Vigilar a las grandes superficies, una opción al pago a mipymes a 30 días

El proyecto de ley que se presentó en septiembre “Pago en Plazos Justos” con el que el congresista de la Alianza Verde, Mauricio Toro Orjuela, apoyado por la CCE, Acopi, Acoplásticos, Andigraf, Coimpresores, Asopartes, Asomicrofinanzas y Coofecoop, pretende que las empresas paguen sus facturas a proveedores en un plazo de 30 días, ya hizo eco entre los empresarios y retumban nuevas ideas.

Aunque la medida, que recientemente fue implementada en Chile le suena bien a los proveedores, especialmente a las mipyme, quienes serían las más beneficiadas, ayer Jorge Humberto Botero, como columnista de este medio, volvió a poner el tema sobre la mesa con una postura que tituló ‘Cogiendo el rábano por las hojas’.

Su propuesta, soportada en que intervenir los plazos de pago a proveedores no resuelve el desbalance entre los jugadores más grandes y los más pequeños de la industria y el comercio, está basada en que, tal y como ocurre con los bancos o las entidades prestadoras de servicios de salud, los grandes demandantes de los productos de consumo masivo deberían ser vigilados por el Estado.

“Hay que poner esto en contexto. No solo en Colombia, sino en el mundo entero, los hipermercados o grandes superficies han expandido enormemente su poder de compra. Eso ha generado lo que técnicamente se llama una ‘competencia imperfecta’ en la modalidad de olipsolio, que se presenta cuando unos pocos demandantes tienen un poder excesivo de mercado. Esa situación debería ser vigilada por el Estado y esa es la propuesta”, explicó Botero.

El columnista dijo que, aunque el proyecto de ley que obliga el pago a 30 días “suena bonito y es popular”, no resuelve el problema. Por el contrario, su aprobación conduciría a que los compradores bajen los precios para mantener en el tiempo el valor del dinero que pagan.

“Por esa vía no se resuelve nada. Es mejor que los grandes demandantes sean supervisados, por ejemplo, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entendiendo que no se trata de combatirlos, pues su papel es fundamental en la economía”, dijo Botero.

Sobre esa posición, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, dijo que si bien el proyecto de ley es una iniciativa que le ha resultado interesante a los gremios de la SAC, hay variables que se deben tener en cuenta. Así, la fórmula consistiría en plantear una solución que alivie el flujo de caja de los que proveen sin afectar ni su nivel de ingreso, ni su permanencia como proveedores.

Pese a que el presidente Iván Duque ya anunció que en marzo presentará una estrategia para impulsar a las mipyme, en la que se podría incluir la propuesta de Toro, los gremios que están a favor creen que en cualquiera de los dos escenarios, el proyecto debería salir victorioso del legislativo.

“Con esta ley no se deteriora el margen de utilidad de las empresas, van a poder atender otros mercados, hacer mejores proyecciones y ajustar los precios para posicionar nuestros productos en el exterior”, indicó Rosmery Quintero, presidenta nacional de Acopi.

El presidente de Acoplásticos, Daniel Mitchell, agregó que la propuesta permite a las mipyme mejorar su flujo de caja en los casos en que se les paga hasta a 120 o 150 días.