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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano había determinado el miércoles que asumiría un rol legislativo al considerar que el parlamento estaba en desacato por no expulsar a tres miembros acusados de comprar votos, y limitó la inmunidad parlamentaria.
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Sin embargo, después de protestas, acusaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro de ser una "dictadura" y una fuerte presión internacional para respetar la independencia de poderes, el tribunal dio marcha atrás el sábado.
"El necesario proceso de remoción de estos magistrados va a comenzar en la sesión del martes de la Asamblea Nacional", dijo Matheus en la sede del Parlamento, rodeado de juristas que explicaron las inconsistencias de los fallos del TSJ.
Pero como parte de ese proceso, el Ministerio Público y la Contraloría General -ambas entidades controladas por el oficialismo- deben considerar que hubo una falta grave de los magistrados, algo que es poco probable que suceda.
El año pasado, el TSJ bloqueó la remoción de 13 de sus magistrados aprobada por la Asamblea Nacional tras determinar que su elección no cumplió con los procedimientos.
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Sigue ruptura del orden constitucional
Aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio marcha atrás a sus fallos, "continúa la ruptura del orden constitucional", dijo el legislador.
"A pesar de una supuesta marcha atrás del Gobierno nacional (...) en Venezuela sigue persistiendo un golpe de Estado (porque) no hay elecciones, independencia de poderes, respeto de los derechos humanos, a los partidos políticos. Esas condiciones siguen vigentes, no han cesado", insistió Matheus.
En la práctica, el Parlamento seguirá bloqueado por la justicia, que le ha impedido aprobar una sola ley desde que asumió funciones a principios del 2016 acusándolo de "desacato".
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La oposición señala a Maduro como el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela, con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez, pero el mandatario sostiene que los culpables del descalabro son sus adversarios que libran una "guerra económica" en su contra.
Las Naciones Unidas y la OEA, entre otros, han conminado al Gobierno de Maduro a liberar a un centenar de presos políticos, celebrar elecciones pospuestas y abrir un canal humanitario para mitigar la escasez de alimentos y medicinas.
La marcha atrás del TSJ alcanzó un par de párrafos de las sentencias, pero no cambió un fallo más amplio que le permite al Ejecutivo firmar contratos con empresas mixtas petroleras sin la aprobación del parlamento, violando la normativa acostumbrada.
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