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Dagoberto Quiroga Collazos, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
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El superintendente, Dagoberto Quiroga, dijo que el Presidente había tomado esta decisión en defensa de los usuarios del sistema
Después del anuncio del presidente, Gustavo Petro, de que reasumirá las funciones de las comisiones de regulación de los servicios de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo, una de las pocas entidades que salió en su defensa fue la de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien presentó los argumentos constitucionales y legales que sustentan la decisión del Gobierno.
Así, en un documento firmado por el superintendente, Dagoberto Quiroga Collazos, este expuso las razones sobre las facultades constitucionales y legales para la asunción directa de las competencias de reglamentación tarifaria, indicando que “el señor presidente de la República sí puede asumir directamente vía decreto y, de manera completamente constitucional y con todo el amparo legal, la competencia para reglamentar las tarifas en materia de servicios públicos domiciliarios en aras de disminuir los costos con un impacto directo en los ciudadanos con mayor equidad y bajo la visión de una competencia regulada, al amparo de los numerales 11 y 22 del artículo 189 y los artículos 211, 365 y 370 de la Constitución Política y los artículos 68 y 124 a 127 de la Ley 142 de 1994”.
Agregando además que, “en su visión moderna, la regulación es una actividad estatal que fomenta la competencia en aquellas áreas donde existe y es factible; impide el abuso de posiciones de monopolio natural, donde esta es ineludible; desregula para eliminar barreras artificiales a la competencia y, finalmente, calibra las diversas áreas de un servicio para impedir prácticas discriminatorias o desleales para el competidor”.
El superintendente también dijo que el Gobierno había tomado esta decisión en defensa de los usuarios y usuarias de los servicios públicos ya que en vista que se han hecho esfuerzos entre el gobierno y las comisiones reguladoras para reducir la tarifa, y que no se han logrado los resultados esperados, el Gobierno asume temporalmente estas funciones para dictar unas medidas que sirvan para disminuir, o por lo menos parar el alza de las tarifas.
Esta es la primera vez que un gobierno retomaría funciones de control en las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos mediante los decretos 1524 y 2253 de 1994, respectivamente, en cuyos textos señalan que quien ejerza como presidente podrá reformar o revocar los actos o resoluciones proferidos por los delegados.
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