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Según cifras de la Supervigilancia, el país reúne más de 850 compañías en el negocio de la seguridad privada y genera más de $6,7 billones
En un país con altos índices de criminalidad y que según Medicina Legal cerró el año con más de 11.000 homicidios y se reportaron más de 158.000 hurtos entre julio y diciembre de 2019, según la Policía Nacional, la seguridad privada se convierte en una necesidad para personas, instituciones, lugares concurridos, empresas, entre muchos más.
En el país, según cifras de la Superintendencia de Vigilancia, hay 856 compañías de seguridad privada. Las compañías que componen esta industria mueven un negocio de $6,7 billones y emplean a más de 28.000 escoltas y 297.000 vigilantes que se encargan de velar por la seguridad de los lugares o las personas que les son asignados.
Entre las empresas que conforman esta industria, la más grande por ingresos, de acuerdo con las cifras presentadas por la Superintendencia de Sociedades, es Brinks de Colombia, la cual para 2018 reportó ingresos por más de $283.000 millones. Le sigue Fortox, empresa que cuenta con servicios como seguridad de personas, seguridad canina, entre otros, y reportó ingresos para el mismo año por más de $270.000 millones. El top tres de estas empresas lo cierra G4S Secure Solutions Colombia, la cual tuvo ingresos en 2018 por más de $250.000 millones.
Además, en la lista de las 1.000 compañías más grandes del país también están Securitas Colombia S.A., Seguridad y vigilancia colombiana Sevicol Limitada, Su oportuno servicio Ltda, Colviseg colombiana de vigilancia y seguridad Ltda y Seguridad superior Limitada.
Álex Castro, experto en temas de seguridad, dijo que el tamaño de este sector se debe a la debilidad del Estado de proteger a los ciudadanos, y afirmó que “esta circunstancia obviamente abre un espacio significativo para el florecimiento de la industria privada de protección”.
A pesar de eso, desde el sector público las inversiones también son grandes. Cabe destacar que frente a otros países, Colombia es el que más dinero destina a la seguridad por parte del Estado, según lo confirmó en una pasada entrevista con LR el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González Monguí. “Existen otros modelos que desarrollan en El Salvador, Guatemala, México, Brasil, que han tomado como base lo que se hace en Colombia”, dijo.
“La seguridad privada es una industria eficiente y necesaria en algunos contextos, pero la seguridad es, principalmente, un bien público. El Estado debería darle protección a sus ciudadanos”.
“Los procesos que se aplican para la industria son reconocidos internacionalmente, por eso los hombres de seguridad procedentes de Colombia son muy apetecidos por las empresas”.
Además, el directivo señaló que para suplir los servicios de seguridad que son requeridos por la UNP, como la protección de líderes sociales, congresistas o miembros del Estado, la Unidad tiene este servicio tercerizado entre cinco empresas que son consorcios, los cuales están distribuidos en diferentes regiones y entre ellos suministran los hombres de protección necesarios.
Las peticiones de las empresas
A nivel gremial, Empresas Colombianas de Seguridad (Ecos) manda la parada y promueve y trata de discutir una política concreta respecto a la inversión extranjera en empresas del sector de la seguridad privada en Colombia.
El gremio asegura que se debe abrir el debate en cuanto al tiempo de vigencia de las licencias de funcionamiento de las empresas, para que esté acorde con la realidad del mercado. También quiere abrir la discusión hacia el retorno de la inversión adecuado para los empresarios del sector, pues argumenta que para asegurar la inversión de estas grandes empresas se debe flexibilizar la política de licencias de funcionamiento.
Así están los carros blindados
Finalmente, otro de los puntos interesantes en esta industria, y más a partir de los idas y vueltas con el pico y placa es el de los carros blindados. Para realizar esta labor, la Supervigilancia tiene autorizados a 6.981 vehículos, dado que para obtener los niveles de blindaje que una empresa requiere para su actividad, debe obtener un permiso por parte de la entidad, el cual tiene diferentes requisitos. Entre ellos, demostrar que la vida de las personas que usan el auto se encuentra en riesgo.
El blindaje para vehículos se divide en diferentes categorías, según la normatividad internacional de balística que entrega el manual de vehículos blindados. El nivel I, II, y III está diseñado para proteger autos de cualquier ataque con armas conocidas como cortas, estas pueden ser revólveres, escuadras y subametralladoras, las cuales, según la Policía Nacional, son las que más se usan entre la delincuencia común.
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