“El GEA no tiene nada que ver con la Junta Directiva de EPM, estamos en un campo muy especulativo"

Este martes se conoció la renuncia de ocho de los nueve miembros de la Junta Directiva de EPM, en respuesta a las decisiones de la gerencia, apoyadas por la Alcaldía de Medellín, de entablar un proceso de conciliación con los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango por $9,9 billones. En Inside LR, el gerente general de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, explicó la situación actual de la compañía y lo que viene luego de esta ruptura en la Junta.

¿Cuándo se va a elegir la nueva junta directiva de EPM?
El señor alcalde está trabajando en ello. No sé decirles en qué momento, pero sé que él tiene consciencia que debe producirse a la mayor brevedad para dar una señal de tranquilidad a todos los públicos, entonces esa es una noticia esperada y se dará en los próximos días.

¿Hay algún requerimiento de la Superservicios o de la Supersociedades para que exista Junta Directiva?
No soy yo quien los nombra, es el alcalde quien tiene la competencia por cuanto EPM es 100% de Medellín y los estatutos le reconocen y le confieren la facultad para nombrar los ocho miembros de la Junta Directiva. Tres de ellos hacen parte de la liga de usuarios de servicios públicos y cinco son competencia del señor alcalde.

¿Es verdad que la Junta Directiva tenía un vínculo con el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)?
No tengo ese nivel de certeza, pues aquí todos los empresarios nos conocemos y no puedo decir que estos son vínculos, o simplemente una relación de amistad. Sin embargo, estamos en un campo muy especulativo y no tiene nada que ver con la junta de EPM.

Ustedes querellan contra los concesionarios y las aseguradoras por $9,9 billones, ¿este valor podría cambiar, hay un punto medio de conciliación?
Este valor no es cerrado ni es el final, por eso es conciliación. Además, estima lo global de lo que representa el proyecto; sin embargo, eso no quiere decir que se tenga que responder por esa cifra, es lo que vaya diciendo la prueba y se va estimando contra peritos, de tal manera que aquí se pone una cifra, pero puede cambiar.

¿Cuál es el impacto en el cronograma a raíz de esta conciliación, habrá alguna afectación?
No puede haber ninguna afectación porque las partes que están en el desarrollo del proyecto tienen contratos vigentes y las obligaciones se tienen que honrar cumpliéndolas, de tal manera que nosotros apelamos a esa buena fe y por eso estamos llamando a conciliación, no a un debate jurídico.
Tenemos el nivel de certeza que el proyecto no se desacelerará, seguirá su ritmo. Estaremos haciendo una revisión de cronogramas semana a semana para garantizar lo dicho y es que, entraremos a operar con cuatro de las ocho unidades en 2022, y con eso cumpliríamos con todas nuestras obligaciones.

¿En qué va el proceso de la licencia ambiental de Hidroituango?
El tema de la licencia es algo muy importante y es de lo primero que nos preocupamos en el momento de adquirir la administración y es conseguir que, con el apoyo del Presidente de la República, ampliáramos el espectro y nuestro comportamiento para mitigar el máximo riesgo que es disipar la energía que va al cuenco y eso no solamente se disipa generando, pero cuando llegue ese momento, la misma Anla, tendrá que ocuparse para saber si estamos listos para generar. Permitirnos llegar hasta mitigar el último riesgo era nuestro deseo y así lo tenemos hoy, por eso el proyecto tiene ritmo.

¿La decisión de la renuncia de la junta directa genera alguna afectación en el proyecto con Electricaribe?
El tema ya estaba firmado con el Gobierno Nacional, antes de que esto pasara. Nosotros participamos mediante subasta y procedimos a firmar nuestra vinculación al proyecto del Caribe, eso nos entrega 1,5 más de usuarios y nos permite llegar al umbral de comportamiento en el mercado que es de 35%. No se altera para nada porque la Junta ya había dado su aprobación y hoy solamente estamos haciendo un ajuste por el impacto generado por el covid-19.

¿Cómo va el proceso del plan de desinversiones de la empresa?
El plan de desinversiones estaba incluido en el Plan de desarrollo de la ciudad, que dice que podrá eventualmente apelarse a una desinversión, pero aún no ha sido estudiada por las Junta directiva. Entonces, cuando llegue ese momento, seremos realmente la orientación de ese desplazamiento si lo va a haber, pero por ahora en el plan inmediato, no se está contemplado uno en particular.

¿En qué se están usando $1 billón que le están transfiriendo a la ciudad y cómo están compuestas las inversiones de la empresa durante este primer semestre?
El billón de pesos que va por transferencias, el municipio lo gasta para financiar su presupuesto del año y para estimular otras iniciativas que están comprometidas en su Plan de desarrollo. Nosotros internamente estamos defendiendo la sostenibilidad de toda la infraestructura de servicios y es ahí donde esta comprometida la mayor parte de los recursos. Además, hay un plan de inversión que está para 2023, que orienta también los recursos nuestros en la medida de las inversiones, todo esto está debidamente escrito en nuestro plan de trabajo.

¿No teme que esta operación actúe como un bumerán judicial y se le pueda devolver en algún momento?
Cuando uno abre una conciliación, se debe partir de la base que es un proyecto muy exótico y que tiene muchas figuras complejas en lo jurídico. Sin embargo, hay que estudiarlas con todo detenimiento, pues, de no hacerlo, se hubiera dejado completamente expuesta la organización a ningún resarcimiento.
Es nuestro deber velar por los recursos públicos de la organización, que son también los de la ciudad y que dan crecimiento a la misma. Mi papel hoy es salir a la defensa de este patrimonio institucional y, obviamente, poner cada cosa en su lugar dependiendo del nivel de responsabilidad que tenga cada quien.

EL PERFIL
Álvaro Guillermo Rendón es abogado, tiene posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha sido catedrático en la Universidad Pontificia Bolivariana, la Esap, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Sergio Arboleda. También se ha desempeñado como Auditor General de la República, asesor del Oleoducto de Colombia, Secretario General de Findeter, Gerente General de Coomunicipios, Personero Municipal de Envigado, entre otros. Desde este año es gerente general de EPM.