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El funcionario aseguró que una vez la Contraloría reciba el pago, el proceso terminará en el estado en que se encuentre
Durante el foro LR: Racionamiento que acecha, el Vicecontralor General de la República, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, mencionó algunos elementos que según él, desmitifican algunas “aparentes verdades” sobre la responsabilidad fiscal de la entidad frente al proyecto de Hidroituango.
Ruiz empezó diciendo que el proceso de responsabilidad fiscal no es nuevo, puesto que desde el año 2017, a través de la Contraloría delegada para el medio ambiente, ya se venían adelantando procesos de auditoría. Incluso anotó que en 2019, a raíz de una solicitud de control excepcional de una veeduría nacional denominada ‘Recursos Sagrados’, se inició el control fiscal a través de una actuación especial de fiscalización del proyecto.
La misma que arrojó ocho hallazgos, dos de ellos con incidencia fiscal que fueron trasladados a la unidad Especial contra la Corrupción y que generaron la investigación que derivó en el fallo del 3 de septiembre del presente año, en donde se determinó un daño patrimonial en primera instancia, por alrededor de $4,3 billones determinados por el lucro cesante del proyecto y la pérdida de valor de las inversiones en el mismo.
En segundo lugar, el funcionario se refirió al tratamiento periodístico ya que según él, han “achacado” a la Contraloría los retrasos en el proyecto y que por eso se podría generar una crisis energética en el país. Ante estos señalamientos, Ruiz argumentó que el proceso durante el período 2008 a 2011 ya presentaba seis meses de atraso en relación con la variación de los diseños, las vías de acceso y algunas falencias en términos de cronograma. Lo mismo sucedió para los años 2013 y 2014, fecha que para entonces, el proyecto registraba 18 meses de atraso en relación a su programación inicial, al parecer, por factores correspondientes a la planeación y ejecución del mismo.
Para terminar la conceptualización de las cifras, el Vicecontralor enfatizó que la situación del proyecto en el 2018 no era distinta tras la contingencia y el derrumbe que se presentó en la galería auxiliar de desviación. A esto se suma, que el costo del proyecto para la fecha, pasó de costarle al país de $6 billones a $14 billones.
“Todos estos datos para indicar que el fallo que hasta hoy ha proferido la Contraloría General no es la única circunstancia que ha generado retrasos en el proyecto y si el país sufre alguna especie de crisis energética no podrá ser atribuible al fallo de la nuestra entidad, que lo único que ha hecho es cumplir con sus funciones constitucionales y legales en procura del resarcimiento del patrimonio público”, expresó Ruiz.
Para concluir el funcionario también anotó que la licencia ambiental del proyecto, que se ha mantenido suspendida desde el año 2018, al parecer, será otorgada nuevamente en noviembre del 2021, lo que permitirá darle claridad al panorama del proyecto y la generación de energía en Hidroituango.
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