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Los acueductos acumulan 50% de la deuda, con $87.066 millones, seguidos por los hospitales y centros de salud con $37.428 millones
La filial del Grupo EPM, Afinia, anunció que terminará los contratos de condiciones uniformes para la prestación del servicio de energía eléctrica a las entidades oficiales que prestan mayor mora, la deuda total de estas instituciones ya llega a los $175.000 millones.
El gerente general de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, dijo que la medida obedece a que la mayor deuda del segmento de los grandes consumidores, se concentra en los clientes oficiales protegidos constitucionalmente, cifra que asciende a $159.661 millones y corresponde a 91% de estos clientes.
Los acueductos acumulan 50% de la deuda, con $87.066 millones, los hospitales y puestos de salud deben $37.428 millones (21%), los centros educativos, $19.200 millones (11%), el alumbrado público $14.089 millones (8%), la seguridad ciudadana $1.106 millones (1%), la centros asistenciales $747 millones y centros penitenciarios $16 millones.
En más de dos años de operación, la compañía ha gestionado inversiones superiores a $1 billón representados en subestaciones reemplazo de la antigua red de distribución, normalización de redes en barrios subnormales y usuarios con tarifas comerciales uno y dos. Sin embargo, para avanzar con las inversiones, la compañía alerta que requiere del pago oportuno de los clientes.
Lastra Fuscaldo le hace un llamado al Gobierno Nacional y al Ministerio de Minas y Energía para que "coadyuven en la formulación y adopción de políticas acorde a las realidades y necesidades de los sectores en los territorios".
Así mismo, el gerente de la filial le pide al Congreso de la República para que en el marco de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo se incluyan los "recursos para el pago de esta cuantiosa deuda y se prevean los mecanismos que garanticen la destinación de los rubros presupuestales para el pago de la energía de los Clientes Oficiales y, de manera preferente, en sectores de acueducto y saneamiento básico, salud, educación y alumbrado público".
Esta situación ha generado que la compañía recurra a créditos o capitalización para cubrir los pagos ante los agentes del mercado. Las entidades morosas están constitucionalmente protegidas, por lo que no han dejado de recibir el servicio de energía. Sin embargo, ante la negativa del pago, se terminarán los contratos.
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