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El complejo de Pdvsa concentra el 65% de la capacidad de refinanción venezolana
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En las obligaciones laborales y fiscales, la sucursal de Pdvsa adeuda $3.241 millones y tiene un plazo de dos años para cumplir
Recientemente, la Superintendencia de Sociedades comunicó que a Pdvsa Colombia le levantaron la medida de control y nuevamente quedó en estado de vigilancia. Esta sucursal de la petrolera estatal venezolana fue intervenida en 2019 y cinco años después, el Estado Colombiano señaló que el pasivo actual de la empresa totaliza $30.736 millones; una deuda que está principalmente en favor de los proveedores.
LR le consultó a la Supersociedades quiénes y cuántos son los acreedores de esa sucursal. En ese sentido, la entidad contestó que "para este caso, la concursada tiene obligaciones de primera clase (laborales, fiscales y parafiscales) y de quinta clase (proveedores en general)".
Sobre los $30.736 millones que adeuda esta empresa, la obligación de primera clase asciende a $3.241 millones y representa 10,55% del pasivo total. Mientras que la de quinta clase suma $27.494 millones y corresponde a 89,45%.
La Supersociedades no reveló el listado específico de los proveedores con los que Pdvsa debe saldar cuentas, pero ya se sabe que tiene un plazo máximo de dos años para cumplirles.
El ente supervisor indicó que "en el proceso de reorganización, los acreedores y las sumas adeudadas se determinan en el proyecto de calificación y graduación de créditos aprobado por el juez en la audiencia de resolución de objeciones".
"En el caso de Pdvsa Sucursal Colombia, la audiencia de resolución de objeciones se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2023 (Acta con radicado 2023-09-040142). El promotor allegó el proyecto de calificación y graduación de créditos con los ajustes ordenados por el juez del concurso, con radicado 2023-09-049927 del 22 de diciembre de 2023", agregó la Superintendencia.
Desde el 9 de abril, trascendió que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene intenciones de capitalizar esta sucursal; algo que sería necesario para poderle vender gas a Colombia.
La misma Superintendencia de Sociedades hizo notar que la normalización de las relaciones comerciales y crediticias tiene entre sus objetivos la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte, con una extensión aproximada de 88,5 kilómetros en el territorio Colombiano, localizado entre Maicao, Manaure y Riohacha, y valorado en $72.515 millones.
La intención de inyectarle recursos a la empresa quedó manifestada por José Abad Millán, gerente de finanzas de Pdvsa, en una carta enviada a Ana María Ocando, gerente general y representante legal de Pdvsa Gas S.A. Sucursal Colombia.
"La Gerencia de Finanzas de PDVSA Gas S.A., certifica la disponibilidad y provisión de recursos a PDVSA Gas S.A. Sucursal Colombia, bajo la figura de Inversión Suplementaria al Capital Asignado (Isca), para el cumplimiento del Acuerdo de Reorganización Empresarial de PDVSA Gas S.A. Sucursal Colombia, ante la Superintendencia de Sociedades y los acreedores, así como los recursos necesarios para garantizar su continuidad administrativa y operación en la República de Colombia”, se leía en la misiva.
El pago a los acreedores debe ejecutarse en un plazo de dos años, mismo tiempo que le queda al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, quien ha sido el principal promotor de los recientes acercamientos entre ambos países.
Rafael Felipe Gómez, abogado experto en derecho comercial, explicó que "si Pdvsa Colombia no cumple con sus obligaciones dentro del plazo máximo de dos años establecido por la Supersociedades, es probable que se inicie un proceso de liquidación de la empresa. En este escenario, los acreedores igualmente tendrían derecho a presentar sus reclamaciones para recuperar los montos adeudados según la prelación de créditos".
El jurista señaló que el proceso de liquidación implica la venta o adjudicación de los activos de la empresa -si existen- para así poder pagar a los acreedores en función de la prioridad establecida por la ley.
En el caso de Pdvsa Colombia, donde la mayoría de la deuda es con proveedores, de acuerdo con Gómez, estos podrían estar en una posición menos favorable en comparación con los acreedores laborales y fiscales, pues estos últimos tienen la prioridad en caso de la liquidación.
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