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La petrolera quedaría con 80% de participación accionaria. Gobierno estudia la medida.
La posible enajenación de 8,5% de las acciones de Ecopetrol es una de las cartas que el Gobierno Nacional pondrá sobre la mesa para garantizar la estabilidad fiscal del país. Esta decisión, si bien aún debe pasar a consideración ministerial y aprobación presidencial, podría no solo caerle muy bien a la Nación, sino también al mercado.
Vender este porcentaje accionario se sumaría a otro de los hitos de la petrolera. En el posible escenario de que se logre, Ecopetrol continuaría con 80% de cuota accionaria, ya que, entre otras cosas, la Nación hoy tiene una participación de 88,49%, luego de que se realizaran dos procesos de enajenación de acciones (2007 y 2011) en donde ofertó 11,51% de sus títulos.
Pese a que se oyen voces a favor y en contra, esta decisión está en el marco regulatorio. Así lo señala la Ley 1118 de 2006, que autorizó a que la petrolera podía emitir acciones para que sean colocadas en el mercado bajo una sola condición: la Nación debe conservar, como mínimo, 80% de los títulos que están en circulación.
“Una manera de mitigar ese impacto es generando recursos adicionales por la vía de la recomposición del portafolio empresarial o de inversiones del Gobierno. En ese contexto, la operación que anuncia el Minhacienda, con un porcentaje de acciones de Ecopetrol para lo cual ya existe autorización del Congreso, es una muy buena idea”, explicó Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, y quien puso sobre el tapete esta discusión el año pasado.
La venta de este 8,5% equipararía al proceso que se llevó a cabo hace 12 años (2007). En este momento, la compañía abrió la primera ronda de enajenación y ofertó 4.087 millones de acciones, cifra que representó la venta de 10,1% de participación de la empresa.
Andrés Moreno, experto bursátil, aseguró que “en ese año la Nación recogió $5,7 billones. Este dinero alivió las finanzas públicas e impulsó la inversión en el país. En 2011, por el contrario, tan solo se ofertó 1,41% de las acciones y se recogieron cerca de $2,5 billones. La acción para ese momento se cotizaba en $3.700”.
Las ventas de años atrás hicieron que hoy un grupo de acciones de la petrolera esté a cargo de privados y minoristas. De hecho, si bien Ecopetrol conserva la cuota mayoritaria, 11,5% está a cargo de privados (JP Morgan Chase, Porvenir, Protección, entre otros) y minoristas.
Para el presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsas, Jaime Humberto López, este movimiento caería muy bien en el mercado. No solo por el aumento de la liquidez, sino también por el número de inversionistas nuevos que entrarían.
“La venta de las acciones de Ecopetrol puede subir 5% o 6% automáticamente la liquidez del mercado, por lo que es positivo desde el punto de vista de mercado de valores sin duda alguna”, explicó López.
El directivo recordó, además, que por ahora es clave los procedimientos con los que se hará. “Lo que no hay que hacer es democratizarnos en exceso, podríamos caer en lo que tenemos hoy y es que cuando entró mucha gente esta no entendía el sector, lo que generó una mala reputación sobre el mercado de capitales”.
Julio César Vera, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), también es optimista con la venta, pero aseguró que es necesario que se garanticen que se invertirán los recursos. Por ahora, se espera que se decida si habrá o no venta de acciones.
Al analizar cuánto le representaría de ingresos la venta de ese 8,5% de las acciones al Gobierno, se estaría hablando de casi $10,1 billones. Esto teniendo en cuenta que ayer la compañía cerró con una capitalización bursátil de $119 billones.
Uno de los argumentos que soportan esta enajenación fue la venta de Isagen, que le dejó al Estado $6,5 billones, de los que $5,95 billones fueron a parar a la Financiera de Desarrollo Nacional y el resto a proyectos de infraestructura en los departamentos de Antioquia, Tolima, Caldas y Santander.
¿Cuáles serían los pasos para ofertar las acciones?
Según el proyecto que presentó Fasecolda, la ley establece que el Gobierno deberá diseñar un programa de enajenación, según las normas. Este tendrá que tener los estudios técnicos correspondientes. Al finalizar ese proceso, el proyecto se pondrá a consideración del consejo de ministros, el cual, previo concepto favorable, lo remitirá al presidente para su aprobación. Posteriormente, deberá pasarse este concepto para el conocimiento del Congreso de la República.
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