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La empresa cumplió seis décadas de operación y actualmente genera más de 800 empleos directos y más de 1.000 indirectos
Una de las compañías más tradicionales en el mercado es Comestibles Ricos, un nombre que seguro cree no reconocer, pero eso cambia cuando se mencionan las marcas Super Ricas y Todo Rico. Con seis décadas de operación, 811 empleos directos y 1.000 indirectos, mañana será reconocida como una de las empresas que fomenta la producción.
A las 8:00 a.m., el presidente de la República, Iván Duque; en compañía de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, estarán en la fábrica de la compañía en Fontibón (Bogotá) para entregar el Mérito Industrial, en la jerarquía Gran Oficial.
Esta distinción se entrega según el decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 571 de mayo de 2021 que creó esta orden “en reconocimiento a los actos notables en el fomento de la industria nacional y prestación de servicios eminentes en su desarrollo”.
Esta compañía es 100% colombiana y se especializa en la producción y comercialización de pasabocas, elaborados con productos tradicionales del agro como papa, plátano, yuca y chicharrón como materia prima. Fue fundada en 1961 por Carlos Eduardo Silva, administrador de empresas. Trabaja con cerca de 500 proveedores de la industria y el agro, especialmente del departamento de Boyacá, a quienes les compra aproximadamente 35.000 toneladas de materia prima al año.
“Para nosotros es un honor muy grande recibir semejante distinción, reconocimiento y homenaje a nuestro fundador por todo el tiempo, entrega, y sacrificio que dedicó a esta empresa”, dijo Amanda Silva, directora general de Comestibles Ricos.
El proceso tendrá tres fases, en las que se dará la escisión de los títulos que cada uno de los conglomerados tenían de forma cruzada; finalizará un enroque de 46 años de historia
El órgano rector de la empresa está compuesto por nueve miembros: dos son no independientes y siete son independientes; el consejo de estado pidió pruebas de la elección
La multa asciende hasta $554,4 millones por la vulneración de derechos como falta de información clara y ausencia de advertencias
