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El exmandatario resaltó que Sanitas fue producto de la confianza de capital extranjero y ahora recibe el golpe de la intervención
El expresidente Álvaro Uribe escribió en su cuenta de X que la política pública le ha hecho daño a la EPS Sanitas, que recientemente fue intervenida por el Gobierno.
"Sanitas, confianza del capital extranjero en nuestro sistema de salud, ha gozado de alto nivel de aprecio por los usuarios. Pero la política pública le ha hecho daño. Ahora otro golpe: la intervención", aseguró el exmandatario.
En esa misma publicación, mencionó como posible solución "una acción popular que busque que los jueces protejan a los usuarios", y agregó dentro de las posibilidades una ley de arbitramento privado antes de llegar a la intervención.
Uribe no solo se refirió al caso de Sanitas, también habló del sistema de salud en general y apuntó que "dada la mala experiencia con las EPS del Estado, por ejemplo Caprecom y Seguro Social, nuestro Gobierno y algunas cajas de compensación, crearon la Nueva EPS. Se buscaba eficiencia y transparencia. Hoy su futuro como aseguradora es incierto". Y añadió que las cajas de compensación deberían elegir al presidente.
Además, hizo notar que "Savia Salud fue creada en asociación entre el Departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín y Comfama (Caja de Compensación). Sigue intervenida. ¿Cómo se evita que desaparezca?".
Este pronunciamiento tiene lugar cuando ya el Gobierno del presidente Gustavo Petro ajusta las cinco EPS intervenidas, que suman 13,6 millones de usuarios.
Tras la intervención a Sanitas, Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, aseguró que "el objetivo que tiene la Superintendencia Nacional de Salud con esta intervención es tomar medidas adecuadas y oportunas para evitar que el colapso financiero al que iba la EPSafecte la prestación de servicios de salud para todas las personas".
Todo esto ocurre mientras el Congreso tiene en las manos el proyecto de reforma a la salud que el Gobierno quiere sacar adelante, con el que se hace hincapié en un sistema más orientado a la atención preventiva.
El proyecto genera dudas entre centros de estudio y expertos del sector debido a su sostenibilidad fiscal. Por ejemplo, Anif se refirió a las consideraciones entregadas por el Ministerio de Hacienda y señaló que hubo rubros allí que no se tuvieron en cuenta.
De acuerdo con el análisis citado, en los primeros tres años de implementación de la reforma, se estima un monto de $338 billones y con ingresos por debajo de $332 billones, lo que sugiere un déficit de $6,3 billones solo para lapso.
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