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Rector de Unal pidió que se investiguen los supuestos casos de corrupción
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José Ismael Peña pidió a las autoridades revisar la gestión de los recursos públicos. Ministerio de Educación asegura que su reforma busca evitar la desfinanciación de las universidades
A través de una carta, José Ismael Peña, rector designado de la Universidad Nacional, le solicitó a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, una investigación en contra de la institución por los presuntos señalamientos de corrupción al interior de la entidad, que estaría generando un multimillonario déficit. Desde el Ministerio de Educación aseguran que se debe acelerar la discusión de su reforma, para evitar los déficits financieros, y garantizar la autonomía universitaria.
El comunicado presentado por Peña señala la preocupación que tiene la universidad por los cuestionamientos y señalamientos de la existencia de una presunta red de corrupción, que ha sustraído multimillonarios recursos.
“En los últimos días se han planteado una serie de cuestionamientos que señalan la presunta existencia de redes de corrupción que supuestamente roban multimillonarios recursos públicos. Estos cuestionamientos han sido difundidos en diferentes medios de comunicación y en redes sociales, y ponen en duda la transparencia de la gestión de los recursos publica que realizan corporaciones en las que tiene participación la Universidad Nacional de Colombia”, aseguró Peña.
Sumado a los presuntos señalamientos de corrupción, un informe de la vicerrectoría académica estima que el paro académico, que lleva dos meses, ya ha dejado importantes impactos económicos, especialmente por las manifestaciones y desmanes que generan las mismas.
De acuerdo con las estimaciones, solamente para reparar los daños que se han generado por los desmanes en estas últimas jornadas, le costaría más de $4.000 millones, que se suma a las afectaciones de los programas alimentarios, y los desfalcos por el presunto caso de corrupción.
El viceministro de educación superior, Alejandro Álvarez, presentó una carta donde enfatiza la necesidad de reformar la Ley 30 de 1992, con el fin de actualizar el sistema educativo nacional, y aumentar la cobertura del mismo.
Eso sumado a las crisis financieras de varias universidades, y el debate sobre la vulneración de la autonomía universitaria, hace necesario que se retome la discusión sobre la reforma a la educación, de acuerdo con el funcionario.
“La crítica situación financiera que viven las instituciones de educación superior públicas, publicitada recientemente a propósito de la Universidad de Antioquia, además de los problemas de gobernanza que se viven en varias de ellas e incluso en las universidades privadas, como lo mostró también la reciente crisis de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional”, dijo Álvarez.
“Nos llama la atención sobre la necesidad de actuar no solo con la reforma estructural del sistema mismo, sino con las facultades que la ley le otorga al Ministerio de Educación para velar por la eficiente prestación del servicio y la garantía del derecho en condiciones de calidad y pertinencia”, agregó el viceministro.
En el comunicado asegura que ninguna de las actuaciones del gobierno ha vulnerado la autonomía universitaria, y que las interpretaciones de algunos sectores los ha tomado por sorpresa, pues todas sus intervenciones han sido desplegadas conforme al marco jurídico.
Es por esto que el viceministro aseguró que la reforma a la educación solucionará los problemas de las universidades, que por sus “imperfecciones”, en la actualidad tienen a varias instituciones en crisis.
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Galvis fue, en su momento, integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada entre 2015 y 2019 y magistrada especial de la JEP
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