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En el análisis, los docentes de Economía revelaron qeu el índice de liquidez de la Institución se encuentra por debajo de lo solicitado por entidades del Gobierno
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Profesores de Economía y de la Facultad de Jurisprudencia, emitieron comunicados donde expresaron su preocupación por el estado financiero y laboral de la institución
A través de sus cuentas de X, los docentes Mario Iván Ureña Sánchez, de la facultad de Jurisprudencia, y Darwin Cortés, de la facultad de Economía, de la Universidad del Rosario, manifestaron la postura de algunos profesores de la institución sobre la gestión financiera, despidos injustificados y presuntos conflictos de interés presentados durante la administración de Alejandro Cheyne.
Tras un análisis de la situación financiera y organizacional compartido por 16 economistas de la Universidad, los expertos identificaron un debilitamiento de "las comunidades académicas",además, de considerar que se encontraba "en riesgo el futuro académico de la institución".
Por medio de una carta, los profesores de la facultad de Jurisprudencia, solicitaron a la administración actual una rendición de cuentas, "para que haya un parte efectivo de tranquilidad y confianza en que la gestión financiera ha sido conducida de manera adecuada", además, de que se asuman las responsabilidades que haya lugar.
Así mismo, desde esta Facultad aseguraron que era necesario que "haya esclarecimiento de la verdad y una asunción directa de responsabilidad por parte del rector, ya que su pérdida de legitimidad no le permite liderar el cambio institucional que reclamamos".
El comunicado publicado por los docentes de Economía, por su parte, evaluó el estado de las finanzas de la Institución, concluyendo que podría atravesar un problema de liquidez a mediano y largo plazo.
Dicha conclusión, fue entregada después de analizar la situación financiera de la Universidad desde cuatro índices económicos: el índice de liquidez, índice de endeudamiento, razón de cobertura de intereses y comportamiento de las inversiones.
Frente al índice de liquidez, explicaron que este permite medir "qué tan solvente es la universidad, y es la razón entre los activos corrientes y los pasivos corrientes", añadiendo que las entidades gubernamentales solicitan que el indicador se encuentre por encima de 1,2, lo que "significa que si toca pagar las cuentas el día de hoy por cada peso a pagar cuento con $1,2 para hacerlo", explicaron.
En cuanto a hallazgos, identificaron que desde 2019 este índice se encuentra por debajo de la medida ideal, lo que "significa que si la universidad tuviera que pagar sus pasivos corrientes hoy, no lo podría hacer", pues en 2023, los estados financieros revelaron que el índice estaba en por debajo de 1,0.
El análisis también reveló la capacidad de endeudamiento de la Universidad, que según los estándares de las entidades del Gobierno debe ser menor o igual a 0,70%.
En el caso de la Universidad, como se observa en el gráfico, el índice siempre ha estado por debajo de 0,7, lo que indica que tiene suficiente capacidad de endeudamiento.
El análisis detalla que las obligaciones financieras de la universidad comenzaron en 2022 con un préstamo de $67.000 millones, el cual se incrementó a $120.000 millones en 2023. Según lo explicado por los expertos, la razón de cobertura de intereses, RCI, debería ser mayor o igual a uno para garantizar que la universidad pueda cubrir sus gastos financieros con sus excedentes operacionales.
Sin embargo, de acuerdo con los datos proporcionados en el dictamen de estados financieros del 2023, la universidad solo pudo pagar $13.607 millones en intereses, reconociendo $3.965 millones adicionales para el resto del período, lo que suma un total de $17.572 millones en pagos por concepto de intereses sobre el préstamo mencionado. Es importante destacar que el excedente operacional de la universidad en 2023 fue negativo, alcanzando los $17.209 millones.
Ante esta situación, los expertos han señalado que la RCI resultante es de -0,97, lo que indica que la universidad no solo es incapaz de cubrir los intereses adeudados con la operación de la institución, sino que también necesita 97 centavos adicionales por cada peso para hacerlo. En otras palabras, por cada peso adeudado en intereses, la universidad debería conseguir dos pesos para hacer frente a sus obligaciones financieras.
Los profesores destacaron la importancia de las inversiones en varios tipos de títulos como el "rubro más significativo de los activos de la Universidad". En este sentido, observaron que los estados financieros reflejan una reducción de estas inversiones por parte de la administración actual, destinadas a la adquisición de capital físico.
"Aunque los estados financieros nos muestran las cifras en términos nominales, sin descontar la inflación, consideramos que la mejor manera de verlo es descontándola. Eso nos da una mejor idea de lo que ha pasado con las inversiones de la Universidad. Estas inversiones constituyen la semilla de lo que podría ser el verdadero endowment de la Universidad", aseguraron.
En resumen, tras examinar detenidamente los datos financieros, los especialistas observaron una disminución significativa en las inversiones de la universidad a partir de 2020. Para 2023, estas inversiones oscilaban entre $80.000 millones y $90.000 millones, en comparación con los $180.000 millones registrados en 2020.
Los expertos concluyeron que la administración universitaria descuidó las inversiones existentes, optando por convertirlas en capital físico, como la compra de edificios, y recurriendo a préstamos significativos desde 2022, equivalentes al total de las inversiones en 2023 (un monto de $130.256 millones). Esta estrategia exacerbó el problema de solvencia, ya que la deuda aumentó en lugar de corregirse, lo que llevó a decisiones que impactaron negativamente en el personal de la institución y en otros aspectos de su funcionamiento, con "despidos continuos de personal académico y administrativo y de austeridad hacia abajo en otro tipo de gastos".
Los especialistas advirtieron que, de continuar esta tendencia, la Universidad podría enfrentar dificultades para cubrir el capital de los préstamos solicitados para 2025, convirtiéndose en un problema a largo plazo. Sin embargo, enfatizaron que aún hay margen para corregir el rumbo y evitar consecuencias más graves en el futuro cercano.
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