Cambios en la Ley 99 aumentarían en 117 días el otorgamiento de licencias ambientales

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Uno de los cambios que contempla el nuevo Gobierno es la modernización del Sistema Nacional Ambiental (Sina), por lo que desde el pasado 30 de marzo se iniciaron los diálogos con los institutos de investigación, autoridades ambientales urbanas, delegados de las Corporaciones Autónomas Regionales y otros actores del sector para transformar la Ley 99 de 1993.

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Dicha ley permitió la creación del Ministerio de Ambiente y definió el ordenamiento territorial como una "función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación".

Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), alerta sobre los efectos que generaría en el sector las modificaciones de la Ley 99, ya que según ella, los cambios que se están contemplando retrasarían el tiempo en el que se otorgan las licencias ambientales, lo que afectaría el desarrollo de proyectos energéticos en Colombia.

Según el borrador del proyecto de ley que ha compartido el Ministerio de Ambiente, se propone la modificación del procedimiento de solicitud de licencias ambientales, los que de acuerdo con Acolgen, incrementaría en 117 días la evaluación y expedición de las resoluciones que se otorgan o niegan.

"Hoy en día, un proceso de licenciamiento bajo Ley 99 tarda cerca de 194 días hábiles, que con los cambios propuestos quedarían en 311 días hábiles. Lo anterior, representa un aumento de aproximadamente 117 días en el proceso de licenciamiento, lo que sumado a los tiempos adicionales asociados a tema sociales bajo y por fuera del marco de la consulta previa, podría fácilmente duplicar los tiempos actuales para este tipo de procesos", aseguró Gutiérrez.

Así mismo, indica que genera incertidumbre las disposiciones sobre las actividades que están a cargo de las corporaciones regionales, pues limitarían su autonomía en la toma de decisiones, "lo que puede conducir a retrocesos que atenten contra el desarrollo de proyectos energéticos, con las consecuencias que de ello pueden derivarse para la confiabilidad y seguridad del suministro de electricidad en el país", señala.

En cuanto a los proyectos de generación de energía, el nuevo proyecto cambia la base de liquidación de transferencias del sector eléctrico. Hasta ahora, la Ley 99 establecía que la liquidación se realiza según la tarifa de ventas en bloque que indique la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Con los cambios, dicha liquidación se haría de acuerdo con el precio que tenga la energía en la Bolsa de Valores, contratos bilaterales y transacciones del mercado, que estén certificadas por el administrador del mercado mayorista. "Esto podría afectar las tarifas de los usuarios finales del servicio, por el aumento correlativo de la fiscalidad asociada al desarrollo de la actividad de generación", dice Gutiérrez.

Otro de los cambios que generan incertidumbre es el de la participación ciudadana, si bien el documento dice que el objetivo es modernizar y democratizar el Sistema Nacional Ambiental, el proyecto crea incertidumbre frente a la participación ciudadana, puesto que no define mecanismos claros para la intervención de los actores interesados, y permite que actúen individuos que no reciben algún impacto relacionado al desarrollo de los proyectos.

Ante esto, la presidenta del gremio dice que dicha modificación podría "incidir en el desarrollo de requerimientos de obligaciones basadas en información no fundamentada, que comprometan el desarrollo de obras de infraestructura eléctrica de interés nacional".