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La representación de Hoche afirma que hay "serias preocupaciones" sobre el accionar del CEO de la compañía y la mayoría de los miembros del directorio,
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Hoche Partners inició un proceso legal por preocupaciones con el incumplimiento de Procaps con sus reportes fiscales de 2023
La colombiana Procaps es una de las empresas más importantes del país por su labor como prestador de servicios farmacéuticos y de salud en la región. No obstante, actualmente está en el punto de mira por un retraso en la entrega de sus estados financieros correspondientes a 2023. Hoche, un accionista minoritario de Procaps inició un proceso judicial por esta situación, en el que exige un cambio de directivos para cumplir con las obligaciones.
Todo inició a mediados de mayo de este año cuando Nasdaq, bolsa estadounidense en la que cotiza la organización, remitió una carta exigiendo la presentación de un plan para cumplir y subsanar con los retrasos presentados; dieron un ultimátum de 60 días.
Hoy LR conoció que este accionista minoritario inició un proceso judicial con la firma americana Gibbons con la que se busca solucionar la entrega oportuna de los estados financieros de la compañía.
"En nombre de Hoche, hemos subrayado en varias ocasiones las serias preocupaciones de nuestro cliente con respecto a la incapacidad de la compañía para cumplir con las obligaciones financieras más básicas, el deterioro de los estándares de gobernanza corporativa y las capacidades financieras a largo plazo de Procaps provocados por una mala gestión", asegura el bufete.
La representación de Hoche afirma que hay "serias preocupaciones" sobre el accionar del CEO de la compañía y la mayoría de los miembros del directorio, pues no hay un cumplimiento de las obligaciones fiduciarias hacia la empresa y sus accionistas. Aseguran que hay una "catastrófica situación financiera" por la no divulgación de un préstamo correspondiente a 2012, avaluado en US$2,5 millones.
Con base en estas problemáticas Hoche, la empresa denunciante, afirma que Procaps debe nombrar un nuevo directorio que sea "verdaderamente independiente" y que no tengan nexos con el accionista mayoritario. Esta petición judicial se solicita porque Gibbons asegura que el CEO de Procaps y los miembros del directorio han llevado a cabo "acciones protectoras" para el beneficio de los grandes accionistas.
"Los miembros del directorio y los funcionarios responsables podrían potencialmente ser considerados personalmente responsables de todos los daños descritos en este documento con base en, entre otras causas de acción, declaraciones erróneas materiales, omisiones de declarar hechos materiales necesarios e incumplimientos de deberes fiduciarios", dijo el bufete. Es importante recordar que estas peticiones tienen un plazo máximo hasta el 26 de este mes para ser respondidas.
Los registros oficiales de la compañía dictan que la propiedad del laboratorio está en su mayoría en manos de la familia fundadora de la empresa barranquillera. La familia Minski posee 60% de las acciones a través de los tres hermanos José, Rubén y Meyer, quienes tienen estas acciones en varias sociedades.
Según Diario Financiero, en materia de importancia sigue Hoche Partners Pharma Holding, la empresa oriunda de Luxemburgo que inició el trámite legal que tiene a Procaps en la mira. El demandante tiene al menos 14% de propiedad de la organización. El restante es de 16% y está vinculado a varios inversores chilenos.
Los inversionistas de Chile también están en descontento con Procaps, pues en diciembre del año pasado se conoció que han tenido disputas con la empresa por una supuesta mala gestión de los intereses de los inversores, así como una pérdida en el valor de las acciones.
Así como Hoche, los empresarios chilenos que han puesto capital en Procaps han lanzado varias críticas a Rubén Misk, quien está a cargo del laboratorio. Diario Financiero dio a conocer que han solicitado una "revocación completa de su directorio" y reemplazarlo por una mesa independiente.
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