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La Procuraduría insistió en que el Gobierno Nacional presente un informe detallado sobre las gestiones adelantadas para llevar a cabo estos nombramientos.
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La Procuraduría solicitó la remisión de los actos administrativos de nombramiento de los seis expertos en asuntos energéticos
El pasado 19 de junio se cumplió el plazo otorgado para que el Presidente de la República diera cumplimiento a la sentencia que le ordena definir los nombramientos de los integrantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg. En este contexto, la Procuraduría General de la Nación emitió una advertencia formal sobre el vencimiento de dicho plazo, subrayando la necesidad de que el Gobierno Nacional tome medidas inmediatas para resolver esta situación.
Mediante una comunicación dirigida al Presidente de la República, la Procuraduría solicitó con urgencia la remisión de los actos administrativos de nombramiento de los seis expertos en asuntos energéticos que deben ser designados.
Estos expertos, conforme a lo ordenado por la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ratificado por el Consejo de Estado en la Acción de Cumplimiento, deberán asumir sus cargos por un periodo de cuatro años, con dedicación exclusiva a sus funciones en la Creg.
La Procuraduría insistió en que el Gobierno Nacional presente un informe detallado sobre las gestiones adelantadas para llevar a cabo estos nombramientos. Este informe deberá incluir, entre otros aspectos, las constancias de publicación de las hojas de vida de los designados, tal y como lo dispone el Decreto 1083 de 2015. Además subrayó que el cumplimiento de estos requisitos es fundamental para asegurar la transparencia y legalidad en el proceso de selección y nombramiento de los integrantes de la Creg.
"El ente de control, a través de la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios ha venido realizando verificación al cumplimiento de esta decisión judicial, insistiendo en la necesidad y conveniencia de la designación de dichos comisionados en procura del fortalecimiento y defensa de la seguridad jurídica y técnica en la toma de decisiones en materia energética en el país", señaló la entidad.
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