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Luego de las renuncias masivas, el alcalde de Medellín empezó demostrar su gestión al nombrar a los nuevos integrantes en los órganos directivos
La gerencia de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y su junta directiva experimentaron una ruptura sin precedentes esta semana. La decisión de la empresa y de la Alcaldía de Medellín de demandar a los consorcios y aseguradoras del proyecto Hidroituango fue la gota que rebosó el vaso y motivó la salida masiva, no solo de la junta de la compañía, sino también de la de Ruta N, entidad gestora del ecosistema de innovación de Medellín.
El mandatario de la ciudad, Daniel Quintero Calle inició ayer, en medio de la polémica, una cadena de nombramientos vía Twitter, de quienes serán sus nuevos integrantes, y varios nombres han sorprendido. El primero que anunció Quintero fue Jorge Iván Palacio, abogado y jurista, que fue presidente de la Corte Constitucional y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Además de su experiencia como docente de la Universidad de los Andes. Palacio ha sido miembro de la junta directiva de Hidroituango representando los intereses de EPM, una ficha clave para seguir la línea de defensa de la iniciativa de demandar a los consorcios.
Las otras apuestas de Quintero para el nuevo gobierno corporativo de EPM son dos personas de grupos empresariales sin relación con el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), que había sido una de las principales críticas del alcalde a la junta anterior. Por un lado está la gerente de Publicaciones Semana, el medio del Grupo Gilinski, Sandra Suárez, exfuncionaria del gobierno de Álvaro Uribe, que se desempeñó como ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo entre 2003 y 2006.
Por otro lado, el abogado y doctor en jurisprudencia Alberto Preciado, un hombre clave del Grupo Santo Domingo, quien está en la Junta Directiva de Valorem (la holding del grupo) y ha sido integrante de juntas directivas de Bavaria S.A., Cafam, Cámara de Comercio de Bogotá, Cine Colombia S.A. y Caracol Televisión.
Por el lado de Ruta N renunciaron esta semana ocho miembros. La junta es precedida por Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de Medellín, quien fue ratificado ayer por Quintero, al igual que Darío Amar, vicepresidente Innovación y Tecnología en EPM. También se anunció otro nombre, Juan Carlos Archila, presidente América Móvil, CEO de Claro, y quien ostenta en su hoja de vida cargos como la presidencia de Brightstar Corporation y ser miembro de la junta directiva de la Asociación GSM. Al igual que en EPM, acá también se nota la intención de mover el tablero de la junta anterior, ya que Archila es un reemplazo del nivel y el sector de Marcelo Cataldo, CEO de Tigo, uno de los integrantes fijos de la junta que renunció esta semana.
“Solicitaré revisar el Gobierno Corporativo para ajustarlo a las mejores prácticas internacionales defendiendo siempre los intereses de EPM, con independencia, honestidad y transparencia”.
Críticas al manejo corporativo
Además de la presión por reconformar las dos juntas, también se ha cuestionado el manejo en la dirección de EPM, y más después de la baja en su calificación crediticia por cuenta del incidente. Carlos Enrique Moreno, exgerente de EPM entre 1990 y 1992 envió una carta al gerente de la compañía, Álvaro Guillermo Rendón, con copia al alcalde, expresando su preocupación.
“Mi primera gran sorpresa frente a EPM fue que un tema tan de fondo como un cambio de estatutos no hubiera sido formalmente discutido con la junta directiva”, expresó Moreno, quien también criticó que “a espaldas de la junta directiva” se entró a judicializar los imprevistos en la forma como lo hicieron, y alertó sobre los riesgos que ya se están materializando para la empresa, como la reducción en su calificación de riesgo.
De acuerdo con María Andrea Trujillo Dávila, codirectora del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del Cesa, se debe tener presente el Convenio Marco, en el que se establece que el alcalde se compromete “a respetar y hacer respetar, por parte de los servidores públicos, la autonomía administrativa de la empresa”, y que para ello, enmarca su actuación exclusivamente a través de la junta directiva, como máximo órgano de administración de la entidad.
“Lo anterior parece no estar sucediendo en la actualidad. La junta, en su carta de renuncia, muestra su inconformismo por no ser partícipe de las decisiones trascendentales que han tomado el alcalde Daniel Quintero junto con el gerente Álvaro Rendón, buscando modificar el objeto social de la empresa e instaurando una demanda de grandes proporciones en el marco del proyecto Hidroituango”, aseguró Trujillo, quien hizo un llamado a preservar las buenas prácticas empresariales dentro de la compañía.
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