe sobre la situación actual del sistema y su estado financiero
Ante un eventual incremento de 10% en los pagos de los trabajadores públicos, al Gobierno le costarán $3,59 billones adicionales en comparación a lo que pagó en 2024
La reforma al sistema es la prioridad del gobierno en las sesiones extras que iniciaron este martes y van hasta el jueves. Oposición pidió aplazar el debate