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“Los bolivianos firmarían los contratos esta semana y serían ratificados en la junta de Ciamsa el lunes entrante. Por favor, tengan en cuenta que Carlos estará la próxima semana en el congreso de fertilizantes y Luis Augusto hará la presentación respectiva en junta”, dice un correo remitido el 2 de septiembre de 2008 a Adolfo León Vélez, gerente de Manuelita; Bernardo Quintero, gerente de Riopaila; Gonzalo Aristizábal, gerente de Ingenio Providencia, entre otros. (Vea todos los detalles del cartel de azúcar)
En la misma comunicación se señala que los bolivianos tienen 21.120 toneladas métricas (TM) comprometidas con contratos y anticipos con comerciantes de Colombia, que han importado 18.800 TM, lo que daría 40.000 TM de ingreso al país de azúcar. También, los precios negociados de US$397/TM en Arica o Matarani, Perú, y la negociación de elevar el Precio Promedio Ponderado (PPP) en Buenaventura del azúcar brasileño.
Según el Informe Motivado presentado por Germán Enrique Bacca, superintendente delegado para la Protección de la Competencia, de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tanto Dicsa como Ciamsa programaban reuniones con gremios de otros países de forma coordinada.
El presidente de Ciamsa y el gerente de Dicsa, “de forma conjunta con los ingenios investigados, establecieron un acuerdo para restringir el ingreso y disponibilidades de azúcar para importadores desde Bolivia y adicionalmente elevar el precio interno de Colombia a través del incremento del precio de paridad de importación de Brasil”.
En un correo enviado por Jaramillo, el 26 de diciembre de 2008, a Clemente Carlos Mira, presidente de Ciamsa, dijo “los mayoristas de Cali están desesperados buscando azúcar por todas partes y si nosotros no tomamos la decisión rápido sobre este azúcar, los bolivianos van a sentirse en la libertad de vendérsela a ellos y nosotros tenemos orden de la Junta de comprar lo que sobre en Bolivia y cerrarle la puerta a los importadores”. Y agregó “los mayoristas pueden traer de Brasil, pero les sale más costoso y esos $6.000 de diferencia es lo que queremos ganarnos en el mercado interno”.
En otra comunicación electrónica, del 10 de marzo de 2009, Jaramillo le aseguró a los ingenios, tras una visita a Bolivia, que “... si no existe un compromiso unánime nosotros no vamos en el negocio y que así como ellos habían exportado 60.000 toneladas a Colombia, nosotros pensaríamos traer la misma cantidad para que quedáramos en igualdad de condiciones, cosa que no les gustó mucho, pero habría que mostrarles los dientes”.
Sin duda este caso, que todavía tiene a la expectativa el mercado por la decisión que pueda tomar el superintendente Pablo Felipe Robledo, pone sobre la mesa la labor de los gremios y su regulación.
De acuerdo con Jorge Iván Bula, analista económico, es probable que con estos casos lo que haya que hacer es un mayor control sobre los gremios por parte del Gobierno.
“Los gremios tienen la labor de proteger los intereses de sus asociados, es evidente que deben estar regulados por el Estado, para que haya reglas de juego claras y sean acordes con los propósitos de desarrollo del país, sin infringir las normas de competencia y evitando los carteles”, concluyó.
Las opiniones
Jorge Iván Bula
Analista económico
“El azúcar funciona como un oligopolio y es importante la labor del Estado para que no se concierten precios ni se impida la entrada de nuevos actores”.
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