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De acuerdo con Vargas Lleras, un punto crítico fue el cambio de metodología que se hizo en la adjudicación del contrato
German Vargas Lleras arremetió contra el contrato del Ministerio de las TIC con Centros poblados por $1,07 billones, del cual se hizo un anticipo de $70.000 millones, y que buscaba llevar internet a más de 7.000 colegios públicos del país.
En una columna de opinión que se publicó en El Tiempo, Vargas Lleras aseguró que el Ministerio tuvo tiempo de revisar los pliegos del contrato, pues estos, una vez modificados, solo se publicaron en agosto de 2020 y, de forma definitiva, en octubre.
Agregó que, aunque inicialmente se trataba de una sola región, el hecho de que se dividiera en dos hizo que las exigencias financieras y de experiencias se redujeran a la mitad, "qué error para un contrato de ese impacto y monto", dijo.
De acuerdo con Vargas Lleras, un punto crítico fue el cambio de metodología que se hizo en la adjudicación del contrato. Aunque la ministra Abudinen dijo que se privilegiaría la oferta con mayores colegios ofrecidos, el requisito cambió por un método que permitía que la Unión Temporal de Centros Poblados presentara la última oferta, faltando nueve minutos para el cierre de la licitación y siendo la ganadora.
"Solo los funcionarios tenían acceso a todas las ofertas en tiempo real que eran subidas al sistema. ¿Por qué se hizo este cambio? ¿Se filtró información privilegiada a Centros Poblados desde el Ministerio", dijo.
En cuanto a la autorización de los pagos y a los bancos garantes, aunque la ministra ha dicho que la responsabilidad de lo sucedido es del comité fiduciario, Vargas Lleras destacó que a pesar de que el supervisor del contrato, el director de interventoría, el representante del contratista y los garantes debían ser invitados permanentes de los comités fiduciarios, estos nunca asistieron.
"Hoy sabemos que la póliza era chimba, que no existía ningún banco garante a quien invitar. Pero nada de esto les llamó la atención y autorizaron los desembolsos sin ningún problema. Si hubieran intentado al menos contactarlos, se habrían dado cuenta de inmediato, y antes de girar los anticipos, de la falsedad de las pólizas, de todas las pólizas incluidas, por supuesto, la de seriedad de la oferta con la cual se habilitaron", anotó.
También se cuestionó el conflicto de intereses en la adjudicación, pues el interventor, a quien se le adjudicó un contrato por $19.000 millones, está integrado por las empresas Telemediciones y Eurocontrol, que en otras contrataciones han sido socias de Funtics, socia de Centros Poblados, Unión a la que ahora deben auditar.
"Con tamaño conflicto de intereses, ¿cómo pudo adjudicársele este millonario contrato? ¿Nadie se enteró, nadie revisó? Qué conveniente", expresó.
Otro punto clave que no se revisó es que dos integrantes del consorcio, Intec y Omega Building, cambiaron su objeto social, incluyendo temas de comunicaciones, a cinco días de la convocatoria, teniendo en cuenta que sus actividades originales eran la construcción de edificios, carreteras, ferrovías, fontanería y fabricación de muebles.
Tampoco se revisó que Omega Buildings aumentó su patrimonio a $23.000 millones antes de la licitación. "¿Quién puso esos recursos? ¿Es verdad que con cargo al anticipo de 50.000 millones se le giraron inmediatamente 5.800? Curiosa 'coincidencia'", dijo.
Vargas Lleras señaló que la labor de los entes de control será clave en este caso pues, además del valor del contrato de Centros Poblados con el MinTic, los cuatro integrantes de la Unión Temporal han tenido contratos con el Estado por cerca de $1,17 billones, a través de 225 contratos y 170 consorcios y uniones temporales. De forma individual, los cuatro integrantes han suscrito 85 contratos por más de $225.000 millones con el Estado.
"Con razón, cuando a la gente le preguntan qué es lo que más le preocupa de nuestro dichoso país, no es el desempleo ni la inseguridad, ni siquiera la pobreza extrema, sino la corrupción, madre de todas las desgracias que nos agobian", concluyó.
Detalles del escándalo del contrato
De acuerdo con El Tiempo, aún siguen en sus puestos varios de los 10 funcionarios y contratistas a los que se les pidió dar un paso al costado en este caso, luego de que se descubrieron las garantías, calificadas como falsas por el Banco Itaú, y del presunto giro irregular a la Unión Temporal por $70.000 millones.
En cuanto al contrato, ya la ministra Karen Abudinen declaró su caducidad y bloqueó por cinco años a los socios de Centros Poblados en las contrataciones estatales. También les aplicó una multa por $39.000 millones y los embargó.
Asesorados por un exmagistrado, un exconsejero de Estado y un exmiembro de la cúpula de la Fiscalía, la Unión Temporal de Centros Poblados advirtió que interpondrá demandas millonarias a la Nación, argumentando que invirtió los $70.243 millones del anticipo.
De acuerdo con El Tiempo, la Fiscalía procedió a recoger evidencia técnica de varios celulares. Y ya estuvo en el edificio Murillo Toro, sede del Ministerio de las TIC sacando copias espejo de discos duros y se llevó varios equipos y documentos.
Las investigaciones buscan esclarecer si hubo omisiones, atajos, o si algunos funcionarios o asesores del Ministerio tomaron decisiones que desencadenaran en este caso con la Unión Temporal de Centros Poblados.
De acuerdo con algunas fuentes, las pesquisas hasta el momento se concentran en el actuar de varios exfuncionarios. El Tiempo conoció documentos que evidencian que cada vez que se ordenaba verificar las garantías, se atravesaba algo o alguien.
Mientras que se dieron aprobaciones de documentos clave en tiempo récord, en horas no hábiles y en fiestas de fin de año. En un correo se evidencia cómo se aprobó el ‘Plan de Inversión del Anticipo’ para que Centros Poblados accediera a los más de $70.000 millones.
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