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Si se revisa por zonas, la concentración de las granjas está principalmente en Meta, Tolima y Valle y Celsia tiene 36% de los proyectos
Una de las apuestas del Gobierno actual es la energía proveniente de fuentes renovables. En las últimas inauguraciones de granjas solares están tres plantas en Tolima a inicios de febrero, las cuales fueron construidas por Grenergy, compañía española productora de energía renovable y especialista en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos eólicos y de almacenamiento.
Y es que con esos tres proyectos ya se completan 38 en todo el territorio nacional, según el reporte del Ministerio de Minas y Energía. Buena parte de las granjas solares están concentradas en Tolima, Meta y el Valle del Cauca; y Celsia, del Grupo Argos, tiene al menos 36% del total. Otras compañías que también están apostando por estos proyectos son Parex, Geopark, Enel y Ebsa.
Con el panorama definido sobre la transición energética, proyectos de energía solar cobran relevancia en Colombia; un ejemplo de esto es Solar Providencia, la granja solar en construcción que inició en julio del año pasado y proyecta generar 1,8 megavatios pico de energía con un sistema de baterías de 2,5 megavatios. Este ecoparque tendrá en total 3.300 paneles solares y está siendo construido con inversiones de Ecopetrol y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Otro en construcción, y de los más relevantes, es La Loma, que está en 70% de avance y con un potencial de 187 megavatios a partir de 400.000 paneles solares distribuidos en 437 hectáreas. El suministro energético proyectado para este parque solar es de 370.000 personas al año.
Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, indica que algunos de los retos que quedan en el campo de las granjas solares en el país son que se puedan conectar al sistema de transmisión nacional por las líneas de interconexión.
Otro reto relevante que ve el experto sería “lograr el cierre financiero de los proyectos, dada la incertidumbre que hoy se tiene en el país por la devaluación, la inflación nacional y global y las señales cambiantes que afectan la confianza inversionista. Y, por supuesto dificultan lograr el financiamiento de dichos proyectos”.
A su vez, instan en que el Gobierno debe tomar una decisión consecuente con las metas que tiene el país en reducción de inflación
En el documento se lee que el aumento al salario mínimo es un incremento importante frente a la inflación proyectada para el 2024
Galvis fue, en su momento, integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada entre 2015 y 2019 y magistrada especial de la JEP