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Las entidades habrían desviado recursos como duplicados de carnés, cuentas por pagar a accionistas, anticipos para B&S, entre otros
La Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Zuluaga Pardo, contralor general de la República en funciones, entregó un informe preliminar a conocimiento de la Fiscalía y la Defensoría, que mostró irregularidades en recursos girados por el Estado por más de $9,2 billones, que involucraran a más de 18 EPS.
“Se observaron registros contables que son ajenos a la naturaleza y conceptos de los gastos en salud previstos por la ley.De acuerdo con lo anterior, se evidencia un presunto daño al patrimonio del Estado, en razón a que parte de los recursos de la UPC y de los Presupuestos Máximos fueron destinados a actividades, bienes y servicios distintos a la atención del servicio de salud a sus afiliados”, dice el informe preliminar.
Del análisis hecho por la CGN, se evidenciaron aspectos y situaciones con respecto al uso y la destinación de los recursos por parte de las EPS, “que llamaron la atención, por cuanto se pudo evidenciar la destinación de los mismos a actividades, bienes y servicios tales como duplicados de carnés, cuentas por pagar a accionistas, anticipos para B&S, gastos extraordinarios, multas y sanciones y cancelación de créditos, entre otros”, se lee en la presentación.
El presidente, Gustavo Petro, dijo que “las irregularidades denunciadas por la Contraloría sobre los dineros dados por el estado y hasta por $9 billones entregados en 2020 y 2021, años del covid-19, se establecen en 18 de las 26 EPS actuales”.
Sanitas, que fue intervenida por la Superintendencia de Salud la semana pasada, fue la que más habría usado para otros fines recursos entre 2021 y 2020, por más de $1,08 billones; seguida de Emmsanar ($961.743 millones) y Nueva EPS ($647.747 millones).
"Además de lo mencionado, se observa en los estados financieros cambios en las cifras de algunos costos en la prestación de los servicios y los gastos de administración entre una vigencia y otra", se lee en el informe.
Las entidades involucradas son AIC, Aliansalud, Anaswayu, Asmet Salud, Capresoca, Coosalud,Dasakawi, Ecoopsos, Emssanar, EPM, Famisanar, Mallamas, Nueva EPS, SaludMia, Salud Total, Sanitas, SOS y Sura EPS.
A través de un comunicado, la Contraloría aseguró que el informe se les entregó a las EPS, con el fin que las entidades revisen el contenido, y faciliten respuestas y observaciones sobre los hallazgos presentados.
"Una vez concluya esa etapa de revisión se procederá al cierre y publicación del informe, como lo ordenan las guias de la Contraloria, para que se tomen las medidas correspondientes: ya sean procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otra decision que ordene el procedimiento vigente", expresó el ente de control en la misiva.
A su vez, añaden que en caso que existan motivos para formular delitos por presunto detrimento patrimonial, se realizarán los análisis jurídicos necesarios, con el fin de abrir los procesos de responsabilidad fiscal, tal cuál lo establece la ley.
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