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En la controversia entre EPM y los consorcios a cargo del proyecto, hay $9,9 billones en juego, cifra que representa un riesgo financiero para las empresas demandadas
Antes de terminar este año, podría producirse una de las decisiones jurídicas más relevantes en el universo empresarial colombiano: se trata del laudo arbitral en el que se definirá si hay -o no- responsabilidad por parte de los consorcios en la contingencia acaecida en el proyecto Hidroituango. De por medio están constructoras como Conconcreto, que hace parte de la base productiva más tradicional en Antioquia.
En agosto de 2020, cuando todavía Daniel Quintero era el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, se interpuso una demanda ante la justicia ordinaria con una pretensión de $9,9 billones por los presuntos daños causados. A pesar de que todos los consorcios tenían objetivos diferentes en la obra, el exalcalde los empaquetó en una misma querella.
En caso de ser hallados responsables, los consorcios Generación Hidroituango, a cargo del diseño; CCCI, responsable de la construcción; e Ingetec-Sedic, encargado de la interventoría, tendrían que desembolsar la mencionada cifra a EPM. No obstante, el monto correspondiente para cada uno no es de conocimiento público.
En enero de 2021, CCCI activó una cláusula en la que se acordaba que, cualquier diferencia en el marco de la contingencia ocurrida en 2018, se resolvería a través del mecanismo de arbitraje, que es más ágil y completamente confidencial.
El arbitraje es un método para la resolución de conflictos en el que las partes en disputa deciden, en lugar de ir a un juez o a un tribunal estatal, someter su caso a un árbitro o a un grupo de árbitros imparciales.
LR conoció que ya se agotaron todas las etapas en este proceso y el laudo podría conocerse para diciembre de este año, mientras que, en la justicia ordinaria, la demanda está en sus primeras etapas procesales.
Al ser el mismo Consorcio CCCI el encargado de llevar la controversia al arbitraje, sus responsables ejecutivos, probablemente, tienen confianza en que no les cae la responsabilidad por la crisis registrada hace seis años.
“Cuando sucedió la contingencia, se venía ejecutando el proyecto y lo llevábamos en 94%. Estábamos ad portas de ponerlo a generar. Ningún túnel de desviación se prevé para que colapse, lo que pasó, sin referirnos a su causa, fue una cosa absolutamente indeseada”, señaló en su momento Santiago García, gerente de CCCI, quien remarcó que no podía hablar más del asunto por causa de la confidencialidad en el arbitraje.
EPM le confirmó a este diario que “se estima que la decisión debe tomarse, a más tardar en enero de 2025” y agregó que “se deberá conocer el laudo para determinar cuáles son las acciones que se deben emprender, con independencia del sentido de la decisión”.
El mercado estará atento al fallo, especialmente porque allí comenzaría a definirse la suerte de Conconcreto, constructora con más de 5.000 accionistas y que, en 2022, notificó terminado el Proceso de Negociación de Emergencia de Acuerdo de Reorganización, al que había entrado tras recibir un fallo adverso por $4,3 billones, en primera instancia, por parte de la Contraloría.
De acuerdo con el más reciente reporte sobre sus resultados financieros de la compañía, Conconcreto resaltó que el backlog (proyectos contratados), totalizaba $3,3 billones, mientras que la deuda sumaba $768.574 millones.
EPM realizó, el pasado 19 de septiembre, un acto simbólico para presentar el taponamiento total del túnel de desviación derecho de Hidroituango. Este túnel se destaponó súbitamente el 12 de mayo de 2018 y provocó una contingencia en los municipios aguas abajo del proyecto. John Maya Salazar, gerente general de EPM, destacó que este es un hito histórico para el proyecto. Actualmente, Hidroituango funciona en 50% con cuatro de las ocho turbinas que posee capacidad con la que entrega 1.200 megavatios y surte 7% de la energía consumida en el país.
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