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Y es que como explica Milton Fernando Montoya, director de investigaciones del departamento de derecho minero-energético de la Universidad Externado, “hoy Colombia enfrenta un escenario crítico acompañado en sus efectos micro de una oleada de despidos y desocupación en el sector (con sus conocidas repercusiones), que no solo afecta a las empresas contratistas de la ANH, sino también a terceros operadores, empresas de servicios, profesionales independientes, etc (sin mencionar otras serias consecuencias como las devoluciones de áreas adjudicadas que pretenden algunos contratistas).
Dentro de las primeras de la lista están las transportadoras de crudo y sus camiones cisterna, ya que el transporte por barril es de cerca de US$25 a diferencia del transporte por oleoducto, que cuesta por barril cerca de US$5. Adicionalmente, la mayoría de compañías que prestaban este servicio, también cubrían el transporte de suministros y personal, los cuales han disminuido en una quinta parte.
Uno de los ejemplos claros lo presentó la flota de Transportes Paraíso Regional a la agencia de noticias Reuters. Esta compañía era la encargada de movilizar petróleo, suministros y personal para campos en el oriente del país andino y pasó de 320 vehículos hace seis meses a 16 hoy en día.
“Ya le comenté a mi personal (remanente) que vamos a resistir dos meses pagándoles sus salarios, si no, me tocará entrar a despedirlos también”, dijo Mario Romero gerente de la empresa y agregó que no aguantaría más tiempo.
Otras empresas de construcción de oleoductos e ingeniería han recurrido a planes B, como la entrada a otros sectores, como la venta de agua, donde puedan emplear sus conocimientos para no terminar despidiendo a sus empleados y mantenerse mientras pasa la crisis, que espera afecte a 25.000 empleados.
Y es que a pesar de que Colombia no es un país petrolero, el sector aporta 50% de las ventas externas y 25% de los ingresos fiscales. Además, la cifra de regalías según el ministerio de Minas este año podría caer y ser de US$2.720 millones, en comparación con los US$6.800 millones de 2014.
Una de las alertas más grandes y donde se espera la crisis más profunda, si el Gobierno no toma cartas en el asunto, es en Puerto Gaitán, ya que como explicó el presidente ejecutivo de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, ante la incertidumbre de si Pacific se queda o no con Campo Rubiales “nos preocupa enormemente lo que empezamos a sentir en las zonas de actividad, con relación a los proveedores que le prestan servicios a esta empresa”.
El experto financiero del sector, Santiago Suárez, señaló que “las empresas que tienen que ver con exploración y producción sobre todo con sismología, perforación, suministro de facilidades, están teniendo varías dificultades”. Y agrega que “por otra parte las empresas que ofrecen operación y mantenimiento de campos se ven afectadas porque posiblemente las productoras les piden que disminuyan la cantidad de trabajadores que les suministran”. Por ejemplo, sólo en los dos primeros meses del año, las empresas que prestan servicios a Pacific en el Meta ya han despedido 2.500 trabajadores.
Otras cifras de Campetrol, también recrudecen la situación. La sísmica por ejemplo ya presenta una reducción de más de 50%, mientras que en el uso de taladros la capacidad ociosa es 40%.
Finalmente, Lizarralde hace un llamado a no sobredimensionar la coyuntura y analizar las compañías como Ecopetrol desde el interior ya que como explica “desde 1976 a 2004 tuvimos un precio promedio del barril de US$25, época en la que el sector estuvo dinámico, de 2004 a la fecha el promedio fue de US$81, hoy estamos en los US$50, por ello Ecopetrol debe analizar a fondo cuáles son los verdaderos problemas que definitivamente están afectando a la industria y sus costos, allí también necesitamos decisiones rápidas”.
Las opiniones
Rubén Darío Lizarralde
Presidente de Campetrol
“Esperamos medidas rápidas sobre la concesión de Rubiales ya que nos preocupa lo que empezamos a ver en las zonas de actividad, con relación a los proveedores de servicios”.
Milton Montoya
Director derecho minero-energético Universidad Externado
“Los efectos micro de la crisis son una oleada de despidos, problemas de operadores, empresas de servicios y profesionales independientes”.
Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que este manejo está respaldado por auditorías integrales realizadas por la firma Amezquita & CIA S.A.S.
Estos incrementos se harán presentes desde los primeros días de enero y llegarán, hasta mediados de julio en la mayoría de casos
Las familias que están programadas para recibir los beneficios deberán recibir un mensaje de texto de su operador, que indica que ya están disponibles los recursos
