Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenó resolución del Ministerio de Ambiente

ARTÍCULO RELACIONADO

Alertan expropiación en la Sabana por una resolución del Ministerio de Agricultura

La magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó la suspensión del trámite de la resolución del Ministerio de Ambiente, que pretendía establecer los lineamientos para el ordenamiento de Bogotá y la Sabana.

Tras el fallo, al Gobierno le toca reiniciar el trámite para la expedición de la normativa, pero esto le genera muchas suspicacias a la Alcaldía de Bogotá, porque la resolución se elaboró sin proceso de consulta y concertación, además que advierten que no se tuvieron en cuenta a los habitantes de la capital del país y sus municipios aledaños.

Según lo explicado por el secretario jurídico de Bogotá, Mauricio Moncayo, el proyecto de resolución se fundamentaba en la Ley 99 y en el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, que le otorga al Ministerio de Ambiente la facultad de definir determinantes ambientales.

Sin embargo, el funcionario advirtió que la propuesta no cumple con principios fundamentales como la coordinación, concurrencia y autonomía territorial.

“Desde octubre del año pasado, el alcalde mayor ya le había pedido, incluso en presencia del presidente, a la entonces ministra de Ambiente, que nos invitaran unas mesas de coordinación para hacer la valoración y verificación de los determinantes ambientales. Ellos siempre dicen que hubo 33 mesas, pero realmente solo estuvimos citados a cuatro mesas. Y verificado en qué consistían estas mesas, eran unos foros donde invitaban a todo el mundo, y eran de participación pasiva, porque no había elementos de juicio suficientes para hacer un análisis técnico”, sentenció Moncayo.

ARTÍCULO RELACIONADO

Estas son las obras de la Sabana bogotana en vilo por resolución ambiental ministerial

La secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque, dijo que el Gobierno no contempló las condiciones de miles de familias, cuyas viviendas de la noche a la mañana aparecerían catalogadas en terrenos de humedales, lo que dejaba en vilo el futuro de esas propiedades y de las obras e infraestructura que ya estuviera desarrollada en esas zonas protegidas.

Según Ablanque, se estima que aproximadamente 600.000 personas podrían verse directamente afectadas por la nueva delimitación ambiental. De hecho, seis barrios que actualmente podrían ver frenada su regularización, lo que pondría en riesgo su acceso a servicios públicos y otras garantías de urbanización.

“Todo el borde occidental de Bogotá hubiera afectado a la resolución, porque la cartografía de la resolución la clasificó como humedad. Estamos hablando de más de 600.000 personas que están en esta zona del territorio, esto quiere decir que si pretenden licenciar, o vender, van a tener problemas; el valor de sus viviendas se va a ver afectado y esto no solo va a pasar con las viviendas, va a pasar también con las obras de infraestructura. Cuando uno va a sacar para una obra de infraestructura y está sobre un humedal, pues eso tiene connotaciones para el licenciamiento grave”, sentenció Ablanque.

Las implicaciones de esa resolución impactaban proyectos de infraestructura clave para la ciudad, y temen que en la presentación de un nuevo borrador vuelvan a verse implicados. Entre las vías que estaban el desarrollo de los patios talleres del metro, líneas uno y dos, el desarrollo de la avenida longitudinal de occidente en sus tramos norte, centro y sur, entre otros.

En ese sentido, la rectora de la Universidad EAN, y experta en tema ambiental, Brigitte Baptiste, criticó ese borrador, señalando que su estructura es deficiente y que carece de un análisis técnico riguroso sobre la relación entre el crecimiento urbano y la afectación ambiental.

“El documento es bastante extenso, lleno de afirmaciones idiosincráticas y cifras dispersas, pero nunca acaba de precisar cómo es que la ciudad afecta los distintos componentes del ambiente y la sociedad”, afirmó.

Desde el distrito advierten que la ciudad ya venía trabajando en la recuperación y protección de varias zonas, de hecho, la secretaría encargada de Ambiente, Claudia Galvis, reveló que uno de los ejes principales de la política ambiental del Distrito ha sido la restauración de los Cerros Orientales, que es una zona esencial para el abastecimiento hídrico de la ciudad y un ecosistema vital para la regulación climática. Desde el inicio de la actual administración, se ha puesto en marcha un ambicioso plan de restauración ecológica con el objetivo de recuperar 1.300 hectáreas degradadas, de las cuales van 497.