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Este proceso se da luego de que la entidad de control del Gobierno realizara la intervención por más de cuatro meses. Sin embargo, se explicó que Gas Natural Fenosa podrá seguir en conversaciones con el Estado para buscar capitalizar la empresa y así garantizar el normal funcionamiento del servicio para 2,5 millones de usuarios.
Ayer el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, se reunió con ejecutivos de la compañía Gas Natural Fenosa. El objetivo de este encuentro fue notificar la decisión que tomó el Gobierno sobre el futuro de la electrificadora.
Sobre el camino a seguir la Superintendencia informó por medio de un comunicado que en los próximos días un equipo de la Entidad explicará los alcances de la decisión, que incluyen que inmediatamente se empiece con la búsqueda de un operador, por medio de un proceso abierto y competitivo, que asuma la prestación del servicio.
"Mientras se surten esos trámites, Electricaribe continuará prestando el servicio en el mercado de la Costa Caribe bajo la administración del agente especial designado por la Superintendencia", aclaró el director de la Entidad, José Miguel Mendoza.
Esta resolución (adjunta abajo) se tomó después de que se hicieran una proyecciones financieras de la empresa a cinco años, que evidenciaron que no se iban a cumplir las metas de inversión requeridas para mejorar la calidad.
El Informe explicó que “el incremento de la demanda de la Región caribe, respecto al promedio nacional, sumado al rezago en inversiones, ha venido afectando la frecuencia de las interrupciones y los niveles de calidad de potencia (…) que indica un subdimensionamiento de la infraestructura existente”, dada esta situación al correr el modelo de proyección de inversiones a cinco años se evidencia que la compañía no podría mejorar su prestación de servicio.
“Las proyecciones elaboradas por Electricaribe muestran que en todos los escenarios de inversión menores a $264.000 millones anuales habría un deterioro progresivo de los indicadores de calidad y continuidad del servicio de la compañía entre los años 2017 y 2020”, muestra la resolución.
El abogado y experto en energía César Lorduy, dijo a LR que “el camino que emprendió Electricaribe conduce a que los problemas deban ser superados. Sin embargo, se deben comprometer a mejorar muchas dificultades que han tenido, tal como lo ha venido haciendo la Superintendencia”.
La intervención se realizó luego de que en noviembre de 2016, los accionistas españoles de la empresa explicaran que no se iba a poder cumplir con el plan de inversiones planteado por el Gobierno, que era cercano a los $1,1 billones en tres años, y de que XM y los generadores de energía señalaran que la deuda de la empresa iba a llevar a la suspensión del servicio que se entrega en los siete departamentos de la Costa Caribe.
((Lea también: El efecto de Electricaribe en las finanzas de Gas Natural Fenosa))
Sobre los costos del proceso de liquidación, la entidad aclaró que "esta es una de las pocas intervenciones en las que el Gobierno no ha tenido que poner un solo peso, ya que el esquema ha permitido que la empresa siga funcionando sin tener que reciribir ningún financiamiento".
En la actualidad el pasivo total de Electricaribe llega a $2,4 billones, de los cuales $1,8 billones corresponden a las obligaciones con entidades financieras. "También hay un pasivo pensional y los activos son principalmente por redes de distribución y cuentas por cobrar. Pero todo esto está analizándose específicamente para saber cuál es el valor exacto", concluyó Mendoza.
Sobre el proceso el presidente, Juan Manuel Santos, explicó por su cuenta de Twitter que es una decisión responsable, que se tomó ya que la "prioridad es que ni usuarios, ni empresas sufran por el suministro de energía".
Historia de Electricaribe
Electricaribe llegó a la costa caribe justo en un momento de crisis de las entonces electrificadoras estatales, en 1998, cuando por dificultades financieras fue necesaria una intervención, que dio paso a la creación de Electricaribe, de la mano de Electrocosta.
Posteriormente, la entonces Unión Fenosa asumió el control de las dos empresas en 2000, luego de una capitalización de 30% por parte del Estado y 40% de la compañía, dejando como resultado final, en 2007, la fusión de las compañías. Paradójicamente en ese año comenzó nuevamente a formarse la crisis, por la desfinanciación de los fondos de subsidios de energía. En 2009, se dio la fusión entre Gas Natural y Unión Fenosa, que se quedó con el control de Electricaribe con las dificultades que hoy tiene.
Colombia se suma a Nicaragua y Guatemala, países en los que Gas Natural Fenosa dejó sus inversiones por dificultades en el suministro y un bajo cumplimiento de obligaciones.
En Nicaragua, la intervención a las filiales de Fenosa, DisNorte y DisSur, se dio por no haber mejoras su infraestructura, así como cortes de energía continuos, que llevaron a la venta de su participación en 2013, por US$58,7 millones.
Igual episodio se vivió en Guatemala, donde en 2011 la compañía española decidió vender su parte en la operación energética en ese país, luego de denuncias por una prestación deficiente y cobros irregulares, a través de sus filiales Deocsa y Deorsa, lo que llevó a una intervención de las autoridades.
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