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Vigencias futuras ascienden a $185,3 billones para lapso entre desde 2025 hasta 2053
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El mandatario dijo ante la ONU que propondrá modificar leyes y normas entorno a ocho puntos para cumplir con los acuerdos de paz
El presidente Gustavo Petro volvió a revivir la polémica por las vigencias futuras que se comprometió a pagar el Estado a los contratistas de los proyectos viales de Cuarta Generación. En esta oportunidad, dijo que buscará modificar estos acuerdos en el Congreso por vía 'fast track'.
El Presidente aseguró ante la ONU que propondrá al Congreso de la República repetir este mecanismo que se implementó durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, para acelerar leyes y modificar normas relacionadas al proceso de paz con las antiguas Farc.
El mandatario hizo su presentación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, en donde mencionó los puntos que propondrá modificar al legislativo para la implementación de los acuerdos.
El primero que mencionó y uno de los más llamativos es la modificación de las normas de las vigencias futuras y el Plan Fiscal de Mediano Plazo "que nos permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión de los territorios", dijo el mandatario.
"Estas palabrejas económicas técnicas tienen que ver con que toda la inversión pública de Colombia está comprometida en los próximos 30 años. Ahí hay casi una figura decorativa, frente al Presupuesto, en una serie de obras, básicamente autopistas de dos carriles ida y vuelta, que están al lado de las grandes ciudades más ricas de Colombia", aseguró el presidente Petro.
Agregó que “no podemos financiar la inclusión territorial, que es el eje central del Acuerdo de Paz. Esto implica un cambio de normas, que es lo que proponemos aquí".
Cabe recordar que el Gobierno de Gustavo Petro ya había hablado de modificar la destinación de las vigencias futuras a proyectos de infraestructura clave. “Todo lo que tiene declaratoria de importancia estratégica lo va a seguir teniendo, lo que se requiere es que las obras avancen y podamos evaluarlas y que, si no hay obra, redireccionemos recursos a otras obras”, dijo en su momento el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en un evento en la Cámara de Comercio de Bogotá.
“Podrían reprogramarse en función de que, si la obra está atrasada, no tiene ningún sentido que me pida que gire recursos cuando la plata está ahí represada”, agregó.
El ahora exministro de Transporte, William Camargo, también se refirió al tema en un reciente Inside LR. “Nos hemos venido planteando algo como Gobierno y es cómo logramos, con los concesionarios, un ejercicio saludable y responsable de conversar sobre las vigencias futuras, y la forma en la que estos recursos, atrapados en fiducias, puedan liberarse o moverse en el tiempo para garantizar la caja que a todos nos convenga”, dijo.
Para lograr esto, el Gobierno también tendría que modificar el Marco Fiscal de Mediano Plazo que presentó hace poco y que revela el camino hacia dónde van las finanzas públicas del Gobierno.
Uno de los apéndices del documento plantea el porvenir de las vigencias futuras. Según el texto, los recursos autorizados, con corte a 31 de mayo de 2024, ascendieron a $185,3 billones para el periodo comprendido entre 2025 y 2053.
Estas están divididas en gastos de inversión, por $175,7 billones, mientras que los recursos restantes por $9,6 billones se utilizarán para el funcionamiento, según el texto.
El documento plantea que 84,1% de las vigencias futuras autorizadas se concentran en los próximos cuatro gobiernos, mientras que 13,9% restante está contemplada para los cuatro periodos subsiguientes.
“Las VF ordinarias se concentran principalmente en el siguiente periodo de gobierno, teniendo en cuenta que amparan gastos recurrentes. Por su parte, las VF para APP y las VF excepcionales presentan una distribución más uniforme a lo largo del periodo analizado”, explicó el Ministerio de Hacienda en el documento.
En este sentido, el Gobierno señaló que, las actuales inflexibilidades fiscales asociadas a la autorización de vigencias futuras, “han sido en su mayoría, compromisos heredados de gobiernos anteriores”, toda vez que solo en la Administración Petro solo se comprometió con $21,5 billones al respecto.
En total fueron ocho puntos que mencionó el presidente Gustavo Petro desde Nueva York en lo que llamó un plan de choque para la implementación de los acuerdo de paz con las Farc.
Además de la modificación de las vigencias futuras y del Marco Fiscal de Mediano Plazo el presidente Gustavo Petro se refirió a otras modificaciones en el legislativo por vía ´fast track'.
Petro dijo que se necesita un cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones, para dirigir recursos a las zonas Pdet y financiar sus proyectos de infraestructura e inversión. El mandatario manifestó que es necesario “hacer esa reforma para que el municipio Pdet (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) tenga los recursos para su propia inversión social.
También impulsará una normativa para excarcelar al campesinado productor de hoja de coca. El presidente Petro explicó que hay 35.000 campesinos cultivadores de hoja de coca presos en las cárceles de Colombia en “condiciones brutales de hacinamiento y pérdida de derechos humanos".
Reiteró su propuesta de inversiones forzosas, pero para este particular, dijo que los recursos deben destinarse a la sustitución. El mandatario dijo que el Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito fracasó en Colombia, porque de los 90.000 acuerdos logrados con familias campesinas cultivadoras de hoja de coca solo se han cumplido 96.
Además propondrá crear la figura de la conversión hereditaria en las zonas selváticas de Colombia. El jefe de Estado afirmó que 90% de los territorios donde actualmente se desarrolla el conflicto armado en Colombia y hay influencia de economías ilícitas son las zonas con mayor biodiversidad no solo del país, sino del mundo.
El mecanismo del 'fast track' también incluirá una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa exprés de tierras. Al respecto, Petro dijo que las normas vigentes demoran “por décadas" los procesos en los juzgados para la entrega de tierras fértiles y productivas al campesinado.
“Ese mecanismo hace que tres millones de hectáreas —que contempla el Acuerdo de Paz para ser entregadas a los campesinos— se vuelvan 13.000 en el pasado gobierno o 180.000 en el presente. Y, en perspectiva, duraríamos 50 años en cumplir el Acuerdo de Paz que las Farc y el Estado determinaron para 10 años. Los campesinos de hoy morirían de viejos antes de tener tierra “, dijo el mandatario desde Nueva York.
Las otras dos modificaciones son implementar un sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto, incluidos los paramilitares, terceros civiles, militares, guerrilleros y hasta organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto; y ampliar el plazo de implementación del acuerdo de paz con las Farc por siete años más y las zonas Pdet.
El jefe de Estado enfatizó que esta serie de propuestas debe hacer parte de un gran pacto o Acuerdo Nacional, que no se ha podido cumplir desde 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz.
Calculó que el Gobierno necesita entre $160 y $200 billones (US$50.000 millones) para sacar adelante temas del Acuerdo de Paz como la reforma agraria y la inclusión del territorio.
El presidente también le pidió a la comunidad internacional la eliminación transitoria del riesgo en el interés de la deuda externa, evaluar un cambio de deuda por acción climática, y la flexibilización en el uso de la hoja de coca y en el financiamiento de una misión internacional complementaria para apoyar el Grupo Especial de Investigación, donde se investigue el neoparamilitarismo y los servicios privados de vigilancia.
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