Cada día de suspensión en el Muelle 13 se generan sobrecostos de hasta US$40.000

La situación con la suspensión de operaciones en el Muelle 13 de la Sociedad Portuaria de Buenaventura genera sobrecostos diarios a las embarcaciones hasta por US$40.000, mientras varios agentes esperan una solución para volver a la operación normal en este sector de la terminal marítima.

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Uno de ellos es la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, Aapa, que advirtió sus preocupaciones sobre la situación en el Muelle 13, con una carta al Ministerio de Transporte, con copia a Susana Muhamad, ministra de Ambiente, y a Francisco Ospina, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, ya que, desde el pasado 21 de febrero, Oscar Torres está a cargo de la entidad.

La carta asegura que la Asociación “ve con preocupación la reciente afirmación de representantes del Gobierno de Colombia al señalar que ‘los puertos no generan riqueza para las ciudades’”. Sobre estas declaraciones adjudicadas al Gobierno, el exministro de las carteras de Hacienda y Comercio, José Manuel Restrepo, dijo que los puertos sí generaban riqueza a las ciudades y agregó que “incluso, siempre se ha dicho que se debe avanzar en la facilitación de comercio como un mecanismo a través del cual se genera más valor agregado a la economía. Y eso se logra, justamente, haciendo más eficientes las actividades portuarias”.

La Aapa, a través de su presidente ejecutivo, Juan Andrés Duarte, asegura que las terminales marítimas han dado US$2 millones en contraprestaciones a Buenaventura, mientras que a nivel nacional son más de US$50 millones.

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Además, afirman que el contrato de concesión fue homologado y gestionado de forma transversal. Se le garantizó a la terminal el uso del muelle por 30 años. “Es importante considerar que este contrato no opera de forma aislada, sino que hace parte de un conjunto operativo de contratos que son ejecutados como una sola unidad operacional”, añadió la carta del presidente de la Asociación.

Otro de los puntos que trata la carta es la imposibilidad que el Muelle 13 se transforme en una terminal pesquera. Según Duarte, “transformar esta terminal en un muelle para pesca artesanal, no solo sería técnicamente inviable, sino que representaría un retroceso en la capacidad portuaria del país y contradice los lineamientos de desarrollo establecidos en el Decreto 1079 de 2015 y la política nacional de competitividad portuaria”.

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También cita la Ley 1 de 1991, la Ley 1617 de 2013 y la Ley 2272 de 2022 como argumentos jurídicos contra la determinación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, de sancionar el Muelle 13 de la terminal de Buenaventura.

Otra de las críticas de la carta contra la decisión de sancionar por temas ambientales “es un profundo desconocimiento de las terminales de granel alimenticio a nivel internacional”. Sobre esto, el exministro aseguró que “hay que dejar que las autoridades de justicia sean las que decidan”.

Sin embargo, Restrepo aseguró que esta decisión puede afectar la confianza en el sector para futuras inversiones. “Lo que es más difícil es que se perciba como una intervención indebida por parte del Gobierno, porque eso deteriora la confianza. Cuando hay un acto que pareciera, fue o ha sido arbitrario, continúa Restrepo, destruye la confianza del sector productivo, la inversión de largo plazo en el país y, no solamente afecta a este caso particular, sino que perjudica a muchos inversionistas, que se van a pensar 1.000 veces más si toman la decisión de invertir en Colombia”, destacó.

Por otro lado, Duarte resaltó las obras de responsabilidad social de los puertos en las comunidades, “enfocadas en educación, salud, agricultura, formación deportiva y conservación del medio ambiente, con una inversión estimada de $75.000 millones en un horizonte de 20 años”, afirmó en el documento.

Tanto la Sociedad Portuaria de Buenaventura como el Grupo Ventura se abstuvieron de hacer alguna declaración, luego de conocer la carta de la Aapa a varias autoridades del Gobierno.