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Supersociedades sancionó a Indupalma Limitada en liquidación
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Billy Escobar, superintendente de Sociedades, aseguró que la empresa muestra compromiso con la reorganización
La Superintendencia de Sociedades informó que, en seguimiento al proceso de reorganización de Pdvsa Colombia, a la fecha se han garantizado los pagos establecidos en el acuerdo, confirmado por el Juez del Concurso el pasado 15 de abril de 2024, el cual tenía aproximadamente 46% de los pasivos reconocidos dentro del proceso de reorganización, incluyendo intereses, por un valor de $15.163 millones en depósito judicial a órdenes del proceso reorganización.
Asimismo, como mecanismo de constitución de títulos directamente a los excolaboradores, el pasado viernes 24 de mayo de 2024, la empresa le solicitó al Juez del Concurso la entrega de recursos para los acreedores laborales, con el fin de cumplir con el pago de la cuota pactada para el 2 de julio, con la intención de pagarla de manera anticipada.
Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, manifestó que: “Pdvsa demuestra su compromiso en el cumplimiento del acuerdo de reorganización, además confirma que los procesos insolvencia otorgan una herramienta clave para la protección de la empresa, el pago de las acreencias, la protección del crédito y la generación de empleo, propendiendo escenarios que logran soluciones y la reactivación de las empresas aportando a la dinámica económica al país”.
"Seguiremos informando sobre el avance del salvamento de todas las empresas que han establecido acuerdos en los procesos de reorganización con miras a honrar los compromisos que permitan hacer realidad su subsistencia", agregó el funcionario.
El proceso tendrá tres fases, en las que se dará la escisión de los títulos que cada uno de los conglomerados tenían de forma cruzada; finalizará un enroque de 46 años de historia
El órgano rector de la empresa está compuesto por nueve miembros: dos son no independientes y siete son independientes; el consejo de estado pidió pruebas de la elección
La multa asciende hasta $554,4 millones por la vulneración de derechos como falta de información clara y ausencia de advertencias
