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Hay que acabar con la percepción de que las tecnologías disponibles solo se usan o han usado en casos de “alto perfil”, en los que que se vuelven mediáticos, descritos como de alto valor
A pesar de que el celular y la motocicleta están en el centro de la actual ola de criminalidad, bien sea como su botín, o como herramienta para consumar los delitos, las estrategias del Gobierno Nacional y los locales carecen del elemento tecnológico para enfrentarla.
Y es que con tecnología se podrían monitorear en tiempo real celulares y motos involucradas en hechos delictivos para ubicar a los responsables.
Por eso, produce algo de desconcierto escuchar algunos anuncios reiterados y repetidos del Gobierno y la Policía para combatir el fenómeno, así como análisis de expertos, que excluyen ese elemento tecnológico, en especial en el proyecto de seguridad ciudadana que el Gobierno llevará al Congreso, lo que equivale, literalmente, a usar estrategias del siglo 20 para combatir el delito en el siglo 21.
Veamos solo unos ejemplos de anuncios recientes en la prensa: “Cinco generales de alto nivel estarán a cargo de la seguridad de Bogotá”… “Se crearán Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (Cosec), para contrarrestar el delito en zonas específicas”, “Fenalco pide militarizar a Bogotá ante alarma por inseguridad”, “Se va a aumentar el pie de fuerza en 1.500 hombres”…
Casi todos estos anuncios tienen 2 elementos en común: la dependencia del recurso humano (“pie de fuerza”), que siempre se quedará corto y que podría ser potenciado con la tecnología; y la posibilidad de que se diluyan o desmonten en el tiempo, de la misma forma en que desaparece la presencia de la policía luego de hechos delictivos.
El proyecto de seguridad ciudadana, cuya presentación y ejes fueron anunciados por el ministro de Defensa, Diego Molano, en El Tiempo el fin de semana, también excluye el elemento tecnológico: controlar las armas menos letales, conocidas como armas traumáticas; restringir el porte de armas de fuego; castigar la reincidencia en el delito; incrementar el pie de fuerza; abordar el tema de la participación de las motos en los delitos.
Nadie niega que estas iniciativas sean importantes, o que ‘la mayoría’ vayan en la dirección correcta, pero también lucen cojas sin tecnología, a pesar de que por una ley tendrían más permanencia en el tiempo.
En una columna de opinión Ernesto Cortés, uno de los editores jefes de El Tiempo, aseguraba que el elemento fundamental de estas estrategias debería ser la ‘inteligencia’, concepto que podría involucrar el de la tecnología, pero que si así fuera está envuelto en un manto de misterio y secreto que no tiene ninguna justificación, y que amerita mención y estrategias explícitas.
Increíblemente, cuando se habla de tecnología no se hace referencia exclusivamente a tener más cámaras (algo deseable, y ojalá de alta definición), o cosas más sofisticadas como inteligencia artificial, ‘machine learning’, ‘big data’, o minería de datos, por mencionar solo algunas, que sería ideal tener y cuya efectividad ha sido probada en otras partes del mundo.
Hay otras más básicas, fáciles de poner en práctica, y, sobre todo, que ya están disponibles en nuestro contexto.
Es claro que detrás de la implantación de estas tecnologías hay una discusión justificada sobre la privacidad, el riesgo de las restricciones a las libertades individuales y los excesos, en particular en un país como Colombia, flagelado por la corrupción y con debilidades institucionales.
Existen antecedentes como la persecución a opositores y periodistas con interceptaciones ilegales, o la venta de información con propósitos diferentes a la seguridad, que muestran que la tecnología también se puede usar de forma perversa, pero también existen mecanismos políticos y sociales para controlarla.
Claramente, el tema del disparo de la criminalidad tiene un componente social, que se potenció con la pandemia, y se combate con empleo, educación y, valga la redundancia, programas sociales. Pero es innegable que también tiene un componente de seguridad.
De cualquier forma, tanto en el caso de los celulares como el de las motos hay que acabar con la percepción de que las tecnologías disponibles solo se usan o han usado en casos de “alto perfil”; en los que se vuelven mediáticos; contra los que son considerados enemigos del Estado, también descritos como “objetivos de alto valor”; o, lamentablemente, contra los enemigos del gobernante de turno.
La gente está cansada de tanto anuncio de nuevas estrategias, quiere resultados. La tecnología tendría gran parte de la respuesta para ofrecerlos.
Rastreo de celulares
Parece que la Policía y, en general, las autoridades, fueran las únicas que no supieran que los celulares están dotados de GPS, con aplicaciones que permiten visualizar su ubicación en mapas, literalmente, en tiempo real.
Hasta los delincuentes, o al menos los más sofisticados, lo saben. En el robo del que fue víctima la ex fiscal Viviane Morales el pasado mes de julio, esta narró cómo los delincuentes, cuando se iban a ir de su apartamento, “devolvieron los tres computadores y los celulares… porque -dijo- usted sabe que los celulares y los computadores pueden tener un mecanismo para seguimiento”.
Pero son demasiados los casos en los que los mismos usuarios ubican los teléfonos robados y llegan hasta las puertas de las casas de los delincuentes y no pueden hacer nada.
Así mismo, son demasiados los casos en los que los usuarios entregan en sus denuncias la ubicación tentativa del celular y las autoridades no hacen nada.
Pocos días después de radicar la denuncia en el sitio web de la Policía (un completo desastre en términos de facilidad de uso), normalmente un burócrata de la Fiscalía envía un email en el que notifica a la víctima que el caso ha sido archivado (a pesar de que se entreguen indicios de la ubicación), dejando en claro que la denuncia tiene más una función estadística que un llamado a actuar, por eso el escepticismo de la gente.
Si esto es así, la pregunta obvia es: ¿por qué no se rastrean inmediatamente los teléfonos robados? La explicación no puede ser falta de conocimiento, y es discutible que sea de recursos. Claramente, hay falta de voluntad y decisión para hacerlo. Así mismo, hay una distorsión del concepto de “delito de alto impacto”, que ya no describe aquel que más afecta a los ciudadanos (por ejemplo, el robo de celulares), sino aquel que afecta la imagen de las autoridades, en particular la Policía, que da la impresión de que solo actúa diligentemente cuando este es registrado por los medios.
Incluso cuando el GPS está apagado, Google puede seguir rastreando el celular para personalizar los resultados de sus búsquedas y la publicidad que ofrece al usuario de acuerdo con su ubicación, según revelaron en el año 2018 investigaciones de la agencia de noticias AP y la Universidad de Princeton.
Pero supongamos que los celulares no tuvieran GPS, las autoridades saben que los operadores de telefonía celular pueden conocer la ubicación aproximada de los dispositivos (con un margen de unos 50 metros), y por tanto a quienes los tienen, mediante un procedimiento que se llama triangulación, usando sus torres de transmisión-recepción. Incluso, esta misma información es usada para personalizar publicidad para el propietario de acuerdo con su ubicación.
Una ley de seguridad ciudadana coyuntural, como la planteada ante el desbordamiento de la criminalidad, debería imponer la obligación de hacer seguimiento inmediato de los dispositivos robados, y facilitar la participación de privados, si no hay el conocimiento o la capacidad de la autoridad para hacerlo, pero con un trabajo coordinado.
Si existe alguna restricción legal, un proyecto de seguridad ciudadana debería incluir la obligatoriedad de los gigantes tecnológicos como Google u operadores de telefonía de proveer la información disponible, y en tiempo real, para ubicar los dispositivos robados.
Con matiz de ilegalidad, en Estados Unidos, tanto gigantes tecnológicos como operadores celulares (AT&T, Verizon, etc) participaron en los programas de vigilancia masiva de la ciudadanía, denunciados por el ex contratista de la CIA Edward Snowden en 2013, y justificados con el argumento de la lucha contra el terrorismo luego de los ataques a las Torres Gemelas en 2001. No solo participaron, se lucraron. Aquí, no se buscaría ese alcance. Simplemente, perseguir el crimen.
Un proyecto de seguridad ciudadana debería incluir un capítulo, con presupuesto, sobre tecnología.
Un proyecto de seguridad ciudadana debería convertir el robo de cualquier celular de un ciudadano anónimo en un caso de alto perfil, como si fuera un caso ventilado en los medios.
Tal vez el Gobierno y la Policía no han entendido la importancia del concepto de inmediatez para el combate de la criminalidad: cuando hay un celular involucrado, el delincuente, literalmente, lleva consigo un GPS. Ni se diga en casos de los robos masivos, donde lleva ‘ene’ GPS consigo, por lo que es inadmisible que no sean localizados.
Según un dato de la Fiscalía General de la Nación, en el año 2020 se robaron 60 mil celulares, lo que arroja un promedio diario de 164, aproximadamente. El porcentaje de recuperación es mínimo.
Frente a ese volumen, probablemente, habría que perseguir en tiempo real aleatoriamente una pequeña proporción, pero los resultados podrían tener un impacto muy alto.
Un proyecto de seguridad ciudadana debería rescatar el concepto original de CAI del año 1987, que luego fue usado en su sucursal virtual, pero carente de su significado: Comando de Atención ¡Inmediata!
Actuar en las primeras horas o minutos es importante para desarticular las bandas delincuenciales, antes de que puedan manipular los celulares, desarmarlos, comercializarlos, sacarlos del país.
Y si el delincuente ha tenido oportunidad de comercializarlo, un proyecto de seguridad ciudadana debería castigar a quien estuviera en posesión de un dispositivo robado.
La pregunta que resta es: ¿Cuánto del pie de fuerza que va a llegar se va a utilizar para perseguir de forma inmediata el robo de celulares? A juzgar por la ausencia de un eje tecnológico en las estrategias y proyecto de seguridad ciudadana: poco o nada.
Si de 1.500 nuevos policías que llegarían a reforzar la seguridad en Bogotá apenas el 10 % se dedicara a la persecución sistemática y en tiempo real del robo de celulares, se estaría hablando de 150 policías, que tendrían un mayor impacto. Ya no se hablaría de “pie de fuerza”… sino “a fuerza de cabeza”… de verdadera ‘inteligencia’.
Celulares inservibles
¿Qué tal si se usa la tecnología de espionaje para perseguir celulares robados?
La idea no es solo recuperar los celulares robados, sino, en los casos que sea realmente imposible hacerlo, dotarlos de software que los hagan inservibles.
Y en ese terreno hay espacio para la iniciativa privada y el emprendimiento digital, en coordinación con las autoridades, si estas carecen del conocimiento o los recursos.
El tema no es ajeno al Congreso, escenario donde el Gobierno buscará tramitar la ley de seguridad ciudadana.
Un proyecto de ley del senador Luis Fernando Velasco, radicado este año, pretendía hacer obligatorio que los celulares que se comercializaran en el país contaran con tecnologías de software o hardware que permitieran dejarlos inservibles remotamente.
La idea no es para nada descocada. En el año 2015, Edward Snowden, ex contratista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y consultor de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), de Estados Unidos, aseguró que las agencias de inteligencia de los gobiernos podían asumir fácilmente el control de los teléfonos móviles inteligentes (‘hackearlos’) sin que sus propietarios se dieran cuenta.
Snowden está asilado en Rusia por haber puesto al descubierto 2 años antes un programa secreto de vigilancia masiva de ciudadanos en Estados Unidos, con el potencial de tener alcance global, y que incluso ya había espiado a líderes mundiales como Ángela Merkel y otros aliados europeos de ese país.
Lo denunciado por Snowden era de horror (el Gran Hermano te vigila): el programa de vigilancia masiva incluía la grabación y análisis de la totalidad de las llamadas telefónicas que se hacían en Estados Unidos; acceso a los servidores de Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, Skype o Apple, de los que se obtenía, entre otros, historial de búsquedas y navegación, contenido de correos electrónicos, transferencia de archivos, conversaciones, fotos, registro de conexiones, contactos, etc; creación de perfiles sociales; acceso a la red de cables que transportan las llamadas telefónicas y el tráfico de internet por todo el mundo; recolección y análisis de millones de mensajes de texto…
En entrevista con la BBC, Snowden dijo que en el caso del Reino Unido la agencia de inteligencia (GCHQ) tenía un conjunto de herramientas (llamadas Smurt Suite), que le permitían, por ejemplo, encender el micrófono del celular (incluso si este último estaba apagado) para escuchar lo que se hablaba a su alrededor, o ubicarlo con una herramienta de geolocalización. Las herramientas podrían también ordenar al celular activar la cámara para tomar fotos o videos.
Valdría la pena preguntar al Gobierno y los expertos en seguridad, por ejemplo, ¿qué pasaría si se rastrearan o desactivaran los celulares, inmediatamente son robados, con tecnologías como las mencionadas por Snowden, que no son nada nuevas y que fueron concebidas para lo que Estados Unidos y el Reino Unido llaman “la lucha contra el terrorismo”, luego de los atentados a las Torres Gemelas en 2001?
La respuesta corta es que la ubicación y judicialización de los delincuentes sería relativamente fácil. Y el panorama de la delincuencia sería otro.
Existe una discusión justificada en torno a los programas contra el terrorismo en términos de restricción de libertades individuales y potenciales excesos, pero sobre todo por la violación de la privacidad, que podría ser extensivo a iniciativas como esta.
Sobre el derecho a la privacidad, vale la pena preguntar al Gobierno y los expertos: ¿qué pasa con este concepto si es el mismo propietario del celular quien autoriza para que el Estado o un particular cargue este software (el mencionado por Snowden o uno similar), lo active y asuma su control en caso de robo? Nuevamente, la respuesta corta es: la ubicación y judicialización de los delincuentes sería relativamente fácil.
Hay que reiterar, hay un terreno fértil, no solo para la acción del Estado, sino para la iniciativa privada, el emprendimiento digital (¡Busco inversionista!).
Que lo hiciera un proveedor privado o el Estado a petición del propietario no requeriría, a diferencia de la propuesta de Velasco, una ley. Y si así fuera, se podría, fácilmente, enmarcar dentro de la de seguridad ciudadana.
Motos con GPS
Dentro de las estrategias del siglo 20 para enfrentar la ola de criminalidad, tal vez la más polémica es la de prohibir el parrillero, lo que afectaría a millones de usuarios y familias que no están involucradas con la delincuencia.
Por eso, la pregunta válida es: ¿Y si mejor se hace obligatorio el GPS para motos? Más aún: ¿qué tal si se hace obligatorio el GPS para todos los vehículos? ¿Cómo cambiaría el panorama de la criminalidad con una medida como esta? Seguramente, cambiaría radicalmente.
No se trata de estigmatizar, pero es un hecho que la moto está involucrada en 8 de cada 10 actos delictivos, según cifras de la policía de Bogotá. En el resto del país, la estadística puede ser similar.
Este vehículo ha cambiado la dinámica de la criminalidad de tal forma que es cada vez más difícil señalar zonas exentas de riesgo. Los delincuentes se mueven aleatoriamente por toda la ciudad en busca de oportunidades, en particular a los sitios en los que asumen hay botines más jugosos: locales comerciales, restaurante de lujo, celulares de alta gama. Pero, en general, hay botines por todas partes.
Dado que el celular está en el centro de casi todo acto delictivo, bien sea como herramienta para consumarlo, o como botín principal o marginal, es claro que, luego, los celulares viajan en moto. Y el delincuente es, literalmente, un GPS o muchos GPS en movimiento, lo que permitiría su ubicación.
Pero la tecnología disponible también permitiría rastrear no solo el celular sino a la moto (y en general todo vehículo), si esta también tuviera un dispositivo de geolocalización (el dichoso GPS).
El rastreo permanente de vehículos con el software correcto permitiría detectar los presentes en un lugar y momento dado de un delito y hacerles seguimiento.
Este GPS podría funcionar en conjunto con otras tecnologías ya presentes en el país, por ejemplo el chip usado o previsto para los peajes electrónicos, o las famosas cámaras ‘salvavidas’.
Hoy por hoy, en Bogotá las cámaras son usadas para perseguir a los ciudadanos, con el nombre de ‘Cámaras Salvavidas’, mediante la detección de la placa. ¿Por qué no se usa la misma plataforma para rastrear a todas las motos y detectar en tiempo real las involucradas en delitos? ¿Que se falseó la placa para cometer un ilícito? Un sistema (que podría ser de inteligencia artificial) permitiría su identificación porque el número es chimbo o porque copió otro real y advertir (en tiempo real) que hay 2 con el mismo número circulando.
Hay sistemas con cámaras que están diseñados para tomar miles de fotos de vehículos por segundo. Si están ubicadas en toda la ciudad, sería fácil establecer cuál estuvo en un lugar y momento dado de un delito.
Si se tuviera la misma agilidad que se tiene para perseguir delincuentes como la que se tiene para perseguir ciudadanos infractores de tránsito, las cámaras podrían ser llamadas, no salvavidas, sino ‘salvavidas-honra y bienes’.
Frente a estas posibilidades, la propuesta de prohibir el parrillero palidece.
Pero aquí también hay la discusión sobre el derecho a la privacidad, que se ha dado en particular en Europa. A pesar de que la tecnología existe, y no es costosa, en países como Alemania hay una oposición radical. No tanto así en Italia, donde el fraude de seguros es muy frecuente y el rastreo es una forma de evitar resultar involucrado en accidentes en los que el vehículo en realidad no estuvo.
Un argumento adicional para aquellos que se oponen instintivamente a medidas como estas, algunas asociaciones de propietarios de motos, por ejemplo, es que el GPS no solo serviría para rastrear a los delincuentes sino a las motos robadas, otro delito en auge.
Durante la visita en seis meses, se trabajará de manera conjunta con las autoridades colombianas en la revisión de estos temas
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