Andi y la Cámara Colombiana de Infraestructura hacen llamado a funcionarios en caso Hidroituango

La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura unieron su voz para lanzar un fuerte llamado a la institucionalidad frente a la gestión de los mandatarios y funcionarios públicos en el caso Hidroituango, y reclamaron que se "restablezcan las condiciones de respeto".

Varías fallas de infraestructura en el diseño y construcción del proyecto llevaron a que Hidroituango fuera declarado en emergencia en mayo de 2018 por problemas técnicos al parecer consecuencia de supuestas irregularidades en los procesos de contratación de EPM. Esto llevó a que la Contraloría General de la Nación iniciara un proceso de responsabilidad fiscal contra 28 involucrados.

Ahora, mientras se conoce el fallo definitivo de la Contraloría General en el caso de Hidroituango y EPM obtiene vías de financiación para terminar el proyecto, dos de las constructoras responsables del proyecto y llamadas a responder fiscalmente por las fallas presentadas en la hidroeléctrica, Conconcreto y Coninsa Ramón H, se acogieron a reorganización empresarial. Por lo que se prevé que EPM tendría que cambiar al consorcio constructor, generando retrasos en el proyecto.

En medio de las disputas judiciales y políticas en que permanece estancado, varios gremios y sectores han sentado su posición frente a Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más importante del país y del cual estaría dependiendo gran parte de la seguridad energética a futuro.

En su pronunciamiento conjunto titulado "No se trata solo de Medellín", Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, señalan particularmente a los mandatarios y funcionarios públicos involucrados por "adelantar estrategias mediáticas de desinformación, manipulación y daño a personas y organizaciones".

"Ningún grupo de la sociedad puede ser considerado por parte del mandatario como su enemigo (...) Ningún ciudadano, menos aun los funcionarios públicos pueden atacar la reputación de otros de forma infundada", firman Mac Master y Caicedo.

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Esto teniendo en cuenta que las disputas política han sido otro de los aspectos en torno al proyecto. Mientras el alcalde Medellín, Daniel Quintero, dice que las constructoras son las que deben responder por los más de $4,3 billones en detrimento que dejaron las fallas dadas en Hidroituango; el presidente Iván Duque señala que son las aseguradoras las que deben pagar por lo acontecido en 2018 en el megaproyecto.

Recientemente el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló en declaraciones a distintos medios a los contratistas del megaproyecto de ocasionar en 2018 "daños gigantes (...) bajaron la calidad de los materiales, cambiaron los diseños y tomaron decisiones irresponsables", dijo.

Para, Bruce Mac Master, y Juan Martín Caicedo, "es responsabilidad de la autoridades civiles representadas en el ejecutivo, orientar el destino de la comunidad buscando construir soluciones, motivado por el beneficio general, dentro de la estructura institucional, de legalidad, justicia y transparencia que indica nuestra Constitución".

Así mismo, salieron en defensa de las compañías involucradas en Hidroituango, pues según señalaron en la columna publicada en El Tiempo, "ningún grupo de la sociedad puede ser considerado por parte de un mandatario como su enemigo, menos aún, aquellos que han cumplido y siguen cumpliendo una función social como es el caso de las empresas".

También hicieron un llamado a que no se señalara a las empresas sin prueba alguna, añadiendo que esto se agrava cuando proviene de personas que ocupan cargos públicos, ya que se les "produce un daño inmenso, algunas veces irreparable cuando se adelantan sistemáticamente estrategias orientadas a afectar el buen nombre de otras personas".

Hoy EPM, la dueña del proyecto de Hidroituango, está buscando varias vías de financiación para poder llevar a cabo lo que un principio se había prometido: encender la primera turbina eléctrica para 2022, hecho que está en veremos, en parte, por el proceso de reorganización ya señalado.

En otras vías de salida a la crisis, EPM tiene otras fuentes de financiación en la mira para lograr terminar Hidroituango, una de ellas es la ya anunciada por la compañía, la de vender su participación accionaria en Une. Esto le daría a la empresa pública una liquidez de $2 billones.

Esta venta dependerá de un álgido debate en el Consejo de Medellín en los próximos días.