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Luego de que el Sena reabriera el proceso solamente dos proponentes se presentaron. El 25 de septiembre se conocerá quién se quedará con el contrato
El contrato por $723.665 millones para renovar la infraestructura tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ya tiene dos proponentes: Colombia Telecomunicaciones S.A., razón social que identifica a Telefónica Colombia; y la Unión Temporal Gestión Integral Sena, integrada por Comcel S.A. (Claro) y Carvajal Tecnología y Servicios.
La licitación, que tiene prevista para el 25 de septiembre la presentación del acto administrativo de adjudicación, estuvo en el centro de la opinión pública las últimas semanas, pues la Procuraduría solicitó al Sena suspenderla, por presuntas irregularidades en el proceso. Incluso, la embajada de Estados Unidos manifestó su preocupación de que se estuviera favoreciendo al gigante chino Huawei, que al final no se presentó a la licitación.
La solicitud del ente de control, en la que cuestionó la manera en la que se realizó el proceso, se sumó a los reparos que presentaron compañías como Claro, Tigo, Carvajal, e incluso Indra, actual operador de los servicios de tecnología del Sena. Si bien entre los dos proponentes se definirá en menos de 20 días al responsable de la renovación tecnológica de las 33 sedes del Sena y sus 117 centros en todo el país, el procurador, Fernando Carrillo, aseguró que la entidad continuará en “vigilancia preventiva”, y que espera que se dé más claridad en relación con el acuerdo marco de precios, el uso de recursos y la pluralidad de oferentes.
“Nosotros no coadministramos y por ende la responsabilidad de la ejecución y de completar este contrato es exclusivamente de la dirección del Sena, pero seguimos con muchas inquietudes”, indicó Carrillo.
El abogado experto en la materia, César Barrero Berardinelli, socio y director de derecho público de PPU, explicó que el concepto de “vigilancia preventiva lo que busca es, de manera eficaz, que la Procuraduría pueda realizar vigilancia sobre actos, contratos o procesos de contratación y sugerirle medida a la administración que eviten que se realicen conductas contrarias a la modalidad administrativa, al patrimonio público y en general a la legalidad”.
Socio de PPU y dir. de derecho público
Carlos Zenteno, presidente de Claro, destacó que es un negocio muy grande para la compañía. “Sabemos que va a arrancar un proceso de una revisión muy detallada de las ofertas, pero estamos optimistas”, dijo Zenteno.
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