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María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas
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El gremio hizo notar que la abstención del Gobierno para girar los recursos al sistema ha provocado un déficit
El gremio Aliadas hizo un llamado a proteger el sistema de salud colombiano en medio de las intervenciones que anunció el Gobierno a Sanitas y Nueva EPS.
"Colombia se destaca por su sistema de salud reconocido a nivel internacional, mayormente gestionado por entidades privadas, las cuales aseguran una amplia cobertura, eficiencia y calidad en la atención médica. Sin embargo, ignorar los resultados y buscar sepultar este modelo en lugar de reformarlo para corregir sus deficiencias conlleva riesgos significativos, no sólo para la estabilidad institucional, sino también para la salud de millones de colombianos. Estos ciudadanos han tomado decisiones libres e informadas al optar por el sector privado para salvaguardar su bienestar", manifestó la agremiación.
Además, manifestó que "la intervención de EPS Sanitas implica la prestación del servicio por parte del Estado con infraestructuras y recursos privados, de un servicio fundamental para la vida y la seguridad individual y colectiva.Esta medida atenta contra la libertad de elección y la propiedad privada, derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución y pilares de nuestra democracia".
Aliadas enfatizó en que la decisión del Gobierno de abstenerse de transferir los recursos al sistema, a pesar del llamado del poder judicial, ha provocado un déficit que ahora es un factor clave en la justificación de la intervención estatal en la empresa.
"Esto genera una responsabilidad directa tanto hacia la EPS como hacia los pacientes que dependen de sus servicios. Medidas de este tipo fracturan la confianza y aumentan la incertidumbre, generando inestabilidad que no contribuye al progreso de Colombia ni al pleno ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos", subrayó el comunicado.
Y agregó que "desde Aliadas nos sumamos al llamado de nuestros colegas para convocar a toda la sociedad, al poder judicial y a los entes de control a supervisar y auditar los mecanismos utilizados cuando las reformas, como la de salud, no obtienen el respaldo mayoritario ni el consenso popular en las instancias legislativas".
Con las recientes intervenciones, el Estado quedó a cargo de la atención a más de 20 millones de usuarios y ajusta seis entidades sometidas a ese proceso.
La Procuraduría comunicó que iniciará una estricta vigilancia frente a las intervenciones forzosas que inició la Superintendencia Nacional de Salud sobre las EPS Sanitas y Nueva EPS, para garantizar que no se afecte el servicio que estas vienen prestando a sus millones de afiliados.
El Ministerio Público también reveló que, a raíz de una queja disciplinaria presentada por la empresa Keralty, dueña de Sanitas, se estudia la pertinencia de abrir investigación disciplinaria contra el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por presuntas inconsistencias en los argumentos que motivaron la intervención.
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