Transferencias del Gobierno evitaron que 2,3 millones de personas cayeran en la pobreza

En el momento en el que inició la pandemia, los números en rojo empezaron a aparecer y las alarmas se prendieron por la población vulnerable. Por ello, el Gobierno Nacional y varios territoriales actuaron para proteger a esta población que, normalmente, es la que depende de un sustento diario.

En este sentido, y con miras a no permitir que la situación se agravara más, el Gobierno comenzó con la implementación de una serie de transferencias que hoy se traducen en programas como: Devolución de IVA, Ingreso Solidario, Bogotá Solidaria en Casa, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Familias en Acción. Los tres últimos eran programas que ya estaban establecidos, pero que se extendieron a más población.

En línea con esto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) realizó un estudio que permite ver el impacto de la pandemia en el empleo y en la pobreza. En este, una de las conclusiones principales tiene que ver con las transferencias sociales, y es que los autores resaltan que gracias a estas alrededor de 2,3 millones de personas no habrían caído en la pobreza. Esto, teniendo en cuenta los datos de los salarios o ingresos recibidos en 2020.

Adicionalmente, en el escenario empleo, que pronostica el mayor incremento de pobreza, la incidencia de esta llegaría a 38%, por lo que la cantidad de personas que hubieran entrado en pobreza sería de 2,1 millones.

Con base en esto, Yadira Díaz, autora del documento y subsecretaria de planeación socioeconómica de la Secretaría de Planeación de Bogotá, resaltó que uno de los principales hallazgos es que las transferencias monetarias del Gobierno mitigaron el aumento de la pobreza en alrededor de cuatro puntos porcentuales en el país y en un punto en Bogotá.

“Las poblaciones más afectadas por la crisis han sido mujeres y jóvenes y adicional a eso, las transferencias tienen su mayor efecto en la parte más baja de la distribución de la población”, dijo Díaz.

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Ante este panorama, una de las conclusiones y recomendaciones que se enmarcan en el documento del Pnud es que las transferencias sociales para hogares pobres y vulnerables se mantengan por lo menos hasta la primera mitad de 2021.

Por otra parte, el estudio resaltó el papel de la informalidad en el aumento de pobreza y. En esto, los autores señalaron que el alto nivel de informalidad limita la reactivación económica y dificulta la irrigación de recursos al aparato productivo. Por ello, recomiendan recuperar la economía con la creación de más puestos de trabajo.