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Ante los crecientes escándalos de Uber en el plano internacional se realiza un análisis acerca de la situación de regulación para el funcionamiento de la plataforma en el país
De nuevo Uber está en el centro de la tensión. La compañía nació en 2009 con el fin de brindar facilidad y seguridad a los clientes para solicitar un vehículo, que también estuviera al alcance de todos con el auge de la tecnología y los teléfonos inteligentes. Travis Kalanick y Garrett Camp fueron las cabezas detrás de esta creación, una startup revolucionaria y pionera del mercado de carros por aplicaciones, nacida en San Francisco, California, Estados Unidos.
La idea era ir de un lugar A a un lugar B presionando solo un botón. La versión desarrollada por Garret Camp, Oscar Salazar y Conrad Whelan tuvo una primera versión conocida como UberCab. Un primer prototipo que luego cambió su nombre a solo Uber. Si bien en un principio el servicio era solo de autos premium, con el tiempo se fue diversificando hasta tener tarifas más accesibles con el lanzamiento de Uber X en 2012.
Pero antes, 2011 fue un año importante para la empresa, ya que logró su mayor crecimiento y un valor de US$60 millones, luego de varias inversiones; asimismo salió de San Francisco y se ratificó en el competitivo mercado de Nueva York e incursionó en Francia, gracias a inversión de Jeff Bezos, fundador de Amazon.
Tras esa consolidación, los indicadores mostraban que todo marchaba bien, sin embargo no tardaron los problemas legales en Estados Unidos, los primeros de mucho que enfrentaba en múltiples países. En San Francisco, comenzaron a investigar si Uber Technologies Inc. correspondía a un perjuicio público por su falta de regulación al prestar viajes privados, al igual que la "llamada competencia desleal" con taxistas.
En 2013, pese a los inconvenientes de regulaciones llegó a la India y algunas ciudades de África, logrando así una presencia en 35 ciudades alrededor del mundo. Ese mismo año obtuvo inversión de US$258 millones por parte de Google Ventures, con lo que logró un cierre de año en US$3.760 millones.
Fue justamente en 2013 cuando aterrizó en Colombia, su segundo escenario en Latinoamérica, después de México. Desde su llegada al país ha tenido cerca de cuatro gerentes y ha logrado verificar 377.000 usuarios en el país con escaneo de documento de identidad.
Su crecimiento en 2021 fue de 89% con respecto a los niveles de ventas que había reportado al inicio de la pandemia. El año pasado sumó además 670.000 personas que se registraron por primera vez, para solicitar recorridos o envíos y ya cuenta con operación en 70 países y 10.ciudades. En cuanto a la seguridad, la plataforma suma más de 30 herramientas, entre las que se encuentran tecnología Ridecheck para detectar anomalías como desvíos de ruta; el botón para conectarse directamente al 123 en caso de emergencia, y código PIN para verificar que se está ingresando en el vehículo correcto.
No obstante, ese mismo auge en el país le produjo problemas legales. De acuerdo con el senador Rodrigo Lara, la plataforma llegó a operar “ilegalmente” y seduciendo al consumidor. "Son empresas que por un lado generan empleo, lo cual es bueno. Pero son empresas que tienen un deber con el país. Cómo explicarles a los demás empresarios del país que puedan existir unas pocas empresas privilegiadas que se sustraen de pagar seguridad social y los impuestos más elementales", explica el senador.
Tras protestas de más de 50.000 taxistas en Cali, Barranquilla y Bogotá, el gobierno buscó legislaciones para regular la actividad. La Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó el cese de la operación del servicio de transporte el 20 de diciembre de 2019 y el 1 de febrero de 2020 se fue del país. No obstante, en menos de un mes de haber cesado acciones volvió alegando que funcionará bajo un contrato entre dos partes.
La empresa tiene más de 9.000 usuarios en el país y 730 arrendadores de vehículos.
Lobby en Colombia
"Uber siempre que enfrenta intento de regular su actividad sin prohibirla, amenaza con retirarse del país y con parar supuestas grandes inversiones en el país. A Uber y varias plataformas similares como las de domicilios, les sirve seguir operando en la zona gris en que se encuentran. No pagan impuesto de renta en el país, no pagan industria y comercio y tampoco pagan los impuestos de la seguridad social, es decir contribuciones sociales, a pesar de que se enriquecen con la renta laboral de sus trabajadores y con el uso de las vías públicas. Nadie regula el número de conductores que operan y nadie les exige nada", asegura Lara.
Según el senador, los lucros de renta laboral de la compañía, por persona, son alrededor de 30% y los trabajadores no reciben prestaciones y deben soportar los costos de la operación. "En estos años el gobierno no ha querido expedir una sola ley o reglamento que los regule y que proteja de alguna manera al trabajador. Incluso, he visto cómo el gobierno se empeña en bloquear proyectos de ley como el que yo presenté para crear un régimen laboral intermedio que obligue a estas empresas a pagar impuestos", comenta Lara.
Por su parte, el senador del Partido Verde aseguró que “lo que pasó en otras partes del mundo fue muy grave, ya le encuentro sentido porqué mi proyecto de ley tuvo tanto problema para pasar por el Congreso de la República. Esto requiere una reglamentación para proteger a usuarios y conductores. La función de las entidades es evitar cualquier tipo de regulaciones que se les imponga. Seguramente también pasó el mismo modus operandis en Colombia”.
Así mismo, explicó que los mismos contradictores de su proyecto fue el gobierno, “el presidente Duque dijo que ellos estaban cumpliendo con las regulaciones. Respecto a lo sucedido se me abren preguntas de por qué no pasó mi proyecto de ley, el cual era muy claro: obligaba a Uber a pagar impuestos en Colombia sobre sus utilidades, a tener oficinas de queja frente a servicios tarifarios, tener derechos contra los conductores que hoy están desprotegidos y responderles por daños”.
Expansión global entre 2013 y 2017
De acuerdo con la denuncia de Bloomberg, basada en informes periodísticos basados en documentos filtrados llamados "Archivos de Uber", más de 124,000 documentos compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sin fines de lucro, que cubren un período de tiempo cuando el cofundador Travis Kalanick era director ejecutivo y detallan hasta qué punto la empresa buscó expandirse a ciudades clave como París.
¿Qué dice Uber sobre las regulaciones en el país?
La empresa emitió un comunicado en respuesta en el cual asegura que siempre ha tenido la convicción de avanzar en las regulaciones del funcionamiento de la app en el país. Según, Uber las conversaciones se han dado desde 2020, cuando en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la CEO Dara Khosrowshahi hizo una llamado al Gobierno para avanzar en "regulaciones razonables que puedan ser aplicables para todos".
Así mismo, explican que el mismo mensaje fue reiterado por George Gordon, director de Uber para Latinoamérica en su más reciente visita a Colombia: "Uber quiere ser regulado" y que "el pago de impuesto es prueba de ello". A 2021, la empresa habría pagado $150.000 millones por estos conceptos.
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