Colombiana Argos cumple 8 años esperando una indemnización

El fabricante colombiano Cementos Argos no puede hacer otra cosa con Venezuela que esperar.

La decimocuarta empresa que más factura en el territorio nacional vio anulada su capacidad industrial en ese país cuando le expropiaron su única planta el 13 de marzo de 2006. Desde entonces, se ha llenado de paciencia aguardando la ansiada indemnización de ese activo que le fue quitado tras el anuncio que dio el expresidente Hugo Chávez cuando dijo: “¡El cemento es del pueblo!”.

Ya son ocho años esperando el pago, casi la misma cantidad que duró operando Cementos Argos en el mercado venezolano, gracias a una fábrica que funcionaba en el estado Trujillo (perteneciente a la Corporación Cemento Andinos) y que le compró al Estado en una subasta internacional en 1997.

Para ese entonces, poco pensaría la directiva de la firma colombiana que algo podría alterar la relación entre el gobierno del país vecino y el sector privado. Por el contrario, la existencia de 10 centros de producción de cemento en Venezuela reflejaba un momento de sana competencia, pues el mercado se lo tendrían que disputar marcas reconocidas como Holcim, Cemex, Lafarge, Argos y una destacada compañía nacional, llamada Cementos Catatumbo.

Hoy en día, ninguna de las multinacionales tiene planta en Venezuela, al igual que Argos, con la excepción de que a esas firmas internacionales sí les pagaron el monto correspondiente cuando se expropian bienes; aunque es preciso recordar que para el caso de Cemex el expresidente de México Felipe Calderón tuvo que interceder para que se hiciera efectivo el pago por la expropiación.

Aunque Cementos Argos no se ha pronunciado oficialmente sobre el monto que le adeudan, analistas internacionales aseguran que la cifra superaría los US$300 millones.

“El Estado expropió y pagó a Holcim, Cemex y Lafarge. Contrario a ello, Argos no ha recibido ni un solo dólar”, indicó una fuente vinculada a la cementera que pidió no ser identificada.

La capacidad que tenía la planta de Cementos Argos en Venezuela era de 1 millón de toneladas de cemento. Según conoció LR, el presupuesto de producción cuando ese bien fue expropiado ascendía a 770.000 toneladas de clinker. Los planes que tenía la empresa colombiana consistían en vender 600.000 toneladas de cemento en el mercado local y exportar a Panamá y Haití alrededor de 300.000 toneladas de clinker.

Agotadas las instancias
La odisea que vive Cementos Argos no es solo por la espera. La compañía ha acudido a todas las instancias judiciales que pueden decidir sobre este tema en Venezuela y muy poco es lo que ha atacado el gobierno del país vecino. De hecho, en 2012, el Tribunal Supremo de Justicia falló a favor de la cementera colombiana y reconoció que la propiedad de esa planta en Trujillo era de Cementos Argos (tras haber comprado Cemento Andino), decisión que ha sido ignorada por parte de las autoridades gubernamentales.

“El caso de Argos es que el gobierno venezolano no nos ha reconocido como legítimos acreedores al expropiarnos de nuestra planta de cemento en Trujillo y, por consiguiente, no nos ha pagado la indemnización que determinan las normas venezolanas. Llevamos ocho largos años alegando nuestros derechos sin que se nos escuche”, indicó la fuente.

Ni siquiera lo ha hecho Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela, lo que hace esta espera aún más compleja, a pesar de que cuando él fue canciller conoció detalladamente el caso.

Ni tribunales internacionales ni un precio fijado
Las manos de los directivos de Cementos Argos están atadas pues están a la espera de la homologación de los fallos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para poder llevar el caso a instancias internacionales. “Todas nuestras actuaciones están ajustadas a las leyes y las normas venezolanas. No hemos recurrido a tribunales internacionales, en espera de las homologaciones del TSJ”, dijo una fuente cercana a Argos. En este proceso también se ha cuestionado a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, representante legal del Estado, pues no ha dado audiencia para fijar un “justiprecio” por los activos cementeros expropiados por el Gobierno.