Un viaje al pueblo más pobre de Colombia: El Charco

Fue un descendiente del mítico Federico D’Croz quien fundó El Charco a finales del siglo XIX. Debió visionar en su privilegiado enclave geográfico, en su riqueza maderera y aurífera unas oportunidades inagotables de progreso. Las mismas que apreciaron los emprendedores y los buscadores de fortuna que le siguieron. Lo que ninguno podía prever es el futuro sombrío que aguardaba al municipio nariñense de treinta y tres mil almas -12.000 en el casco urbano-, agobiado hoy en día por la violencia, pobreza, corrupción y desidia.

La población, a orillas del río Tapaje y muy cerca del Pacífico, tiene en Tumaco, a cuatro horas de lancha por un laberinto de esteros, su cordón umbilical con el departamento. Más cerca queda Guapi, Cauca, a solo cuarenta y cinco minutos bordeando la costa, pero de allá solo se puede viajar al interior del país por aire. Y a Buenaventura, la ruta más transitada porque los lugareños miran hacia el Valle del Cauca para traer mercancía y soñar con horizontes más anchos, los barcos demoran doce horas por el Pacífico. No hay una sola carretera que le una a nada, todo es por agua.  

Y ese es el primer obstáculo para el desarrollo puesto que el elevado coste del transporte encarece los productos. Si una manzana en Tumaco cuesta quinientos pesos, en El Charco son mil. El margen es justo puesto que en cada embarque pierden un mínimo del 30 por ciento de la mercancía perecedera, tanto por el precario estado de los navíos como por las malas condiciones para el descargue que ofrece el muelle.

Hay otros factores perjudiciales, como los pésimos servicios públicos y la proliferación de familias de entre ocho y doce hijos, un número que las condena a una vida de privaciones. 

Además, el 85 por ciento de la población está registrada como desplazada, porcentaje que distorsiona las cifras del Dane que sitúa al municipio a la cabeza del listado de los más pobres. Porque si bien son visibles las enormes carencias que sufren los pobladores, no se aprecian las condiciones de absoluta miseria que una encuentra en otras localidades. Entre otras razones, porque los desplazados de El Charco son vecinos del mismo municipio y la mayoría regresó a sus caseríos para rehacer sus vidas con sus propias manos, sin ayudas estatales, y de alguna manera fueron saliendo adelante. “Aquí nadie se mure de hambre, quien menos come dos veces al día”, asegura una comerciante.

“Es el municipio con más desplazados del país. Son 27.085 inscritos, el 80 por ciento ya regresó pero siguen siéndolo en el papel. Del 2012 para acá no ha habido otro desplazamiento masivo pero sí gota a gota”, afirma José John Camacho, enlace municipal de víctimas. La razón para que se haya detenido el éxodo es la existencia de un solo grupo armado; cuando hay dos, la población queda en medio y sufre el acoso de ambos lados.

“El problema del retorno es volver a poner en marcha sus vidas, sus cultivos. Y está la fumiga (para eliminar la coca) terminando con lo que quedaba de productos lícitos. Es el pan nuestro de cada día de los retornados”, agrega. “Con seis meses que les apoyaran cuando regresan a sus tierras, sería suficiente, pero todo queda en burocracia, son programas pequeños (de asistencia) que no generan impacto”. 

Para el director del Banco Agrario, Boris Alegría, un profesional de la región, resulta extraño que El Charco figure como el más pobre. “Se  ha conseguido bancarizar a un porcentaje de entre el 60 y el 70 por ciento del municipio”, entre otras razones, por los pagos de Familias en Acción, a los maestros y los préstamos. “El crédito medio que entregamos es de 7 millones para proyectos y el Fondo Agropecuario avala el 80 por ciento”.   

Bonanza cocalera

Hubo un tiempo –entre el 2001 y el 2007- en que El Charco conoció el espejismo de la bonanza cocalera y sus habitantes vieron correr por sus calles mucho dinero. Unos lo emplearon para mejorar sus viviendas o poner algún negocio, pero también se multiplicaron las cantinas, los “chocheros” -nombre local de burdeles-, los desplazados y los muertos. 

Las AUC llegaron en el 2001, en parte por ser El Charco un punto intermedio entre varios municipios de la zona (Satinga, Iscuandé, La Tola) y en parte por el auge cocalero. Causaron estragos hasta que los charqueños se hartaron de vivir bajo su dominio sanguinario, que ejercían en complicidad con la policía, y los echaron. El florero de Llorente fue la detención de un buen muchacho al que los paramilitares pretendieron asesinar el 27 de septiembre del 2003. El pueblo salió unido a rescatarlo y sus captores tuvieron que soltarlo. Después, también todos juntos, exigieron al gobierno nacional que cambiara a todos los agentes, por su complicidad con los criminales, y que reforzara la Armada Nacional, en la que sí creían. Lograron sus propósitos con la ministra de Defensa de entonces, Martha Lucía Ramírez, y disfrutaron de un periodo de paz.

Los “paras” se replegaron al vecino Satinga –uno de los pueblos más cocaleros de Colombia- y no regresaron. Pero el poderoso Frente 29 de las Farc, decidió ocupar el terreno que dejaron sus enemigos y en la actualidad es el amo y señor de la región. 

Hoy en día, además de las vacunas, de los permanentes hostigamientos y atentados contra la estación de policía -situada en el centro de El Charco y convertida en su diana favorita-, y de los desplazamientos que en ocasiones fuerzan, nadie puede viajar a casi ninguna vereda si no cuentan con su permiso previo. 

En la administración Santos desmantelaron el Batallón del Ejército que estaba instalado en San José, la vereda más alejada y la mayor, y también retiraron el punto fijo que tenía la Armada en Pulvusa, con lo que el control de las poblaciones sobre el río Tapaje quedó en manos de la guerrilla. La Base naval, situada en la orilla opuesta a la población, es insuficiente.  

Cuando la coca perdió fuerza por las incesantes campañas de erradicación manual y aérea, que también acabó con sembradíos lícitos, los profesores tomaron el relevo como motor de la economía local, tan importante como el comercio, y por encima de la madera, la pesca, el oro, la coca y el banano. 

Sin la inyección de los 320 docentes fijos y los 45 contratados a la economía local, gran parte de El Charco estaría en la absoluta miseria.

Pero ese beneficio también es una causa de su atraso. El elevado número de niños es una bomba de tiempo porque no habrá posibilidad de trabajo para tanta mano de obra joven sin la cualificación adecuada.

El elevado número de niños, muchos más de los que las familias pueden alimentar y educar bien –hay 8.560 matriculados en los centros académicos- es una bomba de tiempo porque no habrá posibilidad de trabajo para tanta mano de obra joven que no tiene cualificación adecuada.

“Es muy difícil luchar contra la cultura”, explica una profesora que intenta denodadamente concientizar sobre la urgencia de aplicar la paternidad responsable y los métodos anticonceptivos. “Unas mujeres no se operan para dejar de tener hijos porque si lo hacen, el marido las deja, o no toman precauciones porque su pareja les acusa de querer estar con otros hombres. También hay evangélicos que tienen los que Dios les mande. Y hay niñas que a los 14 ya tienen bebé y en la familia les parece bien porque forman otro hogar y es una carga menos”, agrega y pide reserva de nombre.

En ocasiones el resultado es desnutrición de los más pequeños, de ahí que exista un Centro de Recuperación Nutricional donde atienden a unos 28 infantes al mes. “Casi todos proceden del área rural. Hay niños que quedan a cargo de sus hermanos mayores porque los papás se internan en el monte dos meses para trabajar las minas y les puede faltar comida”, señala Marlen Adriana Sánchez, coordinadora-psicóloga del programa. 

Y aunque la alimentación no sea para muchos un problema acuciante porque siempre se puede echar un sedal al río o alguien regala comida, el futuro se antoja preocupante porque son muchas las bocas y escasas las fuentes de ingresos. Numerosos adolescentes se levantan cada día con la esperanza de rebuscarse unos pesos ya sea “conchando” (recoger un molusco llamado piangua en la arena, que los ecuatorianos cambian por enlatados) o cargando bultos en el puerto, entre otras labores.  

Madereros

Los aserraderos eran una opción laboral para decenas de charqueños antes del 2000, cuando había cinco empresas y sacaban tres viajes de madera al mes, pero cada día los jornales son más esporádicos y ya solo quedan dos compañías que pasan semanas y hasta meses paradas en la temporada de verano. 

Necesitan que crezcan los caños en las cabeceras de los ríos para bajar la madera. Los jornaleros se internan durante cuatro meses en los bosques y viven en condiciones extremas por la cantidad de zancudos y culebras. Por 30 ó 35 mil pesos diarios cortan árboles y los tiran a los caños hasta formar lo que llaman un “chorizo”, con unos doscientos troncos. Cuando juntan quince chorizos, los conducen por el río grande hasta los aserríos. Allí juntan entre tres y cuatro mil palos para embarcarlos hacía Buenaventura.

La corrupción es otro mal, para algunos vecinos el peor, que impide que progresen. El hospital local, de primer nivel, es un buen reflejo. Desde marzo, una parte de los empleados no recibe salario, en ocasiones quedan sin energía porque ya no les fían gasolina y no pueden alimentar la planta propia en las horas y días en que no llega la luz del municipio. Igual ocurre con los laboratorios, no les suministran medicamentos por las deudas que arrastran. 

“Más de una vez no se pueden remitir pacientes a Tumaco porque no hay para la gasolina de la lancha y se mueren”, indica una enfermera que no quiere que cite su nombre.  

El cáncer de la corrupción tiene unos de sus orígenes en las elecciones a alcalde. Algunos aspirantes se endeudan en exceso y luego tiene que devolver los créditos que le entregan particulares mordiendo pedazos del Presupuesto municipal –entre 11 y 12 mil millones anuales-y en más de una ocasión los prestamistas son mafiosos de la zona.

Hay charqueños que achacan a los robos del erario la pesadilla que padecen con la energía, si bien la empresa local culpa al incumplimiento del gobierno. 

Por falta de recursos, aplicaron el pico y placa: un día un sector del pueblo la recibe de 12am a 5pm, y al siguiente, de 5pm a 12pm. Veinticuatro horas más tarde hacen al contrario. Pero han llegado a estar todos a oscuras hasta cuatro meses porque no había con qué comprar el Acpm.

“El Ministerio de minas y Energía nos ha engañado, nos da fecha para darnos los recursos pero no giran y así llevamos dos años. Todos los días buscan una excusa”, alega Miguel Ángel Esterilla, gerente encargado de Sociedad Egechar SA.Esp, que opera la energía en El Charco.

Deben dos mil millones a los acreedores, cuatro plantas están dañadas, casi un 50 por ciento de los habitantes no paga, necesitan cambiar redes porque el pueblo se expandió y no tienen recursos para hacerlo. El costo mensual del servicio son cien millones y el Ministerio puso a una compañía intermediaria –Cedenar- para garantizar el buen funcionamiento, pero no ha dado resultado. Esterilla le echa la culpa a dicha empresa por no entregar los fondos, la gente en el pueblo habla de corrupción, de que la plata se queda en bolsillos de los políticos, el caso es que la luz no llega como debiera.  
“Que venga el Presidente a dormir en una noche de verano caliente a ver que siente. Es una Colombia muy distinta a la de ellos”, se queja un vecino.

Pese a las dificultades evidentes, no todos son pesimistas. Más de un comerciante entrevistado, que como la mayoría prefiere no dar su nombre, cree que El Charco puede resplandecer un día. “Deben construir un hospital de segundo nivel para toda la región, porque estamos en el centro; tenemos tierras muy fértiles, pero necesitamos apoyo, energía, vías de penetración, gasolina barata, un puerto mejor y que arreglen el aeropuerto”, sugiere uno.

Porque hasta hace unos meses, el pueblo contaba con un aeródromo que le conectaba con Cali. Lo cerraron por falta de mantenimiento de la pista. La plata, como siempre, se perdió en el camino.   

La opinión

Fernando Herrera
Coordinador área de Pobreza Pnud
“Desde un punto de vista multidimensional los problemas más serios de Colombia en pobreza son el empleo y la vivienda. Esos son los más complicados de resolver”.