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Un reciente informe de SER Colombia analizó la situación que tienen las vigentes iniciativas de inversión de energía alternativa, que le prometen dejar al país hasta US$3.400 millones
Por conflictos sociales, ambientales o jurídicos, Colombia tiene en vilo entre US$2.500 y US$3.400 millones en inversiones en proyectos de energía renovable, claves para la transición energética. De no ser solucionados, 24 empresas podrían correr el mismo rumbo de Enel.
Esta semana, esa compañía informó que suspenderá de manera definitiva en La Guajira la construcción del proyecto eólico Windpeshi, luego de que agotaran todas las instancias para resolver los problemas con la comunidad del área de la zona.
“Esta decisión, que no solo nos duele como compañía, sino como ciudadanos que le apuestan con mucha ilusión y responsabilidad a la transición energética, fue tomada luego de realizar rigurosos análisis y estudios de viabilidad, que concluyeron que no es posible para la compañía continuar con la construcción”, afirmó Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power en Colombia y Centroamérica al momento del anuncio.
Según un último informe de SER Colombia, en el país hay alrededor de 80 proyectos de energía renovable no convencional que tienen fecha de entrada para su operación entre 2023 y 2024, los cuales enfrentan desafíos. De ese total de proyectos analizados, 78 corresponden a energía solar (85% de la nueva capacidad) y dos proyectos serán de energía eólica (15% de la capacidad total).
Pero ¿cómo van? El informe dice que 28 de los 80 proyectos analizados, es decir 35%, avanzan sin problema para lograr su puesta en operación en la fecha programada; 14 entrarán en 2023 (189 MW) y los otros 14 en 2024 (176 MW). Estos totalizan una capacidad de generación de 365 MW. Mientras que los otros 52, que serían la mayoría (65%), se encuentran adelantando trámites, varios de ellos con retrasos importantes en su puesta en marcha, recalca SER Colombia.
“Actualmente los proyectos de energías renovables se encuentran con retrasos importantes para su puesta en marcha por cuestiones de trámites, principalmente ambientales, o por procesos con entidades como la Upme, Invias o las Alcaldías. En este sentido, se necesita fortalecimiento institucional para lograr la entrada de estos proyectos y por ende, un gran desafío es lograr un marco de política pública y regulatorio sólido. De los proyectos a nivel nacional que se analizaron en el último informe, 52 proyectos de 80 están parados por los trámites mencionados anteriormente”, dijo Alexandra Hernández Saravia, presidente ejecutiva de SER Colombia.
Y es que las razones detrás de ese 65% que se encuentran sin ejecutarse, tiene que ver con que la mitad de los proyectos con pendientes para su puesta en operación tienen trámites ambientales: 40% ante Corporaciones Autónomas Regionales y 10% ante la Anla, que es la entidad del estado encargada de otorgar las licencias ambientales. Otro tanto, 19 proyectos, están esperando respuesta a diferentes trámites como la Upme, en su mayoría programados para 2023, tal cual lo señaló la directiva.
“Es necesario revisar la reglamentación para poder ampliar la capacidad de tomar decisiones informadas de parte de las comunidades y los inversionistas, más allá de llenar una lista de chequeos”.
“Se necesita fortalecimiento institucional para lograr la entrada de los proyectos con retrasos, por ende, un gran desafío es lograr un marco de política pública y regulatorio sólidos”.
El informe indica que en las Corporaciones, los factores de bloqueos son por aprobación de licencias ambientales o modificaciones en la misma, o por permisos de aprovechamiento forestal y aprobación del plan de compensación. En la Upme, los bloqueos se deben principalmente a solicitudes de cambio de fecha de puesta en operación. “Su relevancia es que sin esta autorización los proyectos pueden perder su conexión y, sin acceso a la red de transmisión, no se comercializa la energía. Se inviabiliza el proyecto”, explican.
Con todo esto, surge la pregunta de si una mayor flexibilización en la reglamentación de los permisos podría aliviar el problema. Frente a esto, Juan Pablo Fernández, experto en temas energéticos, indicó que “flexibilizar la participación ambiental no va a aliviar la resistencia de las comunidades, esa es la lección. Hay que modificar la reglamentación de tal forma que genere más beneficios a comunidades e inversionistas”.
La importancia de que estos 80 proyectos se salven están en los siguientes datos: atender las necesidades de consumo de más de 1,8 millones de personas y la generación de 3.330 MW.
Existen otros factores adicionales que estarían afectando el desarrollo de los 52 proyectos que presentan retrasos. Uno de ellos es la incertidumbre, por anuncios de “intervención a tarifas y otros ajustes de impacto al sector por parte del Gobierno Nacional y cambios en materia institucional, sumado a las adversidades macroeconómicas que afectan la toma de decisiones sobre las inversiones en este sector”, dice el informe de SER Colombia. Otros son una mayor carga fiscal, tasa de cambio, tasa de interés e inflación en medio de proyectos con rentabilidades apretadas. Así como la conflictividad social, especialmente en La Guajira.
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