El efecto dominó de la quiebra de Ultra Air sobre los directivos y socios de la aerolínea

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que esta semana presentará una denuncia penal en contra de todos los directivos de Ultra Air, incluyendo al representante legal, la Junta Directiva y socios por el delito de estafa agravada en masa ante la Fiscalía General de la Nación.

Esto va en sintonía con lo revelado por LR sobre el inicio de una investigación a la Junta Directiva por haber pactado un servicio en un contrato que no se iba a prestar. De hecho, sabiendo que a las 4:00 p.m. del pasado martes 29 de marzo de 2023 se declararían en quiebra, sobre las 8:00 a.m. de ese mismo día, la ‘low cost’ seguía vendiendo tiquetes.

En la lupa del ente acusador estarían Carlos Ríos, en calidad de socio; David Bojanini, presidente de la Junta Directiva; y William Shaw, CEO y presidente de la empresa, entre otros responsables de la presunta estafa de Ultra Air. La empresa, en menos de un año y con solo cinco aviones, vendió más de 300.000 tiquetes a US$80, en promedio, sin la infraestructura necesaria para prestar el servicio.

Entre los dueños de los aviones naranjas se encuentran Carlos Ríos y la familia Sáenz de Autogermana, la familia Lince y otros accionistas extranjeros.

Uno de los primeros en intentar limpiar su imagen fue David Bojanini, quien fue presidente de Sura por cerca de 40 años y al que hoy se le relaciona con la venta de tiquetes con un código promocional a través de la plataforma del Grupo Sura, lanzado 13 días antes de la suspensión de operaciones.

“No he sido inversionista, ni socio de esta empresa. Para más señales, tampoco he tenido honorarios como miembro de Junta Directiva. Acepté la invitación a participar en su Junta con el único deseo de contribuir a la creación de una nueva empresa enfocada en el modelo de bajo costo en la industria de las aerolíneas”, dijo Bojanini en una carta difundida el fin de semana.

En ella también puso de presente el impacto negativo que ha sufrido este mercado a causa de factores como la devaluación del peso colombiano y la abrupta subida del costo de los combustibles. “Como consecuencia de ello se produjo el cese de actividades, pese a esfuerzos por salvar la operación como la búsqueda de nuevos inversionistas y de financiación crediticia para, además, generar la menor afectación posible a los pasajeros”, agregó.

El directivo afirmó que la Junta Directiva sigue buscando diversas alternativas para encontrar vías de reparación o solución. No obstante, el Ministro de Transporte señaló que todos los miembros de la Junta tienen responsabilidad. “Es imposible que un miembro del órgano director, sentado en la Junta, no supiera o dijera que no le informaron sobre la situación de Ultra. Aquí todos tienen responsabilidad por omisión o por acción”, dijo Reyes.

Implicaciones de la denuncia

El ministro de Transporte relacionó el caso de Ultra Air con los modelos de pirámides. Ignacio Osuna, profesor de Inalde Business School explica que, en el caso de Ultra Air, se vendía un servicio de transporte, no una promesa de rentabilidad, por lo que, no podría considerarse que se trataba de un modelo piramidal. “Si hubieran tenido el capital suficiente, probablemente habría sido sostenible. Y es precisamente en esta característica donde yace la corresponsabilidad de los organismos de control. La Superintendencia de Transporte, la Aeronáutica Civil y hasta el Mintransporte conocían, o debían conocer, la difícil situación económica de Ultra Air, ¿por qué permitieron que se llegara a esta situación?”, cuestiona.

Osuna rechazó que los organismos de control no hubieran prevenido el caos que desató la salida de Ultra Air. “Los organismos de control están principalmente para prevenir, no solo para salir a demandar a los responsables de la empresa una vez se ha materializado un riesgo que era evidente hace tiempo”, expresa.

Entre las implicaciones que tendría una demanda por estafa, Alejandro Useche, profesor de economía de la Universidad del Rosario, detalla que la reputación y el buen nombre estaría en vilo y difícilmente la empresa podría salir a flote, aun cuando consiga la inyección de un capital.

“Si se llega a dar el proceso de demanda y se comprueba que incurrió en estafa, su reputación prácticamente se perdería y es difícil que los clientes confíen de nuevo en una empresa después de este escenario a sabiendas que actuó de mala fe. Sería muy difícil que con medidas financieras pudieran sobrellevar esta situación y crisis tan aguda”, enfatizó.

De cara al usuario, Osuna sostiene que, de comprobarse el delito de estafa, estos tendrían que recurrir a los mecanismos y procedimientos de ley. “Una vez el servicio no se preste, como es altamente probable que ocurra, pueden demandar a la empresa y esperar a que la justicia opere. Claramente esta realidad no favorece a los usuarios, pues la posibilidad de recuperar su dinero es mínima y la de recibir el servicio pagado prácticamente nula”, explica.

En medio del caos desatado en el transporte aéreo, el Gobierno Nacional se comprometió en evaluar la reducción del IVA a los tiquetes, que pasó de 5% a 19%, y al combustible, dos de los factores principales a los que se les atribuye la crisis que enfrenta el sector.

De hecho, salió a la luz un borrador del decreto que permitiría al Ministerio de Transporte otorgar subvenciones a aerolíneas para prestar “rutas sociales que resulten asignadas en proceso público”.

Etapas tras la denuncia contra las ‘low cost’

En pocos días se cumplirá un mes desde que el Gobierno interpuso una denuncia penal en contra de los directivos de Viva Air. Hasta el momento la Fiscalía General no se ha pronunciado sobre el tema, pero se espera que hoy, el ente investigador ofrezca más información sobre el caso de la aerolínea de bajo costo que suspendió su operación el pasado 27 de febrero. Diego Márquez, director de MQA Abogados, explica que lo que sigue en el proceso tras la denuncia, es la investigación de la Fiscalía y, si decide que hay mérito, la presentación del caso ante un juez.