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Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi
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Según Ana María Vesga, presidente de Acemi, el pago de servicios de vigencias anteriores es práctica común en el sistema, por la complejidad de la conciliación de cuentas entre EPS
Luego de que se conociera un informe de la Contraloría que reveló hallazgos fiscales por más de $6 billones relacionados con pagos de vigencias anteriorescon recursos de la UPC de 2020, Ana María Vesga, presidente de Acemi, respondió a los resultados a través de una columna publicada en El Tiempo.
"Para empezar, hay que recordar que cuando se declaró la emergencia sanitaria por covid-19 en el primer trimestre de 2020, el Estado dispuso de unos recursos a través del Fondo de Mitigación de Emergencias, Fome, que se destinarían al fortalecimiento de la red hospitalaria, la atención de la población y la adquisición de pruebas y vacunas", escribió la dirigente gremial.
Agregó: "la realidad es que con cargo de la UPC de ese año, las EPS asumieron todo el componente de atención, que si bien es cierto disminuyó por el uso de servicios diferentes al virus (principalmente por el confinamiento), también incrementó el costo por la severidad de los enfermos, largas estancias con unidades de cuidado intensivo y complejidad de los tratamientos. Cerca de 350.000 personas fueron hospitalizadas en UCI con estancias promedio de una semana".
Aunque la Contraloría señaló que el pago de servicios en salud de vigencias anteriores con recursos de la UPC constituye un hallazgo fiscal, Vesga apuntó a que"la naturaleza de los recursos que financian el presupuesto del sistema de salud es parafiscal y, como en otros regímenes parafiscales, los agentes que los administran no están sometidos a las reglas orgánicas del presupuesto".
"El pago de servicios de vigencias anteriores es práctica común en el sistema, entre otras razones por la complejidad de la conciliación de cuentas entre EPS y otros eslabones de la cadena que deriva en glosas. También por las demoras en la facturación desde los prestadores. Prueba de ello, el conocido acuerdo de punto final que trajo, para conciliación y pago, facturas de mas de 10 años, así como el ejercicio constante de saneamiento contable y de cartera entre los agentes que promueve la Supersalud", explicó.
Para al dirigente gremial, decir que el uso de la UPC para pago de servicios de salud de otras vigencias viola el principio de destinación específica y de anualidad, "ignora la dinámica operativa del sistema y no tiene fundamento en la ley".
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