Con Camacero, importadores buscan hacerle frente a las salvaguardias provisionales

Si bien desde el año pasado el sector siderúrgico ha venido sufriendo un quiebre por el enfrentamiento entre importadores y productores locales, el panorama vuelve a complicarse tras la creación de la Cámara Colombiana del Acero (Camacero), formada por fuera de la Andi.

De acuerdo con información de la nueva agremiación, Camacero se creó “por la necesidad de defender a un grupo de empresas que se dedican a producir, transformar, transportar, y construir con acero, que se están viendo afectadas por las medidas de salvaguardia que quiere imponer el Gobierno Nacional”. Este decreto, según el gremio, desencadenó una subida súbita de 15% en el precio del acero, materia prima para la construcción de vivienda, infraestructura y productos para el agro.

Por ello, el presidente de Camacero, Edgar Plazas, explicó que el proyecto principal de la agremiación “es crearle valor a nuestro asociado por medio de la generación de productividad a toda la cadena del acero. En este momento todas nuestras fuerzas están dirigidas a defender el libre comercio, y de igual manera, entre nuestros proyectos están, la promoción del uso del acero y proponerle al gobierno la creación del clúster del acero como un insumo estratégico para el desarrollo del país”.

El presidente de Camacero dijo que entre las razones para formar el gremio estuvo “el hecho de que la Andi no se pronunciara respecto al efecto en la cadena de valor de la salvaguardia lo cual afecta a 70% de las empresas del sector. Además la necesidad de tener una cámara independiente por la falta de autonomía de Fedemetal que no tuvo voz para apoyar la causa”.

Entre otras consecuencias de la medida, según el gremio, están que “Colombia tendrá que pagar sobrecostos en la construcción de infraestructura y vivienda del orden de $600.000 millones por año”, informó la asociación, que también comunicó que la salvaguardia pone en riesgo 6.000 empleos directos y 24.000 indirectos. Adicionalmente, Camacero comunicó que el país tiene que importar acero porque la producción nacional llega a 1,5 millones de toneladas anuales, mientras que la demanda es de 3,2 millones.

En la otra esquina del ‘ring’ del sector están empresarios como, Maurice Armitage, presidente de Sidoc, quien señaló que el mercado local no tiene un déficit de dos millones de toneladas, pues en este cálculo se está incluyendo la producción de aceros planos (utilizados para fabricar neveras y estufas), que no se fabrican en el país. Armitage agregó que aunque los importadores afirman que las medidas de salvaguardia tienen el objetivo de salvar de la quiebra a las filiales de Votorantim y Gerdau en el país (Acerías Paz del Río y Gerdau Diaco), lo que se está buscando es proteger a las compañías locales, que tributaron más de $251.000 millones en el año 2012 y generaron más de 7.000 empleos directos en todo el país.

A pesar de los beneficios que se están buscando mediante las salvaguardias, la industria trefiladora ha sido la que más se ha quejado de la medida. Óscar Proaño, director general de Proalco, dijo que “la insuficiencia en la producción local ha hecho que exista una protección negativa para los fabricantes de alambre y otros productos subterminados” y agregó que debido a las afectaciones del arancel han tenido que despedir a 40 personas.

Óscar Ramírez, presidente de G&J, afirmó que la empresa ha disminuido en 10% su fuerza laboral “en busca de más productividad y se nos han caído en dos puntos el margen de ventas”.

Los gremios del sector
Con esta, ya son tres las entidades gremiales que agrupan a las compañías del sector. Aunque Fedemetal y el Comité de Productores de Acero forman parte de la Andi, la segunda se creó en septiembre del año pasado porque Sidoc, Acerías Paz del Río, Sidenal, Gerdau Diaco y Acasa no se sentían representadas en la organización.

La unión permitió que las firmas fortalecieran su bloque y lograran que el Gobierno decretara en octubre las salvaguardias provisionales (arancel de 21,29% a las importaciones de alambrón de acero, un aumento de 21,96% al alambrón corrugado y de 25,6% para las barras de hierro o acero) por 200 días, plazo que correría hasta el 25 de abril.

Plan de inversiones frente a la medida
Una de las críticas frente a las salvaguardias provisionales ha sido que los productores locales deben demostrar que pueden continuar sus operaciones después del desmonte de las medidas. Por esa razón, las compañías tienen que preparar un plan de inversiones que busquen ese objetivo. Para ello, el Comité de Productores de Acero anunció que las compañías que lo integran invertirán US$310 millones hasta 2017 para que la producción llegue a casi dos millones de toneladas de aceros largos, lo que representa 27% de incremento de la capacidad actual.

Las opiniones

Maurice Armitage
Presidente de Sidoc
“Desde que se decretaron las medidas de salvaguardia, los productores hemos notado una mejoría, porque los precios se han recuperado y son internacionales”.

Sergio Mutis Caballero
Presidente Inmobiliario
“En Colombia se producen 1,2 toneladas de acero anuales y en la actividad constructora se necesitan 2 millones de aceros largos. Es un mercado deficitario”.

Santiago Rojas
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
“Esta idea generalizada de que el Gobierno comenzó a imponer salvamentos a la industria, no es así. Solo se han puesto cuando el equipo técnico confirma que amerita”.

Óscar Proaño
Director General de Proalco Bekaert Colombia
“Nos ha afectado completamente la medida, porque subieron el precio del acero en casi 22%, cuando hay una insuficiencia de producción en el país”.