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Carlos Hernán Rodríguez, contralor general (1)
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El presunto saldo rojo también afecta a la generadora Refoenergy y la situación está derivando en interrupciones del servicio
Con base en información suministrada por la Gerencia Departamental de la Contraloría, se conoció que a la Electrificadora del Vichada no se le habría desembolsado el pago correspondiente a los subsidios que cubren la prestación del servicio entre los usuarios beneficiarios.
Tal como lo dio a conocer el ente de control, el presunto saldo rojo también afecta a la generadora Refoenergy y la situación está derivando en interrupciones del servicio.
Con corte a mayo, las electrificadoras en el país todavía registraban un pasivo que oscilaba entre $6,5 billones y $7 billones en sus estados contables, y 70% de esa obligación pendiente fue generada por la llamada opción tarifaria que se aplicó durante la época más dura de la pandemia en 2020.
En ese contexto se estaría presentando el impago de los auxilios que debería garantizar el Gobierno para que la Electrificadora de Vichada atiendo a los consumidores de energía amparados con el auxilio.
El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, solicitó al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, que "de manera urgente haga conocer las acciones que adelanta su despacho para evitar un apagón que afecte a los habitantes de Puerto Carreño, capital del Vichada, dado que están recibiendo un limitado servicio de energía".
En enero de este año, desde el Ministerio de Minas y Energía habían comunicado que se realizó una reunión multilateral en la que estuvo presente el gerente de la mencionada electrificadora, Carlos Alberto García, para buscar alternativas a la situación.
"Reafirmamos que el Ministerio, la Superintendencia de Servicios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG; y el IPSE continuarán trabajando en la implementación de una estrategia que permita ofrecer una solución robusta y de largo plazo a la problemática del suministro de energía en Puerto Carreño", notifico en esa oportunidad el gabinete.
Sin embargo, desde abril pasado, la Contraloría había señalado nuevamente los inconvenientes al Ministerio de Minas y Energía.
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